"Las leyes tienden a exacerbar falsamente los aspectos supuestamente delincuenciales del consumo de drogas"

Por Enrique de la Calle

APU: Cuando se piensa la cuestión de las drogas, por lo menos en términos de políticas de Estado, se suele pensar con lógica represiva. Se prohíben sustancias y se persiguen a productores y consumidores. ¿Por qué cree que ocurre eso?

Norberto Emmerich: El prohibicionismo sigue muy vigente a pesar de los reclamos y cambios que han sucedido en las décadas pasadas y que siguen sucediendo. Las drogas o “el problema mundial de las drogas”, término con el que todos los involucrados en el estudio del tema se refieren a él, son un buen vehículo para la securitización de la vida social en América Latina. Los gobiernos nacionales latinoamericanos no han tenido dificultad en aceptar las sugerencias de la política exterior de Estados Unidos tras los atentados a las Torres Gemelas ya que con aceptar las “sugerencias” también aceptaban los acuerdos y subsidios que las acompañaban.

El Plan Colombia y la Iniciativa Mérida fueron los dos grandes programas, ambos en conjunto con Estados Unidos, con que la región trató el “problema mundial de las drogas”. Al mismo tiempo se fue ensayando en el marco de Unasur un discurso que habla de “derechos humanos”, “inclusión social”, “proporcionalidad”, “responsabilidad compartida” y “evaluación multilateral”, en aras de un lenguaje políticamente ajustado y consensuado que busca un perfil homogéneamente democrático. Pero al interior de los países las políticas sobre drogas siguieron siendo igualmente represivas.

APU: Hay un consenso sobre la crisis del paradigma de "guerra contra las drogas". ¿Qué es esa guerra y por qué "fracasó"?

NE: La guerra contra las drogas fue lanzada por el presidente Richard Nixon en 1968. Tal como anteriores políticas sobre drogas del gobierno americano respondía a necesidades de política interior no relacionadas con drogas. En un primer momento las minorías chinas y latinas fueron acusadas de peligrosas por tratar con drogas. En 1968 se trató de contener a las comunidades afroamericanas y a los opositores a la Guerra de Vietnam, o sea para disciplinar la disidencia.

En América Latina se realizaron varios operativos de guerra contra las drogas, desde la intervención de marines en Bolivia con los operativos “Snow Cap” y “Self Refuge”, pasando por el financiamiento mediante drogas de los contras nicaragüenses y culminando en el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida. La guerra contra las drogas del presidente mexicano Felipe Calderón produjo cambios en el narcotráfico mexicano pero no lo derrotó ni disminuyó su importancia.

La guerra contra las drogas o la guerra contra el narcotráfico implica por empezar un trabalenguas semántico, porque no se sabe de qué se habla. Se supone que decir drogas o narcotráfico es hablar de lo mismo, pero se trata de dos cuestiones totalmente distintas.

APU: Y ha dado como resultado el incremento notable de la violencia, no?

NE: En segundo lugar, la guerra contra las drogas implica la militarización de la aplicación de la ley. Los sospechosos de estar involucrados en actividades con drogas son despojados de los derechos civiles de presunción de inocencia y proceso probatorio para ser considerados enemigos en guerra y eliminados en supuestas situaciones de enfrentamiento armado.

La “guerra” obliga además a las organizaciones del narcotráfico a organizarse para luchar por su sobrevivencia y adoptar entonces rutinas complejas y violentas, elementos que tienen un carácter muy inferior en las organizaciones de tráfico de drogas.

El carácter complejo que estas organizaciones se ven obligadas a adoptar en virtud de la “guerra” también supone mejorar su capacidad de relacionarse con el Estado y sus funcionarios. Se pasa de la corrupción “cara a cara” a integrarse al proceso de “captura del Estado”, o sea la sanción y aplicación de procesos legales y administrativos que los incorpora como actores del proceso de toma de decisiones.

APU: ¿Cómo piensan los Estados las drogas recreativas o psicodélicas, como marihuana o ayahuasca, para citar algunos ejemplos? ¿En general sigue mandando la lógica prohibitiva?

NE: Hay drogas recreativas de curso legal, como la cafeína, la nicotina o el alcohol etílico. Y drogas recreativas de curso ilegal, como la morfina, la cocaína o la codeína, algunas de las cuales son legales solo para uso médico.

Los Estados no hacen referencias positivas respecto al uso recreativo de las drogas y las leyes exacerban falsamente los aspectos supuestamente delincuenciales del consumo de drogas. Los cuerpos de seguridad especializados en drogas repiten la afirmación de que la mayoría de los delincuentes consumen drogas o alcohol, frase que en realidad es al revés: la mayoría de quienes consumen drogas o alcohol son (etiquetados como) delincuentes. Las drogas funcionan entonces como marcadores geopolíticos de la delincuencia. Si donde hay delitos hay drogas, es lógico suponer que donde hay drogas habrá delitos. Y así se configura el territorio de comisión de ilícitos, mediante la conjunción de drogas y delitos. Pareciera funcionar como un proceso científicamente fundamentado, cuando en realidad es una argumentación y una construcción totalmente mítica.

En general sigue gobernando la lógica punitiva o prohibitiva. El uso recreativo de las drogas comienza a ser legalizado en distintos países en reglamentaciones que prácticamente hacen imposible la aplicación concreta de tal uso recreativo. La aplicación de cuotas, para deslindar tráfico de consumo, es arbitraria.

APU: Siempre se nombra a Holanda como país "exitoso" al implementar una política tolerante hacia determinadas drogas. ¿Qué puede decirnos de ese paradigma y de sus resultados?

NE: La política de drogas del reino de Holanda se refiere exclusivamente al consumo de marihuana en locales autorizados (coffee shops) y buscaba reducir el consumo de cocaína y heroína. Tras más de 40 años de aplicación de la política no prohibicionista de drogas los resultados son positivos, pero no llamativos. Holanda tiene un promedio de consumo de drogas inferior a la media europea, pero no llamativamente inferiores.

O sea que la política ha tenido un éxito relativo en el impacto sobre el consumo. En síntesis, llama la atención la política empleada no sus resultados. Aunque el consumo de marihuana está legalizado, la producción no. Por lo que la marihuana consumida legalmente proviene de circuitos ilegales.

Además, 28 Estados de la Unión Americana tienen legalizado el consumo de marihuana y la política de despenalización del consumo se expande en el mundo. Eso no obsta a que Estados Unidos siga impulsando la política prohibicionista en toda América Latina.

APU: ¿Qué pasa en América Latina con las drogas que provienen de las culturas indígenas? ¿Cómo se las piensa desde las políticas públicas?

NE: El consumo de drogas de base ancestral, como la hoja de coca andina, siempre estuvo incluido en determinadas cosmovisiones y formaba parte de la vida cultural de los pueblos originarios, con fines recreativos, terapéuticos o litúrgicos. Eso significa que se trata de drogas que no forman parte de un circuito comercial, legal o ilegal. Por lo tanto gozan de cierto sesgo menos punitivo del Estado, pero no por eso más concesivo o indulgente.

En México está permitido dentro de la legislación de usos y costumbres el uso ritual del peyote (alucinógeno) para los pueblos huicholes de Nayarit, pero no para los usos no rituales (recreativos) de las comunidades tarahumaras de la sierra de Chihuahua. El uso de la hoja de coca es legal en la Argentina, pero no en Ecuador mientras Naciones Unidas todavía incluye a la hoja de coca dentro de las drogas prohibidas.

Los gobiernos toleran los usos rituales dentro de comunidades originarias cerradas para evitar el ingreso de drogas duras. Se trata de permisos otorgados a comunidades pequeñas y circunscriptas a eventos ocasionales.

Cuanto más se asciende desde el Cono Sur hacia México, el subcontinente latinoamericana se vuelve más mestizo e indígena y menos blanco. Aunque el sincretismo religioso hizo perder usos y costumbres a las comunidades indígenas, todavía muchas de ellas conservan o tratan de recuperar cosmovisiones originarias.

Los países piensan los problemas indígenas desde diferentes puntos de vista, de acuerdo al grado de centralidad que el Estado busca obtener, consagrar o mantener.

Ecuador tiene una lógica ambivalente que ampara ciertos rasgos originarios (idioma quichua) en detrimento de las pertenencias territoriales (conflicto con la etnia shuar en la provincia de Morona Santiago por inversiones mineras chinas). Las políticas públicas mexicanas amparan la conservación de usos y costumbres de las comunidades indígenas pero criminalizan sus territorios en virtud de la guerra contra el narcotráfico (Guerrero, Región Triqui, desplazamientos recientes en Chiapas).  Se puede afirmar que se toleran las drogas desde el punto de vista cultural, pero se entra en lógica de guerra desde el punto de vista geopolítico.