Santiago: despidos masivos en la Secretaría de Agricultura Familiar

Por Nicolás Adet Larcher

En los primeros días de febrero, al mando de la delegación de la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF) de Santiago del Estero, asumía Carlos Cejas Lescano, excandidato a concejal por el PRO, quién se autodefine “de derecha” y pertenece al mundo de los negocios inmobiliarios. Desde su asunción, los técnicos de la Secretaría afirmaban que la situación era “angustiante” ante el nivel de incertidumbre respecto a su futuro por la situación de despidos que enfrentaban otras provincias y por la ausencia de lineamientos de trabajo de parte de las nuevas autoridades.

El Ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, había emprendido en todo el país un plan de desmantelamiento de las delegaciones en cada provincia a pedido del Ministro de Modernización, Andrés Ibarra. El escenario debilitó la subsecretaría de Fortalecimiento Institucional que garantizaba la participación de organizaciones campesinas y agricultores. En 2014, mediante el decreto 1030/14, la SAF creaba bajo su órbita la Subsecretaría de Ejecución de Programas para la Agricultura Familiar y la mencionada Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional y Apoyo a las Organizaciones de la Agricultura Familiar. Este avance, fue reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

En una entrevista a la radio de la Universidad Nacional de la provincia concedida a pocos días de haber asumido, Cejas confirmó lo que se temía: los despidos eran inminentes. La argumentación principal se centraba en un recorte necesario de personal como “un pequeño granito de arena” que iba a contribuir “a que bajemos la inflación de a poco”. Pasadas varias semanas, los trabajadores afirmaban que el número estimado de despidos ascendía a 60 personas de la planta de 140 técnicos que conformaban la delegación, una de las más importantes de todo el país. El 24 de febrero, los trabajadores en asamblea habían decidido adherir al paro nacional convocado por ATE y CTA, mientras se conformaba la modalidad de asamblea permanente para establecer acciones ante la incertidumbre sobre la decisión de parte de las autoridades.

Los despidos fueron efectivos a principios de abril, luego de reuniones mantenidas a nivel nacional entre delegados y funcionarios nacionales. A nivel provincial, Santiago contaba con 140 técnicos con especialización, de los cuales 20 cumplían sus tareas dentro de la delegación y los 120 restantes lo hacían en territorio, distribuidos en zonas rurales donde se asistía a comunidades y productores familiares. Luego de la noticia, mediante una asamblea, los trabajadores determinaron los pasos a seguir.

En las últimas horas, los trabajadores despedidos realizaron una movilización para reclamar la reincorporación y la aparición del delegado local para establecer un canal de diálogo. Con el acompañamiento de organizaciones sociales, políticas, gremios, la diócesis de Santiago a través de la Pastoral Social – Derechos Humanos, y el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), una de las avenidas principales de la ciudad fue ocupada para reforzar el reclamo. Cejas no estaba presente en el edificio y la solicitud de diálogo para la reincorporación inmediata de los trabajadores se dificultaba.

Durante la tarde, los trabajadores despedidos ingresaron al edificio de la Secretaría exigiendo la presencia del delegado, “¡nadie baja compañeros!” era la consigna mientras subían las escaleras. Efectivos de la Policía Federal que se encontraban presentes en el lugar llamaron a Cejas por teléfono y le informaron que el responsable de la situación era él, por lo que debía hacerse presente en el lugar. Custodiado por un cordón policial, Cejas llegó al lugar para poder dialogar con delegados de todas las organizaciones. Reunión que no concluyó con definiciones concretas. “Dijo que para la reincorporación de trabajadores debía consultar a Nación, se desligó de responsabilidades”, dijo una de las trabajadoras a AGENCIA PACO URONDO explicando que la actitud era “contradictoria”.

En un comunicado, firmado por el MOCASE, MOCASE Vía Campesina, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, la Mesa Provincial de Tierra, el Frente Agrario Evita y CTEP, se informó sobre la situación y se exigió la renuncia inmediata del delegado para la elección de uno nuevo “que cuente con el consenso del sector para desarrollar propuestas y políticas que se vienen construyendo desde el sector desde hace años”.

También, las organizaciones denuncian al delegado porque “está implicado directamente en el desalojo, quema de ranchos y tortura de familias de los Pje. Ahiveremos, Consuelo, Departamento Copo y varios conflictos de tierra en otros departamentos”. Según el comunicado, “estos hechos han sido constatados y están denunciados por el propio Comité de Emergencia de la Jefatura de Gabinete de la Provincia, quién hizo una presentación judicial al respecto” por un caso es particular.

“Exigimos la renuncia de quién representa al agronegocio, que no solamente reconoce la quema del rancho de los compañeros, sino que además tuvo el tupé de llamarlos no civilizados” reclamaba Deolinda Carrizo, una de las referentes del MOCASE en la provincia. “Quería que nos vinculemos a un organismo que no nos representa que es el Foro de la Agricultura Familiar”.

Desde AGENCIA PACO URONDO intentamos comunicarnos con el delegado durante el día, sin éxito. En la Secretaría, mientras un grupo de trabajadores se encuentra presente afuera, efectivos policiales están ubicados en el interior, con listados, limitando el acceso solo a aquellos trabajadores que no fueron despedidos.