"Su encierro se está convirtiendo en un dolor de cabeza para Mauricio Macri"

"No sabe dónde nació, se fue de la casa donde creció a los 14 años y es una de las activistas políticas más poderosas de Argentina. Milagro Sala –52 años, 1,50m de estatura, rasgos indígenas– cumple un año en prisión y, a medida que se llevan a cabo las primeras audiencias ante la justicia, su encierro se está convirtiendo en un dolor de cabeza para el presidente argentino, Mauricio Macri", indica en su artículo Daniel Pardo para BBC Mundo desde Buenos Aires.

"Defensores de derechos humanos, Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, entre otros, no solo han pedido la excarcelación de Sala, cuya detención consideran arbitraria. Sino que han comparado su caso con el de Leopoldo López, el opositor preso hace casi tres años en Venezuela y que Macri defiende en cada uno de sus ataques al gobierno de Nicolás Maduro".

"Sala –14 hijos, apodada "la flaca", presa por primera vez a los 22 años– tiene cuatro cargos en su contra, aunque ha llegado a ser imputada por hasta 50 causas. Pero no son los cargos en sí lo que los defensores de derechos humanos disputan, sino el hecho de que la mantengan arrestada mientras se lleva a cabo el proceso judicial", agrega.

"La justicia, sin embargo, y el mismo gobierno de Macri, dicen que liberarla sería un "peligro" para la investigación, puesto que la activista –reconocida por su trato agresivo– podría presionar a los testigos de la causa. Todo esto se da en la provincia de Jujuy, en la frontera con Bolivia, una de las zonas más pobres del país. Durante décadas, la producción agrícola, sobre todo de caña de azúcar, estuvo controlada por grandes propietarios. La tierra la trabajan miles de campesinos de origen indígena".

"Y aunque siempre han gobernado, los partidos tradicionales argentinos han sufrido para construir representatividad, en parte porque los conflictos sindicales han sido más beligerantes que en el resto del país. Que no es poco. Esto permitió la emergencia de diferentes figuras como Sala –aguerridas, vehementes, conflictivas– que construyeron su poder desde la base y en contraposición a los hacendados y el establecimiento", indica Pardo.

"El gobierno de Néstor Kirchner, que llegó a la presidencia en 2003, vio que en estos grupos era más eficiente gestionar el poder del Estado que a través de las gobernaciones en manos de los partidos de siempre. Desde entonces, el movimiento de Sala, la Organización Barrial Túpac Amaru, recibió financiación directa desde el ministerio de Planificación y se convirtió en lo que sus críticos llaman un "Estado paralelo". Casi 100.000 personas están afiliadas a la organización: un 10% de la población de Jujuy. Construyeron más de 8.000 viviendas sociales en una zona llamada Cantri Tupac Amaru, un estilo de chiste sobre los country donde viven los acaudalados en Argentina. Allí hay escuelas, comedores, piscinas, ambulatorios, teatros, fábricas... imágenes del Che Guevara, imágenes de Milagro Sala".

"La creciente influencia de Sala en Jujuy, se lee en un perfil de la revista Anfibia, la enfrentó "al poder provincial porque contaba con el apoyo explícito del gobierno nacional a través de los fondos". Y eso, concluye el reportaje de la periodista Tali Goldman, firmó su orden de arresto", agrega.

En cuanto a las acusaciones, la nota indica que "los críticos de Sala dicen que este "Estado paralelo" es una fuente de corrupción, clientelismo e incluso violaciones a los derechos humanos, pues varios de sus antiguos subalternos han denunciado tratos crueles de parte de la activista. Sala fue arrestada en su casa el 16 de enero de 2016 después de un mes en el que acampó en forma de protesta al frente de la gobernación por unos cambios en el registro de cooperativas que instauró el gobernador Gerardo Morales, que acababa de asumir el poder".

"Morales es el primer gobernador no peronista en Jujuy desde el régimen militar de los años 70. Es, también, un viejo enemigo de Sala, quien en su primera comparecencia le envió un mensaje irónico: "Le pido perdón a Gerardo Morales por ser negra y coya (indígena)". Por las protestas contra Morales –que ella dice no haber organizado– la justicia acusó a Sala de "instigación a cometer delitos" y "tumulto en concurso real", pero luego del arresto se añadieron dos cargos: "acción de amenazas" por supuestos altercados con la policía y "asociación ilícita" en la gestión de recursos del Estado".

"Este último cargo fue denunciado por Morales, quien en su momento detalló: "Las irregularidades encontradas no contemplan solamente un faltante de 29 millones de pesos (casi US$2 millones), sino también obras que no se han hecho, cosas que se pagaron, presiones, cheques, recibos, sellos falsos y un montón de temas que están planteados". El gobierno de Macri respondió atentamente a los llamados a la liberación de Sala, pero insistió en que no depende del mismo su liberación, sino de la justicia jujeña en un Estado federal".

"Pero con el historial de politización de la justicia en Argentina, añadido a que la cúpula del kirchenirmo está enjuiciada o en la cárcel en la actualidad, muchos argentinos dudan que Macri no tenga capacidad de ejercer presión en Jujuy. La tenga o no, Sala se puede convertir en su Leopoldo López ante el mundo", termina.