Nuevas pruebas vuelven a vincular a la brasileña Odebrecht con la familia Macri

Por Juan Cruz Guido y Enrique de la Calle

Desde la AGENCIA PACO URONDO anticipamos la estrecha vinculación que surgía de la investigación conocida como “Operación Lava Jato” y la histórica constructora de la Sociedad Macri (SOCMA): Ingeniería y Construcción Sociedad Anónima (IECSA). Esta semana los colegas Fabio Serapião, Beatriz Bulla e Fausto Macedo publicaron una investigación en el portal O Estadao do Sao Paulo donde revelaron correos electrónicos obtenidos por la Policía Federal de Brasil. Los mismos atestiguaban las gestiones espurias de Odebrecht para obtener la adjudicación del soterramiento del ferrocarril Sarmiento. La información surgió del análisis de la computadora de Mauricio Couri Ribeiro, directivo de Odebrecht para la Argentina. Héctor Javier Sánchez Caballero, actual CEO de IECSA, figura como el nexo para las maniobras. Los mensajes están dirigidos a él y se presentan los costos de la obra de techado del ferrocarril, agregando las siglas DGI como un apartado. Dicha referencia fue señalada por la investigación iniciada por el juez Sergio Moro en Curitiba como un sinónimo de sobornos o coimas. En los correos también se cita a Lourenço Ghella, titular de la constructora italiana Ghella, también parte de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada para la obra.

El soterramiento y el Grupo Macri

Luego de que el dueño de la constructora más grande de Brasil, Marcelo Odebrecht, cayera preso, la empresa comenzó a colaborar estrechamente con la justicia tanto brasilera como estadounidense. En el marco de esa cooperación Odebrecht aceptó “haber pagado coimas en doce países”, incluidos la Argentina. Según lo presentando, en el país se pagaron 35 millones de dólares. El conglomerado de obra pública brasilero tenía intervención en tres proyectos de relevancia en nuestro país. Estos eran una planta potabilizadora de agua en el Paraná de las Palmas, la ampliación de gasoductos en Córdoba y el soterramiento del ferrocarril Sarmiento.

El soterramiento del Sarmiento es el proyecto más ambicioso. La obra fue licitada en varias ocasiones hasta que finalmente ganó una alianza liderada por IESCA de Ángelo Calcaterra, en sociedad estratégica con Ghella, el histórico holding italiano de la construcción que sirvió de pilar para que Ángelo pudiera “comprarle” el alfil de batalla del Grupo SOCMA a su tío Franco Macri, consiguió el financiamiento. Otra vez, todos los caminos conducen a la familia Macri: Calcaterra es primo del actual presidente de la Nación, Mauricio Macri. 

Para ganar la licitación, Odebrecht logró financiamiento a través del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (Bndes), hoy fuertemente salpicado por la investigación iniciada a partir de las irregularidades en la petrolera Petrobras.

Doctrina Laura Alonso

Como es sabido, el comienzo de la obra se vio fuertemente demorado por la complicación en la concreción del supuesto préstamo acordado. Con la llegada de Macri al Gobierno las gestiones se aceleraron: vía decreto, se adjudicó la obra de manera directa a IECSA. El decreto 797/2016 amplió el endeudamiento y permitió girar fondos al consorcio liderado por la empresa del primo hermano de presidente. La misiva publicada en el Boletín Oficial lleva la firma de Gabriela Michetti.

La vicepresidenta siguió la “doctrina Aranguren”, inaugurada por la Oficina Anticorrupción que conduce Laura Alonso. En su momento, la militante del PRO aconsejó al Ministro de Energía, Juan José Aranguren, que en casos que incluyan a Shell (empresa de la cual es accionista) las resoluciones sean firmadas por un secretario de su cartera (como si el segundo del ministerio no siguiera sus lineamientos en política energética). Pasó en el Correo, en el Soterramiento, en Shell y en tantos otros casos: es evidente la confluencia de intereses entre funcionarios de Gobierno y empresas muy vinculadas a ellas.  

Los beneficios a IECSA y Odebrecht no terminaron ahí: en 2016, mientras la obra pública estaba paralizada, el consorcio recibió 45 mil millones de pesos. Pero no todo es gratis en la vida: el grupo brasileño fue uno de los principales aportantes a la campaña presidencial de Cambiemos.

Nada viene de Arribas

El 11 de enero de 2017, el periodista Hugo Alconada Mon publicó en La Nación una contundente investigación iniciada por el Instituto de Defensa Legal de Perú, que sindicaba a Gustavo Arribas, jefe de los servicios macrista, como uno de los nexos locales de Odebrecht. La información provenía de la delación premiada a la que se acogió Leonardo Meirelles, un lobbista del grupo brasileño. Allí confesó haber realizado 4.800 operaciones, entre 2009 y 2014, a lo largo del continente con el fin de pagar sobornos y gestiones espurias. En ese contexto se inscriben las cinco transferencias por 594.518 dólares a Arribas. La operatoria se realizó a través de RFY Import & Export Limited, la empresa fantasma radicada en Hong Kong creada por Meirelles con el objetivo de pagar coimas.

Luego de que la investigación avanzara en la justicia traccionada por un requerimiento del fiscal federal Federico Delgado, Alconada Mon se presentó a declarar ante el juez interviniente Rodolfo Canicoba Corral. Allí el periodista, que fue corrido de la cobertura por el matutino (¿censurado?, aseguró que funcionarios del actual gobierno le comentaron que los giros "podrían haber sido abonados por Odebrecht por tareas de lobby". Ante la indagación del magistrado sobre los nombres de los mismos, el periodista se amparó en el “secreto profesional”. De esta manera, queda asentada la relación que existía entre el ex escribano de SOCMA y la constructora brasilera. Arribas, que vivía en San Pablo mientras se dedicaba a transacciones de jugadores en maniobras financieras vía paraísos fiscales, operó como contacto en la city paulista. Sus vínculos con el presidente se tornaron explícitos cuando el empresario asumió su cargo en la Agencia Federal de Inteligencia, asentando su residencia en el departamento de Barrio Parque que habitaba el presidente hasta su traslado a la Quinta de Olivos.

Teniendo en cuenta los montos consignados por la investigación de la Policía Federal de Brasil (alrededor de 20 millones de dólares), la tarea realizada por Arribas se inscribiría en principio en la mera acción de lobby ya que representa una parte poco significativa en monto total. De todas maneras, la justicia federal debe analizar la sospechosa cronología de los hechos. En el medio de las cinco transferencias (cuatro se realizaron el 25 de Septiembre de 2013 y la última el 27) se concretó la adjudicación del soterramiento. Esa esa la línea que planteó el fiscal en su presentación donde pidió avanzar con una batería de medidas de prueba que incluyó numerosos exhortos internacionales. Fue casi en simultáneo con una conferencia de Mauricio Macri en la que aseguró: "¿Qué puede tener que ver Arribas con el soterramiento?".