Ser mujer con discapacidad: la doble invisibilidad

Por Morena Marcos

Las mujeres con discapacidad tienen carencias educativas, un acceso limitado a los servicios de salud, dificultad en la búsqueda de empleo y mayor riesgo de sufrir situaciones de violencia. A este contexto se agregan tres años de desmantelación del Estado, desarticulación de las políticas de género, desfinanciación de los espacios de contención y asistencia a las mujeres en situación de vulnerabilidad y violencia de género y los fuertes recortes a las magras pensiones por discapacidad que proporciona el Estado Nacional.

A pesar de que Argentina cuenta con una vicepresidenta con discapacidad motriz, esta parece no percibirse como persona dentro de este colectivo y se expresa, públicamente, aclarando que “es mucho más difícil ser mujer que persona con discapacidad”, mostrándose ajena a una visión sobre mujeres con discapacidad y al paradigma de derechos humanos. 

Según los datos del Censo Nacional  2010, en nuestro país, en una de cada cinco familias hay una persona con discapacidad. De ese total, el 39,5% tiene discapacidad motora, el 22%, visual, el 18% auditiva. El 15,1% restante tiene discapacidad mental. A eso hay que agregarle la percepción de discriminación, que alcanza al 52%.3.

Sobre ese marco, vale destacar que el 90% de los edificios públicos tienen barreras arquitectónicas en su acceso o en su interior; el 38,4% de las personas con discapacidad no tiene cobertura de salud y el desempleo arriba al 80%. Con estos datos se hace casi imposible dejar de percibir la fragilidad social que pone a este colectivo al borde del abismo de la línea de pobreza.

Ahora bien, este lado oscuro de las políticas del gobierno neoliberal empuja, uno a uno, a los más vulnerables “por fuera” del Estado, y deja al desnudo la vulneración de los derechos de esta minoría históricamente relegada y postergada. 

Es mucho lo que se desconoce acerca de qué significa vivir con discapacidad o a estar a cargo de una persona con discapacidad con alto grado de dependencia. Como siempre –y leyendo esta realidad con una perspectiva de género- se hace imposible evitar el análisis para comprender la  necesidad de establecer una fuerte política que garantice los derechos y las necesidades de las personas con discapacidad. Y es que dentro del colectivo de personas con discapacidad, las mujeres llevan la peor parte. Esto se debe a que mujeres y niñas con discapacidad han sido invisibilizadas tanto en los estudios de género así como en gran parte de las investigaciones sobre la temática, lo que permite observar la mencionada doble discriminación que las afecta. 

Además, hay que destacar que en los casos de personas con discapacidad no autónomas, las mujeres (madres, hermanas, tías, abuelas, etc.) son las que más se movilizan y se responsabilizan del cuidado y asistencia, y en innumerables casos, las únicas. 

La doble invisibilidad

En un informe presentado por REDI (Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación hacia la Mujer, en agosto de 2016, se hicieron denuncias alarmantes sobre la situación de la mujer con discapacidad en nuestro país, tales como la existencia de una justicia antiabortista que se opone a las interrupciones de embarazo, pero que cuando una mujer con discapacidad decide ser madre, esa misma justicia le arrebata ese deseo, o bien la aleja de sus hijos porque el Estado no le provee los apoyos necesarios. 

En cuanto a la violencia de género, ámbito en que la intervención del Estado fue desapareciendo, desmantelando los centros de atención a la víctima de violencia y desarticulando prácticamente en su totalidad el Programa Ellas Hacen, las mujeres con discapacidad –aquellas más propensas en todo el colectivo a sufrir abusos-, no son siquiera tenidas en cuenta. Como producto de esta invisibilidad, cuando se realizó la Encuesta Nacional impulsada por el colectivo #NiUnaMenos,  las mujeres con discapacidad no fueron tomadas en cuenta. Sin mencionar aquellas mujeres, niñas y ancianas privadas de su libertad en instituciones neuropsiquiátricas donde están expuestas a miles de abusos, violaciones, entre otras diversas formas de violencia, por la prevalencia del modelo “asilar” que aún persiste en contra de todos los mandatos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, instrumento jurídico ratificado y con jerarquía constitucional en nuestro país.

En el orden del empleo, en Argentina no sólo no se cumple con el cupo laboral para personas con discapacidad, sino que a esto se suma la enorme brecha que existe en el acceso al trabajo entre hombres y mujeres y la inexistencia del pago igualitario que consiste en igual remuneración por misma tarea.

Con respecto al acceso a la salud, las mujeres con discapacidad tienden a demorar sus estudios ginecológicos por la ausencia de camillas accesibles o la inaccesibildad física a los consultorios. A esto se añade que todas las mujeres somos cuestionadas por querer ejercer nuestro derecho a vivir una sexualidad plena; en este contexto las mujeres con discapacidad viven situaciones de vulnerabilidad en cuanto a sus derechos sexuales y reproductivos. Para comprender esto hay que tener en cuenta que son tratadas como “niñas” debido a que muchas familias las infantilizan como si la genitalidad y la sexualidad sólo quedara habilitada para los cuerpos hegemónicos, “normales”, convencionalmente aceptados. En este sentido queda anulado el “deseo” de estas mujeres con discapacidad, más específicamente, aquellas que presentan discapacidad intelectual y que muchas veces son esterilizadas sin que lo puedan consentir o negarse, o condenadas al encierro con la excusa de la  prevención de su integridad física.

Por lo demás, el aborto, un tema que está en agenda por estos días, también merece un párrafo aparte para las mujeres con discapacidad intelectual porque no hay para ellas ningún “sistema de apoyo” y acompañamiento en el procedimiento de interrupción del embarazo o en la decisión de no practicarlo. En lugar de esto se sustituye su voluntad, se toman decisiones por ellas. De hecho, para las mujeres con discapacidad intelectual el abuso es algo que tiene altas posibilidades de ocurrir y cuando quedan embrazadas suelen ser rehenes de diferentes posturas de otros grupos sociales que dirimen por ellas la posibilidad de practicar un aborto no punible o no hacerlo.

Propongo un ejercicio: pensemos todas estas formas de violencia, estigmatización, discriminación y aislamiento a las que es sometido este grupo humano, pero en el marco de un gobierno que aplica políticas públicas como las que enumeré al principio. Recordemos para esto que tras una sucesión de “dichos y desdichos” por parte del Gobierno de Mauricio Macri, y pasados algunos meses sin novedades, parece haberse olvidado que más de 20 mil personas fueron afectadas por la quita de pensiones por discapacidad, entre noviembre del 2017 y febrero de 2018.

El año pasado, la Ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, dio de baja 170 mil pensiones a personas con discapacidad. Esto desató la reacción de organizaciones de defensa por los derechos de las personas con discapacidad, así como la de autoconvocados afectados, familiares o quienes los representan, que se pronunciaron en contra de la medida con una manifestación que se emplazó en el Obelisco. En respuesta de esto, Stanley anunció la restitución, algo que para la gran mayoría de los perjudicados nunca ocurrió. Entonces, pensemos que en este contexto, las mujeres, las niñas, adolescentes y ancianas con discapacidad, quienes ya contaban con acceso restringido a la educación, la salud y al empleo, así como a los apoyos que les permiten desarrollar una vida con plena participación en la sociedad, se ven mucho más afectadas con el injusto quite de pensiones. La ansiada igualdad de oportunidades se convierte en una utopía para las personas con discapacidad y dentro del colectivo, a las mujeres, para quienes la inclusión está lejos de ser una realidad.