Persecución y represión a la prensa: “A los casi 3 mil despedidos debemos sumar 57 periodistas heridos por balas de goma”
Por Eliana Verón. Foto ARGRA
A la dramática situación de despidos de periodistas a nivel nacional, cierre de medios, vaciamiento, retiro voluntario, precarización y atraso de los sueldos, se le agregan otras situaciones que padecen los y las trabajadores de prensa: represión policial y persecución judicial.
De acuerdo a los relevamientos del Sindicato de Prensa de Buenos Aires de 2017, ya suman “57 casos de compañeros y compañeras de prensa, mayormente reporteros gráficos, movileros radiales y cronistas que sufrieron balazos de gomas. Algunos con 20 impactos como el caso de Juan Barrientos de la revista Cítrica, o el caso de Pablo Piovano, fotógrafo freelance, que le pegaron a medio metro de distancia o Federico Wascarriaga de Agencia de Noticias de Redacción que le dispararon pese a que mostró su carnet de prensa”, confirmó Tomás Eliaschev, secretario de Derechos Humanos del gremio.
En ese sentido, Eliaschev señaló que “Marcos Peña, cuando asumió, dijo que ´se acababa la guerra contra los medios´; lo que nosotros decimos es que comenzó una guerra contra los laburantes de prensa. Lo decimos porque a los despidos y la pésima situación laboral que estamos atravesando, la peor de la que se tenga recuerdo desde hace muchísimos años, inclusive peor que durante la de la década de los 90, se le agrega la violencia, la agresión policial y judicial contra los trabajadores de prensa”.
Según los registros de SiPreba, las agresiones contra la prensa que se sucedieron durante 2017 se pueden contabilizar en el marco de diferentes movilizaciones sociales: el paro de mujeres del 8 de marzo y el Ni Una Menos del 3 de junio; en la movilizaciones por Pepsico en julio, tanto en Vicente López en la planta de Florida como en el Congreso; en la marcha por Santiago Maldonado el 1 de septiembre donde se pudo ver la violencia y la brutalidad policial con los trabajadores de medios heridos y otros tantos detenidos durante 72 hs. que han sido procesados. La lista, estimativa, incluye a las trabajadoras de prensa de la Red Nacional de Medios Alternativos, cuatro fotógrafos que fueron procesados, luego sobreseidos y sin embargo, la Justicia los sigue persiguiendo. “El 14 y 18 de diciembre vivimos el terror policial de forma magnificada”, sostuvo el secretario de Derechos Humanos de SiPreba y sintetizó: “El caso emblemático es el de Estefanía Cámera Da Boa Morte, integrante de FM Mundo Sur y de Mundo Villa, detenida el 14 de diciembre y ahora procesada por el juez Claudio Bonadío por intimidación pública y resistencia a la autoridad. También tenemos un caso gravísimo en el norte de Oscar Delgado de la Radio de Capoma, perteneciente al Centro Olga Márquez Aredes de Jujuy que trabaja en la zona de Ledesma en General San Martin. Pasó preso en Navidad por estar cubriendo los hechos de represión en el Ingenio La Esperanza”.
Los números de la escalada represiva contra el periodismo del gobierno de la Alianza Cambiemos son contundentes para el marco de la democracia. “Son 57 casos a lo largo de todo el año de trabajadores y trabajadoras de prensa heridos por balas de gomas, más de 20 heridos por los chorros de los camiones hidrantes de la Gendarmería, con gases lacrimógenos, con gases pimientas arrojados al rostro, heridos por golpes. Periodistas, reporteros gráficos, camarógrafos que resultan heridos por la policía, que no lo hace por error, sino que hay una intención directa de agredir a la prensa”, señaló Tomas Eliaschev.
En los casos de violencia policial debe consignarse también la detención de los cronistas de FM La Patriada el día 18 de diciembre entre fotógrafos baleados de medios alternativos, comunitarios y los que trabajan de manera freelance. Trabajadores y trabajadoras de medios masivos como el diario Clarín, Página 12, Ámbito Financiero e Infobae fueron víctimas de la violencia policial, así como también los equipos de Canal 13, Canal 7, Telefé Noticias y America 2. Eliaschev sostuvo: "Desde el sindicato consideramos que esto no es una casualidad. No es un exceso, sino que fue deliberado y por eso reiteramos nuestro reclamo de la renuncia de la ministra Patricia Bullrich.
Asimismo, el periodista de SiPreba comentó que la situación de violencia policial era esperada a partir de que constataron un punto controvertido en el famoso “Protocolo de Seguridad” de la ministra Patricia Bullrich. “Alertamos que el punto número 10 del protocolo se planteaba un corralito, una ´zona determinada´ en la cual los trabajadores de prensa íbamos a estar cuando se produjesen enfrentamientos entre manifestantes y policías. Nosotros en ese momento sacamos un comunicado desde el sindicato, hicimos una audiencia en el Congreso de la Nación junto a la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, medios alternativos y diputados en la cual denunciamos esto. Recordamos y reivindicamos el ejemplo de los compañeros como Pepe Mateos del diario Clarín y Sergio Kowalewski, fotógrafo independiente que publicó sus fotos en Página/12, y los camarógrafos de Canal 7, gracias a cuya labor se pudo esclarecer el asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Reivindicamos el trabajo de los compañeros de la prensa de C5N, que estaban en el terreno cuando fue asesinado Mariano Ferreyra y permitieron esclarecer que los militantes estaban siendo atacados por una patota que contaba con una zona liberada por la Policía Federal. Es decir, reivindicamos nuestra labor, el sentido de nuestro oficio: esto es la diferencia entre la vida y la muerte, entre la justicia e impunidad. Necesitamos que la prensa esté presente. Por eso no nos quieren ahí, nos disparan porque saben que están cometiendo ilícitos y que nuestro registro los puede perjudicar”.
Para finalizar, anunció que SiPreba se presentará en la audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se realizará en Bogotá, Colombia, el 1 de marzo junto al Centro de Estudios Legales y Sociales para exponer un informe sobre la situación de la protesta social en la Argentina. La presentación denunciará la violencia policial direccionada no solamente contra manifestantes sino también específicamente contra los trabajadores y trabajadoras de prensa.