Histórico: la familia Massot deja La Nueva Provincia

Por Redacción APU

Fue un rumor anual recurrente y, en el tramo final de 2016, parece haberse convertido en realidad: las informaciones provenientes esta semana de Bahía Blanca indican que la familia Massot Julio se desprendió de La Nueva Provincia después de casi 120 años de propiedad sobre “el diario del sur argentino” fundado en 1898.

Las mismas fuentes indican que el comprador es el empresario bahiense Gustavo Elías, vicepresidente de la Unión Industrial local al que ya se vinculaba con el mundo de los medios de comunicación al sindicárselo como dueño del portal La Brújula y una radio de frecuencia modulada del mismo nombre, cuestionada por haber comenzado sus emisiones al margen de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ya vigente por entonces.

Propietario del Grupo de Servicios Logístico Chenyi, Elías ha sido señalado recurrentemente como socio del sindicalista y dirigente deportivo Hugo Moyano, aunque fuentes consultadas por esta AGENCIA dudaban de que se tratase de una relación comercial sostenida en el tiempo y señalaban como posible un vínculo más sólido con el grupo empresario de Daniel Vila y José Luis Manzano, a través del ex diputado nacional Dámaso Larraburu. “La Brújula nunca tuvo un perfil moyanista”, grafican respecto de la línea editorial, al tiempo que advierten que la figura de Manzano cuaja mejor con una estrategia político empresaria vinculada al manejo de medios de comunicación.

Más allá de las especulaciones sobre el punto, lo cierto es que el traspaso de La Nueva Provincia se cerró en unos siete millones de dólares, una cifra que parece exigua si se tiene en cuenta sólo el valor inmobiliario de su céntrica sede, e incluyó también a la radio de amplitud modulada LU2. Se trata de un dato no menor, si se apunta que el peso específico de la radio era mayor que el del diario, más allá de lo simbólico de éste: mientras La Nueva Provincia había sido reconvertido a La Nueva. en 2013 y degradado a semanario en 2016, la radio continuaba siendo líder en todo el sudoeste bonaerense y parte de Río Negro, La Pampa y Neuquén.

Uno de los hechos que explica esta divergencia de caminos tiene que ver con la historia reciente. Más allá de la crisis común a todos los periódicos impresos, La Nueva Provincia se vio muy afectado por el recambio generacional de lectores, que trajo a nuevas camadas que ya rechazaban sus arcaicos modos y expresiones, y por la connotación sumamente negativa de su nombre, vinculada a los procesos judiciales abiertos contra quienes eran sus directivos en los años del terrorismo de Estado, cuyo accionar el diario defiende hasta hoy en sus páginas.

Cabe en este punto recordar lo ya ampliamente informado por AGENCIA PACO URONDO: la sentencia que en 2012 cerró el primer juicio por delitos de lesa humanidad en la región incluyó entre sus puntos la apertura de una causa judicial contra la cúpula directiva del diario, que en 1976 protagonizó desde sus páginas una “comprobada campaña de desinformación y de propaganda negra, destinada no sólo a imponer la versión de los victimarios, sino principalmente a colaborar en la creación de un estado tal de anomia legal en la sociedad, que permitió el ejercicio brutal de violencia irracional y desatada por parte de la estructura estatal”.

Pocos meses después, los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia solicitaron la detención de Vicente Massot, único superviviente del grupo directivo de entonces, y sumaron a las imputaciones las vinculadas con los secuestros y homicidios de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, delegados sindicales que poco antes de ser asesinados habían encabezado a los trabajadores gráficos del matutino en un prolongado conflicto con la patronal.

A pesar de seguir la misma línea editorial, la radio LU2 fue mucho menos afectada por esa imagen negativa y de hecho Héctor Gay, su principal editorialista por tres décadas, pudo convertirse en octubre de 2015 en el primer intendente macrista de la ciudad y no encontró objetable saludar el pasado aniversario de la Revolución de Mayo con un discurso de la misma matriz, en que habló de “enemigos de adentro y de afuera, que responden a intereses personales o integran grupos perfectamente organizados, que no tienen patria ni bandera pero sí quieren subvertir valores y adueñarse de nuestra juventud”.

El trayecto de preeminencia de ambos medios en la región fue distinto, pero con algunos puntos de contacto: a la mutua alimentación entre ambos debe agregarse la buena relación de sus propietarios con el gobierno dictatorial que en 1980 puso en vigencia la Ley de Radiodifusión y la administración menemista, que nueve años después la empeoró aún más y del que el propio Massot fue secretario de Asuntos Militares hasta que la publicidad de su defensa de la tortura lo llevó a la renuncia. En el plano local, por cercanía o poder de presión, lograron mantener un colosal volumen de pauta oficial por décadas, en cifras desproporcionadas respecto de las asignadas a otros medios de comunicación.

Entre los elementos distintivos entre el diario y la radio cabe destacar que mientras que uno no tuvo por largas décadas más que competencias esporádicas en los quioscos (una fue, a comienzos de los ’70, El Eco, vinculado a la Tendencia peronista), la otra debió enfrentar el florecimiento de las FM y la seria disputa del encendido por parte de dos radios fuertes de AM que hasta 1980 medían sus audiencias palmo a palmo, LU3 y LU7. Ambas dejaron de ser preocupantes para LU2 cuando fueron vaciadas. LU7 durante la dictadura, en 1978. Siempre se sospechó que la familia Massot la había comprado para cerrarla. LU3 cayó en la quiebra y en 1994 se convirtió en una de las primeras empresas recuperadas del país. Sus trabajadores la mantienen al aire hasta hoy, pero sin lograr el nivel de audiencia de antaño.

No obstante, la década kirchnerista no pasó en vano tampoco por Bahía Blanca y, pese a la escasa reconquista de audiencia por parte de medios alternativos, el panorama radiofónico se reestructuró. Actualmente, Bahía Blanca cuenta con cuatro radios de AM. De ellas, una es cooperativa (LU3) y dos son estatales: la filial de Radio Nacional y la Radio de la Universidad Nacional del Sur, que emite en el antiguo sitial de LU7.

Los últimos movimientos de la familia Massot como propietaria de los medios fueron coincidentes para ambos casos: entre La Nueva Provincia y LU2, el grupo empresario despidió este año a una treintena de trabajadores de prensa y locución que sufrieron la pasividad de sus sindicatos, nunca recuperados del quiebre y la sangría de participación que significó la persecución de la última dictadura.

La venta de La Nueva Provincia y LU2 expone, asimismo, un entramado familiar difícil de auscultar pero que ha dejado ver algunos de sus hilos: hijos y nietos no pudieron sostener ni una década la empresa familiar tras el fallecimiento en 2009 de Diana Julio, que la condujo por medio siglo y le imprimió el perfil antipopular y procastrense que la identifica hasta hoy. Vicente Massot, el mayor de sus hijos vivos, mantuvo esa línea editorial e ideológica pero no el volumen del negocio. Y la herencia futura se adivinaba aún más difícil: hace algunos años, los hermanos Massot intentaron probar para la conducción de la empresa a uno de sus herederos, con la conclusión de que no serviría para esas tareas. Era Nicolás Massot, el actual jefe de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados. “Nico”, para algunos compañeros.

Más allá de esas digresiones, lo concreto es que el alejamiento de la familia Massot Julio marca un quiebre en la historia de la ciudad, que el diario acompaña y en gran medida determina desde 1898. Resta ver qué línea editorial imprimirá la nueva conducción en enero, cuando se haga cargo de la empresa. La perspectiva no es la mejor, si se atiende a los antecedentes de La Brújula, un medio de perfil igualmente derechista.

A la nueva administración tocará el aún pendiente cumplimiento de una orden judicial: la que a fines del año pasado emitió el Tribunal que falló en el tercer juicio por delitos de lesa humanidad bahiense, condenando a veintidós represores y dando luz verde al pedido de los fiscales Palazzani y Nebbia para que se ordene a La Nueva Provincia rectificar públicamente y en sus páginas la información impresa en 1976 respecto de las muertes y detenciones de nueve víctimas, a las que dio por arrestadas en procedimientos militares o abatidas en enfrentamientos cuando en verdad habían sido secuestradas, torturadas y, algunas de ellas, asesinadas por sus captores de uniforme.