Fiscal Miguel Palazzani: compromiso y solidaridad

Por Juan Carlos Martínez (*)

Apenas habían transcurrido cinco meses de la aparición de Lumbre cuando ya teníamos encima un juicio penal promovido por Juan Carlos Tierno. O sea, nos demandaba el mismísimo poder. La decisión de llevarnos a los tribunales se originó en dos artículos en los que nos referíamos al enriquecimiento de Tierno como director del Banco de La Pampa y la maniobra que hizo para comprar una fracción del campo de un productor agropecuario endeudado con esa entidad bancaria. A la primera audiencia de conciliación, los tres periodistas de Lumbre fuimos solos porque no teníamos abogado.  

Después conseguimos un profesional que a poco andar nos abandonó porque su mujer, que era empleada judicial, esperaba un ascenso que dependía justamente del nombrado Tierno, por esos días ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad. Defender a periodistas enfrentados con el poder era algo así como tomar con las manos una brasa. Nadie quería quemarse. Y así anduvimos, huérfanos de defensores, hasta que alguien nos tiró como al pasar el nombre de Miguel Palazzani. Ninguno de nosotros lo conocía ni siquiera sabía de su existencia dentro del ejército de abogados existentes en La Pampa. Lo fuimos a ver, le explicamos el caso y en menos de media hora que duró el encuentro Lumbre encontró  defensor. Lo demás es harto conocido: dos juicios impulsados por Tierno -uno penal y otro civil- que terminaron en  la Corte Suprema de Justicia de la Nación con dos contrastes para el demandante. Y algo más: el fallo en el juicio penal marcó un hito en favor de la libertad de expresión. Por primera vez se aplicaba en La Pampa (la segunda en el país después del caso Kimel) jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El alegato de Palazzani fue histórico, tanto como los fundamentos del fallo de la jueza Verónica Fantini.

Fue Palazzani quien nos acompañó en una demanda que nos hizo Carlos Aragonés por haberlo acusado de haber colaborado con la dictadura militar. El juicio no llegó hasta el final porque el delator abandonó el barco antes de que la nave se fuera a pique.

Palazzani también se involucró en la defensa de los intereses de La Pampa por la negativa de Mendoza a compartir con nuestra provincia el curso del río Atuel. Una demanda de su autoría llegó a la Corte Suprema de Justicia y merced a su planteo el más alto organismo judicial del país abrió un nuevo camino para que el diferendo deje de depender de la exclusiva voluntad de Mendoza.

El juicio de la Subzona 14

Miguel era un niño cuando se produjo el golpe del 24 de marzo de 1976. Recién comenzó a entender lo que había ocurrido en la Argentina durante el terrorismo de Estado en su época de estudiante secundario, aunque el ejercicio de la memoria histórica en aquellos tiempos no era tema prioritario en los programas de enseñanza. Tomó mayor conciencia durante su carrera de abogacía en La Plata pero cuando volvió a La Pampa con su título de abogado corrían los tiempos de la impunidad y en el seno de la  sociedad poco y nada se hablaba de los años de plomo. El propio Miguel reconoce y hasta se reprocha no haber despertado antes a la causa de los derechos humanos.

Sin embargo, cuando conoció a Raquel Barabaschi (foto, al finalizar el juicio), una de las víctimas de la represión de la dictadura en La Pampa, abrió su mente y su corazón para defender a una de las mujeres más valientes de esta provincia, sin duda la que motorizó con más decisión y coraje los juicios de la Subzona 14. Y allí estuvo Palazzani como su defensor y querellante junto a otros colegas que, consustanciados con la Memoria, Verdad y Justicia, escribieron una página histórica para La Pampa a través de los brillantes alegatos que permitieron a los jueces dictar sentencias sólidamente fundadas con el testimonio de las víctimas y las garantías que brindan la Constitución Nacional y los tratados internacionales.

Tiempo después, en su carácter de fiscal designado por concurso y con el posterior acuerdo del Senado de la Nación, Palazzani actuó junto a José Nebbia como representante del Estado en las causas abiertas en la ciudad de Bahía Blanca contra militares, policías, civiles y eclesiásticos involucrados en delitos de lesa humanidad.

Por primera vez, después de más de treinta años de impunidad, fueron sentados en el banquillo y luego condenados varios de los responsables de los múltiples delitos de lesa humanidad que se consumaron en Bahía Blanca, una de las ciudades que vivió con mayor intensidad el terrorismo de Estado.

Por primera vez, también, pasó por el banquillo Vicente Massot, uno de los propietarios del diario La Nueva Provincia, eje de la manipulación y el ocultamiento de los crímenes cometidos por la dictadura. Crímenes en los que se incluyen el de los obreros gráficos del propio  diario bahiense Miguel Ángel Loyola y Enrique Heinrich, cuya responsabilidad en ambos hechos involucra directamente a los propietarios de ese medio.

Además, por iniciativa de Palazzani la fiscalía ha planteado, por primera vez, la necesidad de llevar a juicio a los responsables de los crímenes cometidos por la Triple A,  la organización criminal que en Bahía Blanca encabezó el gremialista Rodolfo Fito Ponce, de estrechos vínculos con el delator Carlos Aragonés. 

El derrotero seguido por Palazzani bien merece el capítulo que le dedicamos en este libro, no sólo para contrarrestar las malas artes que han empleado sus detractores para atacarlo sino para hacer justicia con quien, por encima de cualquier otro interés, ha recorrido los caminos del compromiso y la solidaridad.

(*) Periodista y escritor, autor del libro La Pampa nostra, de cuya edición de agosto de 2015 se citan aquí sus páginas 110 a 112.