Educación: volver al 93
Por Darío Martínez*
Entre las direcciones que fueron suprimidas está la Dirección Nacional de Educación de Jóvenes y Adultos, a la que aquí prestaremos un poco más atención. Se trata de una estructura organizacional que atiende y delinea las políticas educativas para aquellos hombres y mujeres, jóvenes y adultos, que no pudieron finalizar sus trayectorias educativas previstas por el Estado nacional. El último antecedente del cierre de la Dirección Nacional de Educación de Adultos ocurrió en 1993, durante el gobierno de Carlos Menem. La política del neoliberalismo, en ese entonces, consistía en presentar a esta problemática como aislada, encapsulada en un régimen especial y desvinculada de las condiciones estructurales que generaba que jóvenes y adultos no pudieran finalizar sus trayectorias educativas formales. Bullrich retorna a 1993 al presentar la disolución de la Dirección Nacional de Educación de Jóvenes y Adultos.
Las investigaciones académicas señalan que, posterior a 1993, lo que efectivamente ocurrió fue el traslado de la problemática del analfabetismo y trayectorias educativas truncas a todas las provincias de la Argentina. Solo que por entonces la educación obligatoria que el Estado debía brindar no estipulaba a un año de preescolar, seis años de educación primaria y seis años de educación secundaria. Tal como lo prevé la actual ley. Así ocurrió en los 90: se direcciona el problema a las provincias y los recursos económicos para enfrentar el “desafío educativo” son escasos, nulos o inexistentes. La desaparición de una estructura federal en la actualidad indica un camino esa línea, provincias desfinanciadas con estructuras sin un lineamiento central para afrontar la complejidad de que todos los hombres y las mujeres de nuestro país puedan acceder al derecho humano de la educación.
Por ley, se estableció el Consejo Federal de Educación (CFE), organismo que reúne a los responsables provinciales para delinear un conjunto de acciones comunes que la totalidad del territorio nacional debía tener para sus políticas educativas. En 2008, se constituyó por resolución del CFE la Mesa Federal de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos. Un año más tarde, en la Resolución N° 87/09, establece: “el sentido de la modalidad establecido por la Ley 26.206 la asocia a la idea de educación a lo largo de toda la vida. Considerada como construcción participativa del conocimiento, entendiendo que esto implica una interconexión dentro de los sistemas formal y no formal para que los jóvenes y adultos puedan desarrollar nuevos aprendizajes, considerando a las instituciones de la modalidad como “centros de educación permanente”.
Esta última afirmación representa, por sí sola, un avance en torno de complejizar la problemática de la educación de jóvenes y adultos. Ya es imposible pensar en el sujeto adulto analfabeto trabajador, como el destinatario de un repertorio de acciones educativas singulares, sino que se trata de analizar las particularidades según las heterogéneas subjetividades. ¿Qué se hará con los jóvenes y las jóvenes que sienten que no se los respeta? ¿Qué ocurrirá con los hombres y las mujeres inmigrantes que trabajan en los cinturones fruti-hortícolas? ¿Con quienes fueron expulsados de sus entornos inmediatos –laborales, familiares, educativos– por expresar una sexualidad diferente y tienen una esperanza de vida de 30 años? La enumeración se puede extender, solo menciono algunos para ejemplificar casos de quienes se encuentran invisibilizados, política y mediáticamente, en las cuestiones de la educación de jóvenes y adultos de la Argentina.
Erradicar la Dirección Nacional de Educación de Jóvenes y Adultos, como otras tantas dependencias, implica el desconocimiento de la ley actual y simplificar las estrategias para el acceso a un derecho humano como es la educación. Eso es volver al 93.
* Becario Conicet
