Hacia el castigo infinito, por Natalia D´Alessandro

La semana pasada comenzó a tratarse en el Congreso de la Nación, un proyecto del Diputado Radical Diego Mestre, que propone la creación de un Registro de condenados por delitos contra la integridad sexual.

El registro tiene como finalidad, según lo que se desprende de sus propios fundamentos, que cualquier/a vecino/a pueda acceder a los datos contenidos en el registro a fin de "conocer" si alguien que vive en su mismo barrio ha sido condenado por delitos contra la integridad sexual, en los últimos 20 años.

Vale recordar que en año 2013 se sancionó la ley 26.879 que crea el registro de ADN de personas condenadas por los delitos de abuso sexual tipificados en el Código Penal y que autoriza, también, a registrar allí aquellas muestras de ADN obtenidas en la "escena del crimen", en aquellos casos en que no hay autor identificado. Esta información, SOLO puede ser requerida por autoridades judiciales y por el Ministerio Público y SIEMPRE en el marco de una actuación judicial en trámite.

Salvando las objeciones que pueden realizarse al registro de ADN existente - la más sobresaliente es el interrogante sobre qué fiabilidad hay respecto de los datos allí contenidos, teniendo en cuenta el escaso desarrollo técnico en la temática, las irregularidades en los procedimientos policiales y judiciales y la ausencia de control estatal sobre los laboratorios que se encargan de realizar las tareas en esta materia - lo que se propone ahora, es la creación de un Registro de condenados, donde datos como nombre, apellido, fecha de condena, tipo de delito por el que ha sido condenado, fotografía y localización actual, sean de carácter público.

Este proyecto, de aprobarse, implicaría una serie de violaciones a derechos consagrados constitucionalmente, pero principalmente significaría un proyecto contrario al único fundamento legal que tiene el estado para aplicar una pena: la reinserción social del condenado. Es imposible pensar en una reinserción social de quien haya cumplido una condena por delitos contra la integridad sexual, con este tipo de registro en funcionamiento.

Pensemos en que harán los/as vecinos/as con este tipo de información. Se alega que se trata de una manera de prevenir futuros hechos, pero podríamos preguntarnos: ¿La prevención de este tipo de delitos, debe estar en manos de los/as vecinos/as? ¿Qué es lo que se puede prevenir sabiendo que Juan o Pedro han cometido delitos, fueron condenados y ahora, en libertad, viven a 10 cuadras de mi casa? ¿No estaremos fomentando una especie de linchamiento? ¿No estaremos fomentando la violencia que tanto decimos atacar?

Sin lugar a dudas, si queremos pensar en cómo evitar que estos hechos se repitan, o se cometan, primeramente deberíamos comenzar a pensar si es la pena de prisión la solución. Pero, si aún no estamos preparados/as para ese debate, deberíamos comenzar a pensar qué herramientas debe desarrollar el Estado para enfrentar el problema de manera integral y qué controles debería implementar el mismo Estado una vez que la persona condenada recupere su libertad.

¿Pensamos en qué pasa con las personas condenadas por delitos sexuales cuando, aún con estado de inocencia, ingresan a un penal? ¿Tenemos en cuenta las violencias que son reproducidas de manera cruenta en las cárceles? ¿Pensamos en qué elementos se le brindan a una persona condenada para superar, afrontar y procesar el delito del que fue autor? ¿Tenemos en cuenta, siquiera, la cantidad de personas que son condenas en procesos irregulares, la cantidad de "perejiles" presos, la cantidad de gente inocente presa y condenada? ¿Tenemos en cuenta los recursos y la estructura que se designa a la justicia de ejecución penal, encargada de controlar cualquier cuestión vinculada con el cumplimiento de una pena?

Muchas son las preguntas que deberían ser contestadas y resueltas antes de proponer como soluciones "mágicas" ideas que no soportan el menor análisis jurídico y que, debatidas en un año electoral, solo tienen como objetivo atraer votos - con una gran ayuda de los medios hegemónicos de comunicación - a costa de quienes parecen no impórtales a nadie.

Hechos aberrantes y dolorosos, como cada uno de los femicidios cometidos durante todo el mes de abril, pero particularmente los casos de violación seguida de muerte, son utilizados por la clase política para impulsar modificaciones que restringen derechos, que tienen poco de efectividad y mucho de demagogia, pero principalmente que representan una disminución, cada vez más marcada, del estado de derecho que debería ampararnos a todos y todas en un Estado democrático.

¿Qué consecuencias podría traer la creación de este registro? Podríamos pensar desde escraches permanentes, hasta algún tipo de "justicia por mano propia" frente a un episodio concreto en el que se suponga que el condenado está realizando o intentando realizar un nuevo hecho. Una muerte civil. Una pena de muerte en vida.

En tiempos de linchamientos reproducidos una y otra vez en los noticieros, en tiempos de incremento desmedido de la violencia institucional, en tiempos de construcción del otro como el enemigo - con la finalidad de romper toda posibilidad de unión frente a los abusos de un estado excluyente - la creación de un registro público de personas condenadas por delitos contra la integridad sexual, es leña para el fuego de la condena colectiva, perpetua y violenta.  

RELAMPAGOS. Ensayos crónicos en un instante de peligro. Selección y producción de textos: Negra Mala Testa Fotografías: M.A.F.I.A. (Movimiento Argentino de Fotógrafxs Independientes Autoconvocadxs).