Va a estar bueno endeudarnos: hacia el totalitarismo financiero

Por Cecilia B. Díaz

Recientemente, el gobierno de la alianza Cambiemos anunció la ampliación de créditos personales a los beneficiarios de jubilaciones del haber mínimo y aquellos que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), como una política de protección social a los sectores más vulnerables. Asimismo, significó el paso inaugural del llamado Consejo de Coordinación de la Inclusión Financiera, un área estatal destinada a elaborar estrategias “para el desarrollo de políticas de acceso universal a servicios bancarios y financieros”.

Al respecto, la oposición política no tardó en observar el carácter confiscatorio, a mediano plazo, de esos derechos por parte del sector financiero debido a las altas tasas de interés sobre un público que por sus bajos ingresos destina sus gastos a consumo. Más allá de la gravedad económica de esta medida, en el plano de lo político se trata de una operación discursiva rentable a largo plazo. La estrategia refiere a una disputa por la apropiación de significantes nodales del proyecto nacional y popular como inclusión y universalización, dimensiones de los procesos de democratización que en boca de neoliberales implica un riesgo al totalitarismo financiero.   

Para cualquier ciudadano, la noción de democracia está asociada a los valores de libertad e igualdad, muchas veces en tensión o en correlación, suelen ser los que fundamentan las demandas populares más recurrentes.

Incluso, desde la recuperación democrática en 1983, el reclamo al Estado se centra en la democratización de la sociedad. Con marchas y contramarchas, las conquistas del pueblo son producto de esas luchas por un Estado que lo proteja a partir de su acción democratizadora sobre algún ámbito de lo social o un bien/servicio determinado. Ahora bien, se trata de un proceso que centraliza en el Estado el desenvolvimiento de mecanismos y reconocimientos que implicaba mucho más que votar y que no admite punto final. En efecto, demandar democratización implica el reclamo por igualar derechos en esa amalgama que llamamos ciudadanía, cada día más amplia y contenedora de vastos sectores sociales.

De algún modo, una de las victorias políticas del kirchnerismo fue instalar estos significantes como valores socialmente aceptados. Por eso, nadie podría dudar de la buena intención de estas palabras, pero en este momento donde el país es atendido por sus CEOs, su uso institucional se vuelve profanador.

Si pensamos en algún proceso parcial de democratización, como fue el de la comunicación (fallido, incompleto, etc.), se podría observar que el rol del Estado se concentra en enfrentar el sentido común que sustenta una condición de privilegio para transformar las reglas que impiden una emancipación. En términos del caso, se podría decir: la universalización del acceso a la diversidad, a la participación, al ejercicio de la palabra como modos de ampliación de la ciudadanía. Es decir, el Estado confronta con el sector de privilegio y el bien en disputa se vuelve un derecho.

Ahora bien, en la medida anunciada por el macrismo no hay tal lucha, sino un avance significativo de lo que ya Deleuze denominó “la sociedad del control”, donde el capitalismo financiero subyuga la ciudadanía en pos de un número de tarjeta de crédito y la inclusión se traduce en poder ser endeudado. No es una lucha del Estado por proteger a sus ciudadanos de una instancia de opresión, sino liberar al mercado para condicionar subjetividades a través de los intereses y el acceso al crédito.

La tan aclamada inclusión financiera por la vulnerabilidad de los sectores a los que se dirige puede redundar en un ciclo indefinido de endeudamiento que confisca esos ingresos. De tal forma que aquellos mecanismos redistributivos del Estado de la seguridad social son, justamente, capitales seguros para los bancos y agentes financieros. Y en los ámbitos de negociación, por ejemplo, el jubilado deberá renegociar en soledad con la entidad bancaria, ya no está vinculado con el Estado sino con el mercado que analiza algoritmos e índices de confiabilidad morosa.

Estos cambios alteran la configuración subjetiva porque las acciones se vuelven irresponsables ante el condicionamiento de la deuda, hay una extrema individualización que impide la organización política y por ende, la democracia. El modo de estar en lo público se experimenta en el home banking. La mirada “Black mirror” no resulta un espejismo, sino apenas un adelanto de la deshumanización que provoca el totalitarismo financiero.