Violencia, democracia, raza y clase

Los años setenta, en Argentina, expresaron una forma determinada de comprender la estrategia socialista. La asunción de la premisa de que la guerra civil era la vía para saldar la transición al post-capitalismo, fue la tónica dominante de las militancias políticas revolucionarias (del peronismo y la izquierda tradicional). Por diversas razones, entre ellas la efectividad del aparato represivo, entrenado en la escuela de las Américas panameña, que instruyó a los ejércitos latinoamericanos en las técnicas contra insurgentes desarrolladas en Argelia, la vía militar de llegada al socialismo fue derrotada.

Los resultados de la derrota político-militar fueron contundentes (con derivas francamente perversas).  Gracias a este proceso de derrota, y, además, al desarrollo del capitalismo de vigilancia, en la actualidad, la lucha armada es una vía política para la toma del poder que no está aceptada en nuestro país. Para ser justo, tampoco existen fuerzas sociales mayoritarias (ni minoritarias) dentro del campo popular que asuman aquella hipótesis, ni que la lleven a la práctica. De esta forma, la violencia fue totalmente erradicada no solo del discurso, sino que de la práctica del campo nacional y popular y de las izquierdas locales.

La asunción de la vía pacífica, en los marcos del acuerdo democrático, adquiría todo su sentido, ya que parte del acuerdo de la pacificación nacional lograba poner un límite al accionar genocida. En síntesis: La derecha también se retiraba de la vía violenta y la opción militar.

En Argentina, como correlato de cierto ánimo epocal, la violencia directa quedaba casi totalmente extirpada de la política. Ya no se pensaría el conflicto social a través de enfrentamientos como los que tuvieron lugar en el Siglo XX.

Sin embargo, no es menos oportuno recordar que los cambios estructurales de la historia fueron vehiculizados por la violencia. Recordemos ese meme irónico que decía algo así como: la violencia política no sirve de nada, excepto para terminar con la esclavitud, acabar con la monarquía, superar el régimen feudal, etc.

En tanto y en cuanto la derecha no ejercía la violencia organizada, ni financiaba estructuras políticas que la utilizaran para lograr sus objetivos, la discusión estaba saldada.

Pero: ¿Qué debería ocurrir cuando se descubre que ciertos grupos o sectores sociales se están organizando, vía financiación política, para, por ejemplo, asesinar a una líder popular?

Para pensar la violencia política como resolución de los conflictos sociales o la violencia interviniendo en la política contemporánea, sin duda podemos hablar del intento de asesinato a Cristina, o de la violencia narco desatada en Santa Fe, donde hace meses, en respuesta a las acciones en las cárceles que tomó el gobernador neoliberal de tradición radical, Maximiliano Pullaro, el aparato narco comenzó a asesinar aleatoriamente a civiles.

Si bien no creemos en un planteo que busque retornar a etapas de violencia política, sí creemos necesario analizar con objetividad y honestidad, escenarios de prevención y defensa frente a una elevada conflictividad económica y social y sospechosas acciones políticas violentas que ponen en riesgo la vida de dirigentes y militantes políticos.

Frente a esta certeza, cabe destacar un aprendizaje histórico: Las juventudes políticas asociadas a la administración estatal no están preparadas para organizar una respuesta defensiva a los grupos facciosos de ultra derecha. Prueba de esto es que quien detuvo a Sabag Montiel, fue un dirigente del sindicato de televisión. Es decir, un miembro de la clase obrera organizada, que se encontraba desempeñando tareas logísticas en las inmediaciones de la casa de Cristina Kirchner.

Esto nos deja algunas lecciones políticas superiores, a saber:

El Estado, gobernado por una fuerza política progresiva, debe administrar la violencia para terminar con las tendencias que atentan contra la democracia y contra los pactos y acuerdos de paz social, posteriores a la dictadura cívico-militar. De no hacerlo, corre el riesgo de que las facciones neo reaccionarias que, potencialmente incluso pueden intervenir de forma violenta y organizada en la política, realicen la tarea violenta que las fuerzas populares rechazan y, por tanto, tendrá que lamentar consecuencias gravísimas: pérdida de liderazgos históricos, ruptura de los lazos democráticos y retorno de la violencia para la resolución de conflictos políticos. “Es mejor un cachetazo a tiempo, antes que 200 lamentos”, reza el gran poema nacional.

En los últimos meses he asistido a charlas, discusiones políticas, debates, o simplemente intercambiado opiniones en diversos espacios cercanos ideológicamente al peronismo kirchnerista o a las variantes del progresismo argentino. Muchas de ellas atravesadas por una mirada de género. Me llamó profundamente la atención que, en dichos intercambios, la violencia aparecía enunciada solo con el lenguaje de los damnificados o víctimas. Ya sea por quienes han sufrido violencia de género, o por quienes sufren violencia por su orientación sexual, o, saliendo del enfoque de género, es fácil advertirlo, si leemos al sesgo la narrativa desplegada en relación al accionar del gobierno de Javier Milei y el mal y arbitrario uso del concepto “fascismo”.

Cierta militancia y algunos sectores conscientes de la lucha política sensibilizados con la actualidad solo pueden percibir, teorizar y discutir la violencia en su calidad de víctimas. No han podido construir una pregunta central para comenzar a dar una respuesta contra-ofensiva al problema. La pregunta es:

¿Qué cantidad de violencia estoy dispuesto/a, a ejercer yo, para oponerme a la violencia del pretendido régimen?

Esa pregunta está borrada de los interrogantes posibles de la militancia, porque se sale de la batalla estrictamente cultural. Es una pregunta acerca de lo que pueden los cuerpos militantes contra la violencia del enemigo. Es decir, es una pregunta por lo que está dispuesta a hacer la militancia, en el siglo xxi, por evitar el avance de los atropellos de la reacción conservadora. No es menos elocuente que esa pregunta esté directamente asociada al lugar que ocupan estos militantes en la estructura económica y social de Argentina.

Si los colectivos que intervienen en la discusión provienen de sectores universitarios, son profesionales, o están asociados a las denominadas “clases medias”, la tónica dominante es el espanto. Si nos acercamos a sectores vinculados a la producción y los servicios, la percepción social de la mediación de la fuerza para dirimir ciertos conflictos, o para evitar otros, es otra. Se trata de un planteo saldado.

De allí se desprende que el gobierno actual despliegue su pretendido “protocolo” represivo en manifestaciones ideologizadas de pequeños grupos políticos, pero que no produzca un solo hecho represivo en las múltiples movilizaciones y paros a los que convocó la Confederación General del Trabajo.

Allí la auto-defensa no es imposible, es una probabilidad. Responde a que las organizaciones sindicales dan una lucha directa, sin mediación, contra el capital. Es decir, sin la intermediación institucional de la política, por tanto, descubren, en carne viva, aquello que están dispuestos a hacer quienes tienen el poder real de la economía. Es por eso que numerosas veces se acusa de “violentos” a los sindicatos, porque tienen que tener algún nivel de capacidad de respuesta cuando el capital decide avanzar en contra de los intereses colectivos de los trabajadores que representan. Es decir, están objetivamente más preparados para desarrollar una auto-defensa contra-ofensiva que otros sectores sociales y/o políticos.

Si la política no comprende esto, es posible que se repitan, hasta el hartazgo, cierto tipo de manifestaciones que hemos observado desde tiempo antes de la llegada de Milei al gobierno hasta la actualidad (intentos de asesinato a líderes populares, atentados en unidades básicas, secuestros y vejaciones a militantes de derechos humanos, amenazas reiteradas, y prácticas que pretenden emular cierto accionar de la última dictadura cívico-militar).

El temor que despertó en el gobierno la solidaridad callejera con las marchas de jubilados que llevaron adelante hinchadas caracterizadas del futbol argentino, tanto como agrupaciones partidarias que militan en diversos clubes de la primera división y el ascenso, no hace más que confirmar que el enemigo le teme a una respuesta popular organizada con gimnasia para resistir la confrontación represiva y responderla.

Es natural y lógico que podamos encontrar a estos sectores en el sindicalismo o en el fútbol del ascenso, tanto como en la población económicamente activa del conurbano bonaerense, antes que en las juventudes (y no tanto) formadas para la administración del Estado.

Si no reflexionamos sinceramente sobre la autodefensa, seguiremos observando cómo un sector de la política ejerce la violencia, contra otro que le opone una respuesta pacífica no violenta, en los marcos de una gran derrota política que consolida la impotencia y destruye la moral militante.