Magdalena: condenaron al director de la unidad y al responsable del operativo

Por el CELS

Después de casi seis meses de juicio, hoy se conoció la sentencia por el incendio ocurrido en Magdalena que condenó al director del penal de ese momento, Daniel Oscar Tejeda; al jefe de turno y responsable del operativo represivo, Reimundo Héctor Fernández y al efectivo Rubén Alejandro Montes de Oca. El Tribunal Oral Criminal 5 de La Plata también absolvió a 14 imputados. Las penas y los fundamentos se conocerán el 9 de marzo.

Desde el 15 de agosto de 2017 los penitenciarios estaban siendo juzgados por las 33 muertes ocurridas durante un incendio la noche del 15 y la madrugada del 16 de octubre de 2005 en la Unidad Penal 28 de Magdalena. A lo largo del juicio pudimos escuchar los testimonios de más de 150 testigos y evaluar diversos elementos de prueba, que configuraron los delitos de los que fueron acusados por las querellas y el Ministerio Público Fiscal.

Desde la instrucción la causa debió superar distintas resistencias a investigar con profundidad lo ocurrido esa madruga. A excepción de los responsables jerárquicos, el resto de los imputados fueron sobreseídos hasta que Casación sostuvo la necesidad de llevar adelante el juicio con todos los involucrados en el hecho.

Javier

César Javier Magallanes tenía 25 años, era el tercero de cinco hijos, el único varón. Rufina Verón, su mamá, lo visitaba cada semana en la Unidad 28 de Magdalena. El domingo 16 tenían pensado festejar el día de la madre, como la mayoría de los internos. Javier estaba detenido con prisión preventiva hacía dos años y medio por un robo, y era una de las 58 personas alojadas en el pabellón de buena conducta. En el pabellón 16 solo dos internos tenían condena, mientras que el resto estaban con prisión preventiva.

Rufina tenía que viajar cinco horas para llegar a Magdalena. En el medio de ese trayecto le avisaron que tenía que ir a La Plata. Le dijeron que allí estaba su hijo. En una oficina de derechos humanos le dieron la noticia: Javier había sido uno de los primeros en fallecer durante el incendio. Su cuerpo aún estaba en Magdalena. El CELS representó a Rufina en el juicio. Las otras querellas estuvieron a cargo del CIAJ y de la CPM.

Los hechos

Hace 12 años, en la noche del 15 de octubre de 2005, por lo menos 15 efectivos del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) ingresaron al pabellón 16 disparando a quemarropa escopetas con munición anti-tumulto, como respuesta a una discusión entre dos internos. Los disparos fueron realizados a una distancia menor a la permitida. 

Mientras desplegaban ese violento operativo, sacaron a 23 internos que no habían formado parte de la discusión. Durante el juicio, uno de los acusados dijo que fue para evitar que los internos se lastimaran entre sí. Como respuesta al accionar penitenciario, un interno dio inicio a un fuego en el fondo del pabellón.  Las llamas comenzaron a propagarse, mientras los agentes del Servicio Penitenciario continuaban con los gritos y la represión. Cuando no pudieron soportar más el humo y el calor, los efectivos se retiraron bloqueando la única salida disponible. En ese momento, los internos que quedaron dentro del pabellón corrieron hacia las puertas de adelante y las encontraron cerradas. Ahí supieron, que los penitenciarios los habían dejado encerrados en lo que ya se transformaba en un incendio. Esta salida permaneció cerrada durante casi todo el hecho. Solo se abrió unos minutos antes de que llegaran los bomberos, cuando el fuego se había extinguido solo y no quedaba nadie con vida en el interior del pabellón.

Al notar el cierre de esta puerta, los internos comenzaron a pedir auxilio. Los gritos de desesperación, llegaron a los pabellones contiguos. Los penitenciarios, en lugar de iniciar tareas de rescate, limitaron su intervención a buscar escopetas y proyectiles para resguardar el perímetro de la Unidad, y esposas para sujetar a los internos que querían ayudar. La respuesta ante la emergencia la dieron los internos de otros pabellones, que entendieron que estaban dejando morir a sus compañeros. Cuando estos lograron liberarse, corrieron a buscar mangueras y vieron que los nichos hidrantes no tenían agua. Entonces, improvisaron una cadena humana utilizando baldes que llenaban con agua de los baños. Otros buscaron matafuegos, pero  con que no tenían carga. Decidieron usarlos como elementos contundentes para abrir las puertas, hacer boquetes y sacar a quienes estaban atrapados. De esta manera lograron abrir la puerta de emergencia. Mientras tanto, entraban y salían por donde podían para sacar los cuerpos y llevarlos a sanidad. Hicieron eso varias veces.

Durante todos estos momentos los penitenciarios no hicieron nada, ni siquiera llamaron a tiempo a los bomberos, que ingresaron, entre las 00.05 y 00.10 horas, cuando ya quedaban pocos cuerpos dentro de pabellón y los boquetes estaban finalizados. Los bomberos se encontraron solos, dentro del penal, sin indicaciones del personal penitenciario. Ingresaron al pabellón 16 acompañados por internos para terminar de sacar los cuerpos que aún estaban adentro. Para ese entonces había pasado casi una hora desde que comenzó a verse humo en el lugar.

Las víctimas inhalaron gases tóxicos respiraron aire con un porcentaje muy bajo de oxígeno, estuvieron y expuestas a altas temperaturas y. Las deficiencias estructurales en la red para combatir incendios, la imposibilidad de escapatoria y el tiempo que permanecieron dentro del pabellón bajo estas circunstancias llevaron a este resultado: 33 personas murieron ese día. 

Magdalena: paradigma del Servicio Penitenciario Bonaerense

El escenario que rodeó la muerte de 33 jóvenes encerrados en prisión preventiva, en un pabellón de buena conducta, es conocido en el Servicio Penitenciario Bonaerense. No fueron hechos imprevisibles, sino una consecuencia del hacinamiento y la violencia de ese sistema penitenciario, además del desprecio por la vida humana. Hace casi un año, el escenario se repitió en una comisaría de Pergamino, en el que murieron siete detenidos bajo circunstancias similares.

Las políticas penitenciarias que lleva adelante el gobierno de la provincia de Buenos Aires extreman la situación de emergencia que atraviesa el SPB, con un récord histórico de detenidos en cárceles y alcaidías, y más de tres mil personas alojadas en comisarías, a pesar de que está prohibido. Más de la mitad de estas personas no tiene condena.

Este juicio evidenció prácticas y políticas que continuaron hasta la actualidad. Desde 2005 los sucesivos gobiernos de la provincia de Buenos Aires incumplieron un fallo de la Corte Suprema y diversos compromisos internacionales. Las políticas carcelarias que imperan en la provincia degradan los derechos humanos de las personas privadas de libertad y son capaces de provocar situaciones extremas como las ocurridas en Magdalena.