Por miedo al escándalo de Odebrecht, el macrismo presiona a Gils Carbó

Por Redacción APU

Faltan diez días para el vencimiento de la fecha límite del acuerdo de confidencialidad de “delación premiada" entre Ministerio Público Fiscal de Brasil y ex CEO del gigante de la construcción carioca, Marcelo Oderbrecht. El 1 de junio el fiscal de la Causa Lava Jato, Deltan Dallagnol, tendrá la posibilidad de difundir información sensible que incluye nombres y apellidos de empresarios y funcionarios implicados en el escándalo de coimas y sobreprecios de Oderbrecht.  Para la Casa Rosada detrás del vencimiento del acuerdo se esconde la “explosión de una bomba de tiempo” que podría "dañar con esquirlas” al entorno del presidente. Los efectos de la proximidad de la fecha de vencimiento llegan al corazón del gobierno de Mauricio Macri. La preocupación se centra en que la información que sera revelada tenga su impacto en los tribunales federales argentinos. 

El presidente teme directamente que los nuevos documentos impacten de lleno sobre su primo, Angelo Calcaterra, titular de IECSA que mantuvo negocios con funcionarios de Odebrecht. La empresa del primo presidencial fue acusada de arreglar coimas en la Argentina con la empresa brasileña. El otro gran complicado es Gustavo Arribas, el Jefe de la AFI. El amigo del presidente  (Macri le alquila su departamento personal)  fue mencionado en dos declaraciones distintas por el arrepentido Leonardo Mereilles, ex lobista de Oderbrecht. El otrora hombre de la empresa constructora afirmó haber pagado “coimas” vía transferencias bancarias a Arribas que ascienden a los 900 mil dólares. Por las primeras declaraciones de Mereilles, Arribas fue imputado y luego sobreseído por la decisión de juez federal Rodolfo Canicoba Corral, sin que se investigara en profundidad. La oposición denunció que la sentencia no fue apelada por el fiscal macrista German Moldes. Pero la última declaración y la insistencia de Mereilles vuelve a complicar Arribas. El gobierno teme a un nuevo efecto “Correo Argentino”. En esa ocasión, el presidente en conferencia de prensa tuvo que reconocer la escandalosa auto condonación de la deuda de la empresa estatal por un monto de 70 mil millones de pesos.  Esta semana, la aliada de Cambiemos, Lilita Carrió, se sumó a las operaciones y salió públicamente a cargar contra Gils Carbó porque entiende que "está protegiendo a Julio De Vido", ex ministro de Planificación kirchnerista. Insólitamente, la diputada defendió a Arribas, a quien había acusado hace sólo unos meses. En la misma línea, se expidió la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, quien dijo que "Meirelles era raro". 

En este contexto, el Gobierno aceleró sus operaciones de “fuego mediático” contra la jefa de los fiscales, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.  Para el Gobierno, es clave “debilitar y presionar” al Ministerio Público Fiscal  que "puede incomodar" a los amigos del presidente con investigaciones. De esta forma, se explica la operación de prensa del domingo 21 de mayo del periodista ultra oficialista Luis Majul acusando a Gils Carbó por la compra de la sede central del organismo y la supuesta relación con un pedido de recursos al Poder Ejecutivo en el 2013. No es casual el “timming” de las operaciones, que llegan a pocos días de que la Justicia Federal argentina tenga acceso a nueva información sensible que afectaría al entorno presidencial. 

Desde el Ministerio Público Fiscal desmintieron estas operaciones de prensa y aclararon que la información es “errónea.” Además, señalaron que “la reestructuración presupuestaria que dio lugar a la adquisición del inmueble está expresamente prevista en la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal” y fue coordinada con el Poder Ejecutivo Nacional.

Según explica el comunicado de la Procuración “no existe vínculo alguno entre las gestiones realizadas institucionalmente con el Poder Ejecutivo Nacional para garantizar las partidas presupuestarias destinadas a la adquisición del inmueble de la calle Perón 667 y las maniobras ilegales que pudieran haber cometido funcionarios vinculados con esa operación, las cuales están siendo investigadas judicial y administrativamente. Cualquier relación entre ambos hechos resulta arbitraria y busca sembrar sospechas sobre el funcionamiento habitual del organismo.”

Asimismo, aclararon que Gils Carbó “se comunicó telefónicamente con la Secretaría General de la Presidencia y con la Secretaría Legal y Técnica. Esos llamados tuvieron lugar entre otros tantos contactos que ella y diversos funcionarios de la Procuración General mantuvieron entre diciembre de 2012 y mayo de 2013 con representantes de la Administración a efectos de asegurar el reconocimiento de los créditos presupuestarios necesarios para la compra del edificio.”