PJ bonaerense: "Políticas de Vidal son recesivas y socialmente injustas"

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Finalizado el encuentro del Consejo del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires, en el que participaron autoridades partidarias, legisladores nacionales y provinciales e intendentes municipales, el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires ha resuelto plantear al Presidente Macri y a la Gobernadora Vidal que cambien sus políticas porque ya comienzan a generar recesión, caída del crecimiento y del consumo popular, más inflación y más desempleo.

El debate partidario que permitió arribar a estas conclusiones y recomendaciones abordó aspectos tales como los efectos del actual escenario económico internacional sobre la Argentina; el impacto social de las medidas adoptadas por Macri y por Vidal; la situación de los despidos en el Estado y en la actividad privada; el brutal aumento de tarifas; la negociación con los fondos buitres y una reflexión acerca de los riesgos que implicará el inicio de paritarias frente a un gobierno que pretende bajar la capacidad de compra del salario.

Una síntesis del debate que tuvo lugar durante el encuentro es la siguiente:

Argentina en el contexto económico internacional. El crecimiento de China se desacelera. El año pasado registró el menor crecimiento del PBI de los últimos 25 años (6,9%). Esto repercute en menor demanda de comodities y en una fuerte caída de sus precios. En América Latina, también se desacelera el crecimiento económico y ya se registran niveles negativos (decrecimiento). A la vez, aumenta el desempleo.

Brasil, en recesión, registró una caída de casi 4% en su PBI, lo que se duplica especialmente en el sector industrial (caída de 8,1%).

En este contexto, lo que nuestro país requiere son políticas contracíclicas, que eviten -o al menos amortigüen- el impacto del entorno internacional, protegiendo virtuosamente y promoviendo la industria nacional, fortaleciendo el consumo popular y dinamizando la inversión productiva.

Medidas implementadas por el gobierno. Impacto social. En Argentina se va prefigurando un escenario recesivo y nadie duda que en 2016 se registrará un decrecimiento del PBI. Distintos economistas, algunos afines a nuestras ideas y otros que no son precisamente de nuestro Partido, vienen advirtiendo que las medidas económicas adoptadas por el gobierno nacional restringen el poder adquisitivo de las familias.

A ello se suman las altas tasas de interés, la paralización de la obra pública, un aumento significativo de la inflación y retracción del consumo popular, incluso antes de la aplicación del brutal aumento de tarifas eléctricas ya anunciado, al que le seguirá el incremento en las de gas, afectando especialmente a los trabajadores, a los jubilados y al entramado productivo de pequeñas y medianas empresas que emplean a casi 8 de cada 10 trabajadores en nuestro país.

La Alianza Cambiemos, a través de Macri y de Vidal, viene adoptando una serie de medidas que rompen con la secuencia de políticas peronistas que permitieron poner al consumo popular como motor del crecimiento económico y la justicia social, después de la debacle de la Alianza en 2001.

La transferencia de recursos desde los trabajadores, los humildes y los jubilados hacia los sectores más concentrados de la economía ha sido grosera, materializada mediante la combinación de eliminación de retenciones con devaluación.

Está claro que el objetivo primario del gobierno de Macri es consolidar una baja sostenida del salario real en Argentina, bajo la convicción de que el costo laboral no sólo es un problema, sino que es “EL PROBLEMA” económico nacional por excelencia.

Por ese motivo, han decidido que el salario real se use como ancla, por debajo del costo de vida, para abaratar el costo laboral y favorecer la rentabilidad de los grandes capitales, en un esquema de altas tasas de interés y congelamiento del crédito a pequeñas y medianas empresas.

En términos de resultados, ya existe consenso en el sector privado acerca de cuáles serán los efectos de estas políticas durante todo el año 2016: caída del crecimiento, caída del consumo y caída de la inversión, acompañados por un aumento del desempleo y una inflación que se ubicará muy por encima de los pronósticos oficiales.

En verdad, esas políticas de la Alianza Cambiemos comienzan a reflejar cuál es el verdadero poder detrás del gobierno: se consolida una nueva alianza social formada por grandes exportadores, la banca extranjera y grandes empresas de servicios, que viene a desplazar a la coalición formada por los trabajadores, los jubilados y la clase media trabajadora, las pequeñas y medianas empresas e industrias, organizaciones sociales y el sistema de conocimiento científico tecnológico, sectores que vertebraron el sostén social a los gobiernos peronistas de los últimos 14 años.

En términos administrativos, la nueva coalición de poder le va dando forma a un tipo de Estado gerencial neo-oligárquico, que entrega buena parte del proceso de decisiones públicas a la racionalidad tecnocrática de los gerentes y al mercado.

Despidos, Tarifas y Fondos Buitres. Desde que asumió el gobierno de la Alianza Cambiemos se han producido más de 20.000 despidos de trabajadores estatales y se multiplican las cesantías en el sector privado, llegando ya a 10.000 casos especialmente focalizados en los sectores de construcción, metalurgia, gastronomía, indumentaria, prensa, alimentos, cerámica y petróleo, entre los principales.

Este cuadro de situación no es casual; por el contrario, desde el Estado se ofrecen señales de ajuste hacia el sector privado, bajo la convicción de que el desempleo disciplinará a la fuerza de trabajo y facilitará la baja del salario real. Es exactamente lo contrario a lo que pregonó y logró el peronismo en los últimos 14 años: más trabajo, más y mejores empleos y una continuidad de incrementos salarios anuales en términos reales. En síntesis, más justicia social.

En cuanto al anunciado aumento de tarifas eléctricas, el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires advierte que su impacto será devastador para las familias trabajadoras, los jubilados, los más humildes, así como también para las pequeñas y medianas empresas que constituyen el motor del enorme entramado productivo provincial.

Preocupa, además, que los aumentos se hayan decidido sin convocar a una Audiencia Pública, como lo exige la ley; con una visión totalmente tecnocrática y estrictamente apegada al interés empresarial, despreciando o ninguneando el impacto social de aumentos que alcanzarán hasta el 967%, según lo ha informado el propio gobierno. En consecuencia, se trata de una medida recesiva, socialmente injusta y de cuestionable legalidad.

Si además, como lo ha venido anunciando el propio Ministro de Energía de la Nación, este feroz aumento de tarifas seguirá conviviendo con cortes recurrentes del servicio eléctrico, por lo menos durante dos años más, no cabe otra alternativa que advertir acerca del riesgo que ello conlleva en términos de la conflicitividad social que pueda dispararse ante semejante injusticia.

En tal sentido, el Partido Justicialista le advierte al gobierno nacional la imperiosa necesidad de dejar sin efecto el mega aumento de tarifas eléctricas, para encontrar un camino de consenso, razonabilidad y equidad social basado en los siguientes principios:

- Esta actualización de tarifas debe distribuirse gradualmente en el tiempo e ir acompañando la evolución de los salarios e ingresos de las familias. No se puede hacer “de golpe” y sin considerar otras variables sociales.

- La denominada “Tarifa Social” es insuficiente, ya que sólo cubre 150kw por mes. Hay que elevarla a, como mínimo, 300kw mensuales.

- Debe considerarse un régimen especial que exima del aumento a usuarios electrointensivos de familias trabajadoras y humildes, así como a establecimientos educativos, centros de salud, clubes de barrios y, en general, pequeñas instituciones de la comunidad que trabajan por el bien público sin interés por el lucro.

- Debe considerarse un régimen atenuado de actualización para las PyMES (menor incremento o tarifa congelada por un año). En caso contrario, el significativo aumento de los costos de producción implicará más inflación y pérdida de empleos.
En cuanto a los Fondos Buitres, ha trascendido que el gobierno de Macri le está formulando a los bonistas que no ingresaron a los canjes 2005/2010, con o sin sentencia judicial, una propuesta cuyo costo terminaría ascendiendo a U$S 11.600 millones, sumando todos los juicios y/o reclamos. En este sentido, es bueno recordar que el costo de la reestructuración del 92,4% del valor nominal de la deuda defaulteada restante, a través de los canjes 2005/2010, fue de u$s 29.600 millones.
Por lo tanto, el gobierno se está encaminando a un arreglo muy perjudicial para el interés nacional, que además deja sentado el precedente de que haber esperado y litigado contra Argentina resulta beneficioso. En definitiva, se trata de un premio muy grande a la especulación financiera.

Paritarias. Ante el inicio del período de paritarias en distintos sectores, el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires resalta, una vez más, que la recuperación de las Convenciones Colectivas de Trabajo constituye un logro histórico del peronismo, a partir del año 2003, que en todos estos años ha venido contribuyendo el aumento sistemático de la capacidad de compra del salario de los trabajadores.

Por tal motivo, resulta inaceptable que desde el gobierno nacional, sin disimulo y con total desparpajo, se pretenda imponer un techo de entre 20% y 25% a una discusión salarial que debe ser libre y que está asociada a distintas realidades sectoriales y de actividad.

Preocupa sobremanera también, por tratarse de una amenaza sin eufemismos, que desde los máximos niveles del gobierno nacional se haya advertido públicamente que los trabajadores deberán elegir entre recibir un aumento salarial justo o conservar sus puestos de trabajo. Este tipo de expresiones deben ser desterradas, junto con las políticas que les hacen de sustento fáctico.

Las paritarias deben concluir con el mejor resultado posible para productores y trabajadores, garantizando siempre un aumento de la capacidad de compra del salario, verdadero motor del consumo popular y de la justicia social.

Audiencias con el Presidente Macri y la Gobernadora Vidal

El Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires ha definido solicitar sendas audiencias con el Presidente Macri y con la Gobernadora Vidal, sobre la base de una agenda previa cuyos puntos salientes se presentan a continuación:

Agenda para la reunión con el Presidente Macri

a. Tarifas eléctricas. Dejar sin efecto el anunciado aumento. Elaborar un nuevo esquema de actualización razonable, gradual y equitativo, con participación de diversas organizaciones y sectores sociales.

b. Devolución del 15% de Coparticipación para la Provincia de Buenos Aires, dado que de manera discriminatoria y arbitraria se anuló mediante un decreto presidencial ese justo resarcimiento.

c. Reactivación de la obra pública nacional, que está parada en la Provincia de Buenos Aires.

d. Vivienda. Sostener y ampliar el PROCREAR. Activar, también, nuevos programas de viviendas para la Provincia de Buenos Aires, garantizando accesibilidad efectiva a quienes más lo necesitan.

e. Fondo Sojero. Elevar del 30% al 44% el Fondo Solidario Federal para obras debido a las bajas retenciones.

f. Que se cumpla su promesa electoral de eliminar el impuesto a las ganancias para los trabajadores en relación de dependencia.

g. Garantizar la continuidad, ampliación y equitativa asignación de los Programas Sociales nacionales en la Provincia de Buenos Aires.

h. Seguridad. Compromiso real para mejorar la presencia y acción de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval en el conurbano de la Provincia de Buenos Aires. Crear una gendarmería urbana para las grandes ciudades.

i. Banco de Desarrollo. Crear un Banco de Desarrollo orientado a financiar la producción de las PyMES en todo el país, con tasas subsidiadas, importantes plazos de gracia y amplio horizonte de devolución, todo lo cual tendrá un impacto significativo en la actividad económica y en el empleo de la Provincia de Buenos Ares, por ser el corazón productivo de la Argentina.
Crear el fondo de reparación histórica para el conurbano bonaerense y las grandes ciudades del país.
Agenda para la reunión con la Gobernadora Vidal

a. Que la Gobernadora y los intendentes de todas las fuerzas políticas se pongan al frente del reclamo ante el Gobierno Nacional para que la Provincia de Buenos Aires pueda recuperar los niveles de Coparticipación Federal que le corresponden.

b. Seguridad. Garantizar y ampliar el sostenimiento financiero, logístico y operativo de las policías locales. Asegurar que la Nación no desproteja a la Provincia de Buenos Aires en lo que respecta a la presencia y acción de fuerzas federales (Gendarmería, Prefectura).
Crear una agencia especializada en la lucha contra el narcotráfico.

c. Salud. La Provincia debe cumplir efectivamente sus responsabilidades en materia de financiamiento de la red hospitalaria, insumos, medicamentos y atención de la salud. La provincia debe terminar todos los hospitales que están construyendo y en período de su puesta en funcionamiento.

d. Agua Potable y Cloacas. Reimpulsar y financiar obras de saneamiento, agua potable y cloacas, garantizando la cobertura universal en 4 años.

e. Obras Públicas, en general. Debe garantizarse la reactivación y el financiamiento de todas las obras que se estaban ejecutando en la Provincia, poniendo como primera urgencia las vinculadas con Infraestructura Escolar y las de Salud.

f. Programas Sociales. Puesta al día y sostenimiento de todos los programas sociales que estaban vigentes a diciembre de 2015, actualizando su nivel de financiamiento en función de los porcentajes de aumento de la Asignación Universal por Hijo. También se solicita que se requiera al gobierno nacional una ampliación de cupos para el “Argentina Trabaja” debido a la suba de los indicadores de desocupación.

g. Producción. Sostener y financiar la política de instalación de nuevos parques industriales. Reactivación de todas las líneas de créditos a tasas subsidiadas para las pequeñas y medianas empresas. Garantizar que los municipios puedan actuar como “ventanilla” para todos los programas productivos, nacionales y provinciales, dirigidos a las PyMES.

h. Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial información certera sobre la marcha del proceso de emisión de deuda y distribución de fondos a municipios.

Cuidar logros de todos los argentinos y continuar lo que está en marcha

Resulta imprescindible que el gobierno nacional garantice la reactivación de un conjunto de programas y acciones públicas que han beneficiado al conjunto de los argentinos y que, por tal motivo, deben encuadrarse en el marco de las Políticas de Estado, cuya continuidad no debe ser sometida a la discusión de la política pequeña.

En obras públicas exigimos la puesta en marcha del Plan Más Cerca Más Municipio, que tiene 60.000 millones de pesos en obras que fue votado en el presupuesto nacional para los municipios de la provincia de Buenos Aires, con obras de infraestructura de pequeña y mediana escala, cuyo carácter contracíclico prioriza la ocupación intensiva de mano de obra local y que ya ha generado verdaderos avances en salud, conectividad urbana, espacio público, seguridad e infraestructura eléctrica.

También resulta crucial recuperar los programas “Agua más Trabajo” y “Cloacas más Trabajo”, ejecutados conjuntamente entre AySA y los municipios, con la participación de cooperativas de trabajadores zonales, que permiten altos niveles de eficiencia y reducción de costos en la instalación de infraestructura y equipamiento para agua y cloacas. El municipio se constituye en ente ejecutor de la obra e impulsa los proyectos.

En lo que respecta a Viviendas, es imprescindible cuidar el Programa PROCREAR, garantizando y ampliando el cupo de viviendas programadas.

Otras prioridades de infraestructura que deben ser reactivadas y continuadas:

- Obras hídricas urbanas en toda la Provincia y desarrollo de reservorios en la Cuenca Matanza-Riachuelo.
- Continuidad en las obras de construcción de los hospitales que están en marcha.
- Edificios universitarios, de escuelas y jardines.
- Obras de adecuación de la infraestructura ferroviaria, ampliación de líneas y puesta en valor de vías y estaciones.

En Educación, no puede aceptarse la interrupción de los programas de becas y estímulos para estudiantes universitarios y de otros niveles. Se requiere sostener también los programas PROGRESAR y Conectar Igualdad.

Hoy, que la discusión de un justo salario docente forma parte de la prioridad informativa, también es necesario alertar que las clases pueden no iniciarse en fecha si es que no se toman decisiones urgentes para garantizar la infraestructura escolar adecuada.

Deben construirse de manera efectiva nuevas escuelas que ya están programadas y debidamente presupuestadas, así como las aulas universitarias planificadas.

Tanto en el nivel nacional como en el provincial, ha de comprometerse la continuidad y la profundización de toda la inversión en infraestructura y mobiliario para educación inicial, jardín, primaria, secundaria, terciaria y universitaria.

El gobierno de Macri eliminó, por decreto, los convenios entre el Estado Nacional y las Universidades Nacionales Públicas para cooperación, investigación, asistencia técnica, consultorías, investigación de campo y territorial. La medida debe revocarse de inmediato.

En Salud, preocupa la merma en la respuesta y las deficiencias en la cobertura que hoy está registrando el Programa Federal Incluir Salud (ex PROFE), ya que se descuidan y perjudican los abuelos de más de 70 años, las madres con numerosos hijos y las personas con discapacidad. Es decir, se desprotege a los más vulnerables.

Exigimos el pronto reestablecimiento de la cobertura del 100% de los medicamentos para nuestros jubilados por parte del PAMI, ya que hoy en día no pueden acceder al 30% de algunos de los mismos como la insulina.

En cuanto al Programa REMEDIAR, es imprescindible que siga sosteniéndose, ya que venía asegurando la entrega gratuita de medicamentos a 15 millones de personas que antes no habían tenido acceso asegurado a ellos, logrando ampliar la cobertura desde el 40% hasta el 70% en los remedios necesarios para enfrentar las enfermedades crónicas más frecuentes.

También alertamos sobre un eventual desmantelamiento del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, llevado a cabo por el gobierno de Macri a partir del mes de enero pasado.

En materia de infraestructura hospitalaria, es imperante que se asegure la continuidad de obras ya iniciadas para contar con nuevos centros de salud, así como remodelaciones y ampliaciones. En la Provincia de Buenos Aires, la reactivación de las Unidades de Pronta Atención en salud (UPAS) es prioridad absoluta, así como su extensión en múltiples regiones del territorio provincial.

En materia de Seguridad, la administración nacional debe garantizar la recuperación de la presencia y acción de las fuerzas federales (Gendarmería y Prefectura) en las zonas más complejas de la Provincia de Buenos Aires, avanzando con urgencia en la restitución del personal que ha sido derivado a otros destinos por la actual administración.

Se exige a la Provincia de Buenos Aires que cumpla sin dilaciones con el financiamiento correspondiente a las policías locales, así como con la asignación de los recursos humanos, logísticos y operativos para el normal funcionamiento de la policía provincial.

En lo que respecta a Justicia repudiamos la criminalización de la protesta social y exigimos por lo tanto la libertad de la Compañera Milagro Sala.

Debe resaltarse que está pendiente el tratamiento del proyecto de reforma del Código Penal de la Nación y del nuevo Código Procesal Penal de la Nación.

Es imprescindible, además, crear una Agencia Federal de Lucha Contra el Narcotráfico, con un organismo equivalente en la Provincia de Buenos Aires, así como continuar con la creación de más Fiscalías especializadas en la materia, la mejora en la formación y en la cantidad de los fiscales.

La Justicia también debe rendir cuentas. La Corte Suprema de la Nación y la Procuración, cuentan con estadísticas del delito, pero su escasa difusión y conocimiento por parte de la sociedad y de otros poderes del Estado impiden que se constituya en un insumo útil para la toma de decisiones en orden a la prevención, la seguridad, la protección ciudadana y el mejoramiento del propio servicio de justicia.

En Producción, lo que más se hizo desde que gobierna Macri es beneficiar a los grandes capitales. Primero, fueron los grandes exportadores agropecuarios. Ahora, la megaminería de capitales extranjeros.
Se les otorgan más beneficios a los más poderosos y se condena a las PyMES argentinas al congelamiento del crédito productivo y a la apretura importadora.

Deberían recrearse líneas de acceso al financiamiento del estilo “Créditos del Bicentenario”, que han permitido a una gran cantidad de PyMES ejectutar proyectos para mejorar su capacidad productiva, mediante la ampliación de plantas, la modernización tecnológica y la reingeniería de procesos.

Por eso, es menester descongelar todas las líneas de financiamiento blando para PyMEs, como “Fuerza Productiva”, así como elevar los límites de créditos de todas las líneas y los puntos de subsidio de tasa.

En esa dirección, habría que restablecer el mecanismo de obligatoriedad de compra de las aseguradoras de instrumentos PYMES por inciso K en el mercado de capitales, tal como regía hasta hace pocos días. Eso permite potenciar la demanda de cheques y bajar su tasa de descuento.

Frente al aumento de los cortes de energía eléctrica, tanto en cantidad como en duración, el gobierno debe exigir a las empresas concesionarias del servicio público de distribución, que realicen las inversiones en tecnología e infraestructura para la urgente normalización del servicio.

En Desarrollo Social, resulta vital el sostenimiento del programa "Argentina Trabaja" y la continuidad de todos los programas sociales que estuvieron vigentes hasta diciembre de 2015, ahora actualizando su financiamiento en función del parámetro inflacionario o del régimen de actualización de la Asignación Universal por Hijo.

En coordinación con salud, deben priorizarse los programas de recuperación de adictos, junto con la infraestructura y recursos que los centros de atención y rehabilitación demanden.

En materia de política exterior, preocupan las primeras señales que prefiguran el debilitamiento de un paradigma que estuvo orientado a la integración latinoamericana, sustituido por un eventual giro hacia la Alianza del Pacífico, con las riesgosas consecuencias que ello acarrea para la economía, la producción y el trabajo argentino.

En síntesis, hay que resaltar que no se está pidiendo nada nuevo. Se trata, simplemente, de no interrumpir lo bueno que estaba en marcha y terminar lo que ya se había comenzado.

La administración que finalizó el 10 de diciembre de 2015 dejó el país desendeudado, con un Estado saneado, con la Ley de Presupuesto Nacional, la Ley de Emergencia Económica y la Ley de Cheque aprobadas, así como un decreto que devolvía el 15% de fondos coparticipables a las provincias.

Coparticipación Federal

En cuanto a la Coparticipación Federal, hay que reconocer la vocación solidaria con que la Provincia de Buenos Aires ha sobrellevado la discriminación fiscal a la que ha sido sometida desde que se firmó el Convenio Financiero Transitorio de Distribución de Recursos Federales a las Provincias, en marzo de 1986, cuando se perdieron 6,5 puntos porcentuales en la distribución secundaria de los recursos coparticipables.

Esa solidaridad fue puesta a prueba en los momentos aciagos que vivió la Argentina, luego de la crisis de 2001. Hoy, con un país desendeudado, es hora de retribuir esos esfuerzos.
Como ya lo había pensado Néstor Kirchner, la Provincia de Buenos Aires debe recibir la devolución de los niveles de coparticipación perdidos, en el marco de un programa que le reintegre entre 1 y 2 punto por año.

Aceptando y reconociendo la complejidad que supone acordar una nueva Ley de Coparticipación entre veinticuatro jurisdicciones, hay necesidades que merecen no ser postergadas, sobre todo en momentos en que un brutal aumento de tarifas y una inflación acelerada castiga a los sectores más vulnerables.

Mientras tanto, exigimos la inmediata puesta en marcha de un Fondo de Reparación Histórica, tanto para el Conurbano Bonaerense como para los principales conurbanos del país (Rosario, Córdoba, Mendoza, San Miguel de Tucumán, entre otros), para ser aplicado a:

- Atender la deuda social de la población que habita las grandes concentraciones urbanas de las Provincias a través de la realización de obras destinadas a la prestación de servicios básicos.

- Mejorar las condiciones de infraestructura y otorgar los recursos necesarios para disminuir las asimetrías económicas, productivas y sociales.

- Atender los requerimientos derivados de la prestación de los servicios de seguridad ciudadana de las áreas metropolitanas.

En el mismo sentido, exigimos que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires sostenga la política de descentralización de recursos a los municipios, tal como lo hiciera Daniel Scioli, quien incrementó los fondos de coparticipación en 695% para el período 2007-2015.

Enfrentar las políticas de la derecha con una organización política y social multisectorial

El destino de los pueblos no está escrito. Se construye en la historia; así como lo construimos con Perón, con Evita, con Néstor y con Cristina, siempre a favor del Pueblo.

Nuestro compromiso es seguir construyendo un destino común y permanente de justicia social para el pueblo argentino, en general, y para los bonaerenses, en particular.

Para alcanzarlo, vamos a cuidar y defender cada uno de los logros que ya son parte de los nuevos derechos populares. Pero también vamos a exigir más para los más humildes, para los trabajadores, los jubilados, los profesionales y científicos.

Todos ellos han contribuido con su trabajo, su compromiso y sus conocimientos, a sacar a la Argentina del infierno para ponerla en la senda del desarrollo.

En honor a esas mujeres y esos hombres que se pusieron la patria al hombro, en honor al compromiso de vida de nuestros conductores, el camino de la UNIDAD DEL PERONISMO y LA UNIDAD DEL MOVIMIENTO OBRERO. Es el único sendero virtuoso para llegar a lo que nos hemos propuesto en esta etapa de la historia: defender a los más humildes y a los trabajadores.

Tenemos que hacerlo hoy. No podemos esperar, porque vuelven con renovadas caras las mismas amenazas que trajeron malas épocas para las mayorías populares. Son el ajuste, la dictadura del mercado, la falta de trabajo y la pérdida de derechos.

Pero nuestra UNIDAD no alcanza. Tendremos que fortalecer un Frente Político y Social Multisectorial, con las fuerzas políticas del campo nacional y popular, los trabajadores organizados, las organizaciones sociales, los estudiantes, los jubilados, las representaciones de género y todas aquellas fuerzas sociales dispuestas a contener y conducir el conflicto social que se está prefigurando frente a las políticas injustas y antipopulares de esta derecha argentina.