Esquel: agentes de inteligencia en la ciudad, pero Maldonado sigue sin aparecer

La causa federal que investiga la desaparición forzada de Santiago Maldonado, desaparecido desde el 1 de agosto en Cushamen, Chubut, continúa sin avances y sin rastros del joven.

La exposición de la Gendarmería en el centro de las acusaciones reflotó una interna entre las fuerzas de seguridad y agencias de inteligencia. En agosto de este año, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia había confirmado el procesamiento sin prisión preventiva a un agente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que violó la ley de inteligencia para espiar a las comunidades originarias mapuches y a referentes sociales. De esta forma, los camaristas habían confirmado el procesamiento ordenado por el juez federal de Esquel, Guido Otranto, que tiene la causa de "desaparición forzada” de Santiago Maldonado a su cargo. Sin embargo, la AFI no es la única dependencia de inteligencia que realiza actividades de espionaje en la provincia.  

En las últimas horas, se conoció la existencia de un supuesto documento de inteligencia perteneciente a la Policía Federal Argentina que vincula directamente a la Gendarmería Nacional con la desaparición forzada de Maldonado. El informe fue incorporado en la causa por la Procuraduría de Violencia Institucional, según confirmó el portal Política Argentina. Además, esta situación se suma a las operaciones de inteligencia que venía realizando la Gendarmería Nacional sobre parte de la comunidad mapuche que había sido calificada de “terrorista” por el jefe de gabinete del ministerio de Seguridad de la Nación, Pablo Noceti. 

La Policía Federal realizará una denuncia penal por el que, según la misma fuerza, es un "falso informe de inteligencia sobre el Caso Maldonado".

La saturación de tareas de inteligencia en la región ya había generado efectos en la Justicia Federal. Según confirmó el sitio fiscales.gob.ar, Otranto había descripto las actividades ilícitas de inteligencia del imputado de la AFI. Otranto describió que el espía de forma ilegal "obtuvo y almacenó información respecto de 26 personas individualizadas por haberse manifestado en diferentes ámbitos en oposición al establecimiento de la actividad minera en la región o en apoyo a las reivindicaciones de pueblos originarios. También, fotografió a miembros del movimiento "No A La Mina" en una reunión 'Casa Abierta' que se realizó en Cholila el día siguiente a que comenzara la ocupación territorial en Leleque", desarrolló el magistrado.