El ajuste funciona con represión

Durante el primer semestre de 2017 fueron 39 los conflictos sociales reprimidos por parte de las fuerzas de seguridad. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), "la política represiva no parece concentrarse en un solo sujeto social: la padecieron trabajadores, movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, pueblos originarios, partidos políticos, mujeres, vecinos, estudiantes, entre otros".

Ante las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno de la Alianza Cambiemos, "la represión funciona de esta forma como mecanismo de 'contención' del conflicto, de sofocar los reclamos y como mensaje de futuros reclamos, protestas o voces disidentes", sostiene el informe.

Entre los hechos más destacados se encuentran: represión y tres detenciones en un violeno desalojo de manteros en Once, represión en San Nicolás a un grupo de vecinos desplazados por las inundaciones, represión y detenciones en Río Negro en una movilización de ATE, represión a docentes durante el armado de la escuela itinerante en CABA, detenciones luego de la movilización por el Día Internacional de la Mujer, represión con balas de goma y gases lacrimógenos en una manifestación de organizaciones sociales en las cercanías del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Estos son algunos de las 39 movilizaciones reprimidas alrededor del país.

La judicialización de la protesta es otro de los métodos para sofocar los reclamos. Y esto se demostró una vez más con la represión y detención arbitraria ocurrida luego de la marcha por Santiago Maldonado ocurrida el pasado 1 de septiembre. Según el CEPA esta lógica se inauguró en 2016 con el encarcelamiento de la dirigente social Milagro Sala. 

Mención aparte necesita la persecución y el hostigamiento que reciben los jóvenes de los barrios populares de todo el país, las víctimas del gatillo fácil, los abusos policiales dentro de universidades y escuelas.