CABA: la inversión en educación pública, la más baja en 17 años

Por el Observatorio del Derecho a la Ciudad 

Durante los dos gobiernos de Aníbal Ibarra (2000-2005) y el de Jorge Telerman (2006-2007), el presupuesto destinado a Educación en la Ciudad de Buenos Aires osciló entre el 29 y el 27,5% del total. Desde los inicios de la gestión de Mauricio Macri, el presupuesto para Educación pasó de 27,83% en 2011 a 22,74% en 2016 y caería drásticamente a su punto más bajo para 2017 con un 18,51%, de acuerdo al proyecto de Ley de Presupuesto remitido por el Poder Ejecutivo este año a la Legislatura.

Los subsidios para Educación Privada, que en promedio fueron el 15% del presupuesto educativo entre los años 2000 y 2007, se incrementaron en el periodo de gestión macrista en la Ciudad. Pasaría de ser 1.313 millones en 2012 a casi 5.358 millones para el año 2017.

La inversión en infraestructura escolar pública disminuyó y se subejecutó de 2012 a 2016. Como consecuencia de ello, faltan escuelas públicas, laicas, gratuitas y estatales para miles de niños, niñas y adolescentes.

En los últimos años la problemática de la falta de vacantes se ha agravado, a punto tal que, en respuesta a un pedido de informe de la Legislatura Porteña, el Poder Ejecutivo reconoció que fueron 11.000 las familias afectadas en 2016.

Familias, docentes no agrupados/as, militantes sociales, partidarios y sindicales iniciaron este año la campaña “Que Florezcan Escuelas en esta Primavera” que trata de visualizar espacios ociosos de la Ciudad que podrían convertirse en escuelas si existiera la voluntad política de hacerlo: Venezuela 3269, Chivilcoy 1985, Rosario 638, Besares 4333, La Rioja 660 son algunos de esos espacios.

La falta de escuelas, los problemas de infraestructura y la pretensión de sustituir educación por asistencialismo son problemas que replican en distintos puntos del país.

El Estado Nacional debe hacerse cargo del financiamiento. Rechazamos la atomización presupuestaria por provincias. El presupuesto de educación debe elevarse al 25% del presupuesto nacional o al 10% del PBI y debe incrementarse la inversión en educación pública, estatal y gratuita.

Hasta entonces, la Ciudad debe incrementar su presupuesto a educación al 30%, con quita progresiva de subsidios para escuelas privadas y establecer una política de formación continua, gratuita y obligatoria para todos los y las trabajadores/as de la educación.