“Más de un cuarto de la población de la CABA vive en situación de emergencia habitacional”

Por Juan Manuel Ciucci - Fotografía: Emergentes

APU: ¿Cómo surge este proyecto de alquileres colectivos?

Corina Rojas: La iniciativa de alquileres colectivos surge de la organización de familias atravesadas por la problemática de la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. Familias que venían viviendo en alquileres informales en inquilinatos u hoteles, que en muchos casos habían pasado por desalojos. Como organización venimos acompañando a familias con esta problemática en los barrios del sur de la Ciudad hace años, y en este proceso identificamos la importancia de soluciones transitorias como lo son los alquileres colectivos, que brindan estabilidad aportando a la calidad de vida de las familias así como a mantener a las familias cohesionadas permite que se fortalezcan procesos de organización por la vivienda definitiva. El proyecto de ley es la expresión de una experiencia que ya viene funcionando desde agosto del 2015, donde tras 2 intentos previos se logró concretar una locación colectiva en la Av San Juan 1266 en el barrio de Constitución, la misma implicó meses de conformación del grupo, búsqueda de un inmueble apto para un grupo de las características que se venía conformando y reuniones con inmobiliarias y propietarios donde compartimos de que se trataba el proyecto para hacerlos parte desde su lugar. Fueron parte de este proceso también, integrantes de la comisión de justicia y paz de la iglesia de Constitución, quienes como institución avalaron el proceso que venían desarrollando los vecinos.

APU: ¿Qué papel cumpliría el Estado de la Ciudad?

CR: La vivienda transitoria aparece como un elemento fundamental y necesario de una política integral de vivienda. En el proceso de organización por el derecho a la vivienda digna nos encontramos con experiencias diversas, familias que se organizan para resistir la expulsión de la Ciudad a la que nos viene acostumbrando el PRO, familias que se organizan en cooperativas de vivienda para acceder a créditos sin intereses para la construcción de la vivienda definitiva, familias todas que podrían acceder a mejores condiciones de vida si experiencias como la de alquileres colectivos fueran impulsadas y apoyadas desde el Estado. En la actualidad existe un programa que debería estar cumpliendo este rol pero no lo hace. El Programa de Vivienda transitoria con funcionamiento en la sede de atención inmediata del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. El mismo está dirigido a cooperativas de vivienda pero plantea como requisito a la cooperativa contar con terreno, elemento que tiene que ver con las respuestas que (no) da el Instituto de Vivienda de la Ciudad.  Es por esto que aun no contamos con el apoyo del Estado. De esta forma, el proyecto de ley de alquileres colectivos que estamos impulsando propone un rol presente del Estado en relación a allanar los impedimentos que impone el mercado inmobiliario para acceder a una locación estable y en condiciones dignas.

APU: ¿Cuáles serían las principales características de la Ley?

CR: La ley apunta a facilitar la locación de inmuebles en el mercado formal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a familias agrupadas en Cooperativas de Vivienda, como una solución transitoria y parte de una política habitacional integral. Estipula por un lado el acceso a una garantía gratuita a través del Banco Ciudad (u otras entidades bancarias con los que el gcba genere convenios), otorga un subsidio para los gastos de depósito de alquiler, y subsidia el costo del alquiler mensual, para que las familias cooperativizadas puedan comenzar a dirigir sus ingresos a la vivienda definitiva. Establece que  la autoridad de aplicación sea el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). Es de resaltarse también que en relación al acceso a la vivienda definitiva el proyecto de ley fija un plazo máximo de 3 años para que el IVC incluya a las familias cooperativizadas en el presupuesto del programa de acceso a la vivienda definitiva en el marco de la Ley 341 colectiva.

Asi mismo, la ley propuesta busca incentivar que los particulares destinen su inmueble a una locación colectiva, y lo hace otorgando un subsidio a los propietarios para ser destinado a mejoras edilicias del inmueble, por un monto correspondiente al 10% del valor del contrato, a cobrarse en 3 cuotas, una por año de contrato. De forma que los propietarios encuentren un beneficio al destinar su propiedad a un fin social como el aquí planteado.

APU: ¿Cómo impacta esta propuesta en las familias que puedan acceder a este tipo de alquiler?

CR: La materialización de experiencias como estas dota de estabilidad a las familias, y esto redunda en mejor calidad de vida, tanto en lo que hace a la salud física como mental, permite que se viva en mejores condiciones, sin hacinamiento, con espacios de uso común que aporten a que se desarrollen las distintas necesidades de cada integrante de cada familia, con normas de convivencia establecidas por los grupos familiares, aportando a dar continuidad a los vínculos de apoyo y solidaridad que las familias generan y constituyen parte fundamental de su vida y necesidades cotidianas. Así mismo, brinda una estabilidad que permite poder avanzar en la organización y gestiones para caminar hacia el objetivo de la vivienda definitiva. Elementos importantes si tenemos en cuenta que hoy en día más de un cuarto de la población de la CABA vive en situación de emergencia habitacional, sin poder siquiera acceder al mercado formal de alquileres, viviendo en asentamientos, hoteles y pensiones precarios.  

APU: En ese sentido, ¿cuál es la situación del alquiler en la Ciudad?

CR: Más de medio millón de personas, 650.000 de los casi 3.000.000 que viven en la Ciudad, sufren la problemática habitacional. Uno de cada seis habitantes  viven en villas, asentamientos, hoteles, pensiones precarias y/o directamente en la calle, sobreviviendo cotidianamente sin el pilar fundamental en torno al cual se despliegan el resto de las necesidades vitales: trabajo, educación, salud, recreación, etc. En los últimos 20 años, las y los afectados por esta problemática aumentaron en un 77,6%. Por otro lado, la posibilidad de la casa propia está cada vez más lejana: un trabajador o trabajadora con sueldo básico, tardaría 67 años de ahorro en poder comprarse una vivienda.  Buenos Aires es la Ciudad más cara de Sudamérica.

A su vez, sumado a quienes viven en condiciones precarias, el 33% de los habitantes de la Ciudad alquila en el mercado formal, con requisitos cada vez más restrictivos (2 meses de comisión, 1 de depósito, 1 de adelanto, aumentos semestrales, garantías familiares y de Capital). Un inquilino/a debe destinar el 36% de su sueldo para alquilar un dos ambientes en Buenos Aires, mientras que en el resto del mundo debe destinar un 18%. En definitiva, la compra de un inmueble en la Ciudad se torna imposible para un alto porcentaje de los habitantes y, sumado a eso, las restricciones para acceder a un alquiler formal son tantas que los ciudadanos deben recurrir a alquileres informales aumentando cada vez más la brecha para obtener una vivienda propia.

APU: ¿Cuál es la situación de estos alquileres informales?
CR: Entre 2001 y 2010, mientras que la población de la CABA no se vio incrementada, la población en las villas creció en un 52%, siendo hoy 275.000 habitantes. Actualmente, 20.000 familias viven en hoteles, pensiones e inquilinatos. El 67,5% de estos hogares se concentra en cuatro comunas de la Ciudad (1, 3, 4 y 5) ubicadas en la zona sudeste. Una vez insertos en el mercado de alquileres informales, los y las vecinas padecen del derecho de admisión y permanencia ejercido de forma arbitraria por los dueños; regenteadores y/o encargados que imponen normas abusivas y ausencia de contrato; inestabilidad en la continuidad del hospedaje; discriminación a familias con hijos e hijas, entre tantas cosas.

Este tipo de lugares encubren en muchos casos locaciones estables bajo la figura de “hospedajes transitorios”. No cumplen con los requisitos de un hotel de pasajeros ni de un contrato de alquiler. Quienes habitan en esos lugares pierden el reconocimiento de inquilinos y todos los derechos y garantías que legítimamente les corresponden como tales. La gran mayoría de quienes  acceden a las piezas de inquilinatos, hoteles familiares  o pensiones  lo hacen a través del pago de un alquiler, lo que supone que no es ese el problema, sino que los requisitos impuestos por el mercado formal excluyen a un sector de la sociedad que no puede cumplir con las exigencias del mismo.

A su vez, 5000 familias son desalojadas por año en la Ciudad. En los últimos 6 años han sido desalojadas alrededor de 30.000 familias, lo que significa más o menos 120.000 personas. Quienes han sido desalojados, en la gran mayoría de los casos además de ir a engrosar las villas, ya no pudieron reinsertarse en la Ciudad, debiendo trasladarse al Gran Buenos Aires.

APU: ¿Con qué apoyos cuenta el proyecto?

CR: Aportaron en su elaboración integrantes de cooperativas de vivienda, vecinos y vecinas en situación de desalojo, organizaciones sociales y asociaciones civiles. Movimiento Proyecto Popular, la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires, La Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Centro de Estudios Regionales y Urbanos, el CeSac 10, ACIJ, Cooperativa de arquitectos TAVA y en su difusión el colectivo de comunicación Emergentes y también ustedes, la Agencia Paco Urondo.