¿Dónde está Daniel Solano?

Por Marcelo Mango * 

A 6 años de su desaparición forzada realizada el 5 de noviembre de 2011, el poder judicial debe dar la respuesta, porque es su responsabilidad buscar un desaparecido y brindar todos los medios para encontrarlo. ¿Es en El Jagüel donde lo arrojaron los criminales que se hicieron dueños de su vida y de su muerte? ¿Quién debe, si no es el Estado, buscar un desaparecido por acción de la fuerza provincial? Ante una desaparición forzada de persona (caratulada así la causa y ratificada por los Superiores del Tribunal provincial y los Supremos de la Corte nacional), ¿No es el poder judicial el que debería extremar todas las medidas con la máxima celeridad para encontrar a Daniel? ¿Acaso no es perverso poner en la familia la obligación de financiar la prueba del delito más grave del que está acusado el Estado provincial desde la recuperación democrática?

La causa estuvo a cargo de la jueza Bosco y del fiscal Flores. Se los apartó por no haber hecho lo suficiente para dar con el paradero de Daniel Solano, y se los acusó de ser cómplices del encubrimiento. La causa cayó en el juez Soto (y el fiscal Bodrato) que ordenó la detención de siete agentes de la fuerza provincial, acusados de ser los autores materiales del crimen. La causa pasó a la jueza Costanzo y luego al juez Vivot. Éste elevó la causa a juicio, pero con calificación de “desaparición forzada de persona” se envió a la Corte nacional, que recién este año la devolvió a la provincia, en un contexto de dilaciones, encubrimientos y pactos de silencio. El fiscal Zornita solicitó al nuevo Juez de Garantías, Gaviña, y este autorizó, que se allane el campo “La Manuela” a fin de extraer el contenido del jagüel. Pero el poder judicial de la provincia no garantiza el pago de los cerca de tres millones de pesos que cuesta obtener la prueba. La Legislatura votó por unanimidad, la comunicación 140/17, solicitando al Estado provincial que garantice los recursos necesarios para llevarla a cabo, para avanzar en el esclarecimiento de los hechos, y para que el padre, Gualberto Solano, que permanece acampando frente al Juzgado Penal de Choele Choel, pueda saber la verdad y llevarse el cuerpo de su hijo para aliviar un poco tanto dolor que se le ha causado.

Hace 140 años indígenas de nuestra región, fueron sometidos a trabajar en los ingenios del norte del país. Cien años después fueron y son indígenas del norte del país, como Daniel, los que vienen a trabajar la fruta y hacer posible la principal actividad económica provincial. La desaparición de Daniel Solano tuvo como objetivo evitar que salga a la luz no sólo la estafa, explotación y represión de los trabajadores que son “contratados” para trabajar en EXPOFRT, sino también para encubrir otro tipo de delitos como es la trata de persona con fines laborales. Pero no se trata sólo de trabajo mal remunerado, trabajo indecente, explotación laboral, trabajo infantil, trabajo esclavo y trata de persona. Se trata además de desaparición forzada de persona como producto de la connivencia entre una empresa multinacional, empresas tercerizadas, sectores de la policía, de trabajo y parte del poder judicial, cómplices de un delito de lesa humanidad. La fruticultura de nuestra provincia no puede estar asentada sobre la desaparición forzada de un trabajador que reclama salario y condiciones dignas. A seis años de la desaparición de Daniel esperamos que se investigue y garantice la obtención de la prueba, se sepa si en el jagüel fue arrojado el cuerpo de un trabajador y se termine con la incertidumbre que la familia padece hace tanto tiempo. El delito de desaparición forzada es permanente, continuo. Si el Poder Judicial, el Estado, no garantiza la investigación sería parte del delito y no de la justicia.

* Legislador rionegrino (Frente Grande-FpV)