Lesa humanidad: riesgoso cambio de postura en la Cámara Federal de Bahía Blanca

Por Diego Kenis

Con las firmas de sus subrogantes Jorge Ferro y José Triputti, la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca resolvió esta semana aceptar una recusación contra el juez de primera instancia Alejo Ramos Padilla, pese a que la solicitud de los abogados defensores de los represores Ricardo Gandolfo y Luis Delaico había devenido abstracta con la renuncia que el magistrado recusado presentó un semestre antes.

De este modo, Triputti y Ferro aceptaron los argumentos de las defensas de ambos acusados, uno de ellos ya condenado por otros delitos, y dieron lugar a un peligroso precedente. La resolución del tribunal bahiense –en rigor dos, calcadas entre sí- reviste una gravedad inusitada, por cuanto se incorpora a una colección de similares previas, representa un radical cambio de postura de dos jueces emblemáticos para la jurisdicción, amenaza con la caída de las causas en que resolvió Ramos Padilla antes de su dimisión e instaura riesgosa jurisprudencia en torno a la interpretación que efectúa respecto de la imparcialidad de los magistrados en este tipo de expedientes.

Temor de parcialidad

Al aceptar la recusación, los jueces consideraron justificado el temor de parcialidad alegado por las defensas de los acusados, en base a la actividad previa de Ramos Padilla como abogado querellante por víctimas del terrorismo de Estado y organismos de derechos humanos y las declaraciones públicas en que el recusado expresó su compromiso con las causas, un punto que el Reglamento de Selección de Magistrados no sólo no cuestiona sino que requiere y valoriza en su artículo 41. Lo contrario, por otra parte, daría lugar a un absurdo: como prueba de imparcialidad, se concebiría un juez que dude de la aplicación del Código Penal o los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos, no demuestre adhesión a la penalización de un plan criminal o incurra en el negacionismo de éste.

El texto de las resoluciones es generoso en la enumeración de las actuaciones de Ramos Padilla como abogado querellante en causas de lesa humanidad, aunque tropieza con la dificultad de que todas ellas se produjeron fuera de Bahía Blanca y no involucraron ni a acusados de la jurisdicción, ni a víctimas o magistrados intervinientes en común con los expedientes bahienses. Para solucionar el vacío, Ferro y Triputti subrayan que, en todos los casos, se verificó el mismo plan criminal de violencia estatal. Se trata de una verdad obvia, que no admite contrario: la única opción para ello sería negar la existencia del terrorismo de Estado o aprobar sus acciones. Ramos Padilla, por otra parte, no demostró animosidad o prejuicio hacia todos los acusados de participar en el genocidio. De hecho, en su paso por Bahía Blanca el juez decretó el sobreseimiento y la falta de mérito de varios de los imputados.

Sumado a ello, la argumentación utilizada para aceptar la recusación a Ramos Padilla se vuelve contradictoria con la trayectoria de Ferro y Triputti, que como miembros del Tribunal Oral repitieron en tres ocasiones sus opiniones sobre el plan criminal de la dictadura, pero además condenaron en más de una oportunidad a algunos de los represores sentados en el banquillo. Triputti ocupa asimismo asientos en tres estadios judiciales que deberían controlarse entre sí: su cargo natural es el de juez de primera instancia en Santa Rosa, pero además es subrogante en el Tribunal Oral y en la Cámara Federal, lo que lo ubica cerca de la suma del poder público en la jurisdicción. El camarista marplatense Ferro, por su parte, debió abstenerse de resolver la situación procesal de Vicente Massot hace un bimestre, salvo que el riesgo de prejuicio quede desmentido por lo flagrante de la contradicción del portador: el juez suscribió la resolución por la que se decretó la falta de mérito del director de La Nueva Provincia, acusado en una causa que los propios Ferro y Triputti abrieron en 2012 al concluir el primer juicio bahiense por delitos de lesa humanidad, cuando consideraron probado no sólo el plan criminal como marco general sino el más específico de la participación del diario en operaciones de propaganda negra para sostenerlo.

Un párrafo especial merece el recuento de simpatías despertadas por Ramos Padilla entre referentes de la lucha por los derechos humanos, que Ferro y Triputti apuntan al final de la resolución. Allí consignan que, al ser confirmado por el Consejo de la Magistratura, el juez recibió el respaldo del fiscal Miguel Palazzani, el secretario general de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Eduardo Hidalgo, Estela de Carlotto, el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad Jorge Aguad, los entonces funcionarios Carlos Pisone (sic) y Martín Fresneda, el ex fiscal Hugo Cañón y representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), las Madres de Plaza de Mayo y las regionales de H.I.J.O.S. de Capital Federal, Bahía Blanca, La Plata, Zárate y Campana.

La buena opinión de las personas y organismos mencionados “tiene una cierta idoneidad para empañar la imagen externa que las defensas de los imputados tienen del magistrado designado con relación a los casos a resolver”, concluyen Ferro y Triputti, otrora valorados positivamente por los mismos referentes. Los jueces no explican, sin embargo, cómo podría hacer un magistrado para controlar la imagen que de sí tienen los interesados en las causas o si, en su concepto, sería deseable que en lugar de adhesión despertase rechazo o indiferencia. Entrelíneas sobrevuela la teoría “de los dos demonios” que por estos días actualiza el macrismo con su edición del Nunca Más: el particular concepto de la “imparcialidad” exigible a un magistrado iguala a los victimarios con las víctimas, al colocarlos como grupos equivalentes ante un fiel neutral.  

Los riesgos

La línea argumental suscripta por Ferro y Triputti descarta que la recusación haya devenido abstracta por la renuncia de Ramos Padilla, apuntando que las decisiones que el magistrado tomó en su momento continúan siendo actuales en muchos casos. Esa línea oficia como habilitación de las defensas para presentar pedidos de nulidad en serie, en causas que involucran a militares pero también a civiles como los acusados de haber formado parte de la Triple A bahiense, actualmente detenidos tras cuatro décadas de impunidad de los crímenes de la banda paraestatal.  

“Nos preocupan mucho estas resoluciones, porque habilitan a las defensas a plantear nulidades en todas las causas donde intervino el doctor Ramos Padilla”, indicó al respecto el fiscal Palazzani, que junto a su colega José Nebbia encabeza la Unidad de Derechos Humanos bahiense.

Para Palazzani, con la línea argumentativa de la Cámara Federal “se dispara la discusión de qué modelo de juez queremos para una democracia fuerte”. “Si vamos a proscribir a un juez por haber acompañado a víctimas del terrorismo de Estado y haberlo repudiado, estamos en terrenos discursivos, narrativos y materiales muy peligrosos”, dijo el fiscal a esta AGENCIA.

Cambia, todo cambia

Los de Ferro y Triputti son dos apellidos históricos en la jurisdicción. Ambos jueces llegaron en 2011 desde Mar del Plata y La Pampa para integrar el Tribunal Oral Federal que debía llevar adelante el primer juicio bahiense por crímenes de lesa humanidad y había quedado huérfano por la pertenencia de sus miembros naturales a círculos que también integraban los acusados. En noviembre último Ferro, Triputti y su par Martín Bava concluyeron el tercero de los juicios orales, todos con condenas ejemplares, sin absoluciones y con señalamientos concretos hacia sectores civiles partícipes del genocidio.

Sin embargo, las cosas parecen haber cambiado desde que ambos magistrados asumieron sus asientos subrogantes también en la Cámara Federal, donde en principio aparecieron como un saludable recambio de Néstor Montezanti, ex agente de inteligencia de la dictadura y camarista hasta septiembre último. Un bimestre atrás, Ferro suscribió la resolución por la que se decretó la falta de mérito de Massot en la causa en que se lo acusa, desconociendo los argumentos y pruebas que la fiscalía compendió en más de mil páginas y avalando el fallo del irregular pero veloz subrogante de primera instancia Claudio Pontet, que las leyó y evaluó en cuestión de horas. A comienzos de este mes, la Cámara se las ingenió para exonerar por segunda vez de la planta de empleados judiciales a Álvaro Coleffi, el único juez que había osado poner a Massot en el banquillo para indagarlo por los secuestros y asesinatos de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola y las operaciones de propaganda negra que Ferro y Triputti consideraron probadas ya en 2012. La Nueva Provincia celebró el escarmiento con una página exultante.