¿Cómo llegó Nahir Galarza a hacerse de un arma de fuego?

Por la Asociación Contra La Violencia Institucional (ACVI) 

Se han escuchado muchas repercusiones acerca de la condena a prisión perpetua que ha recibido Nahir Galarza por el asesinato Facundo Pastorizzo. Críticas sobre la conducta machista y patriarcal del sistema judicial y de los medios hegemónicos de comunicación a la hora de analizar el tema junto con la desmesura de una condena a prisión perpetua, entre otros. Pero, más allá de esas críticas, con las cuales coincidimos lo que no se ha puesto en escena es, justamente, una de las causales que en gran medida explican el caso: el arma utilizada para el homicidio. 

Debemos preguntarnos: ¿Cómo llegó Nahir Galarza a hacerse de un arma de fuego? ¿Quién se la proveyó? Si nos centramos en esos interrogantes, aparecen las respuestas que deberían integrar el análisis del caso. Nahir es hija de un policía de la provincia de Entre Ríos y el arma utilizada, la nueve milímetros reglamentaria fue proveída por la institución policial. Un arma presente en su cotidianidad y que por instrucciones precisas de su padre, sabía usar. Podemos pensar entonces que sin esos presupuestos, el desenlace trágico no habría sucedido. 

Más allá de la juventud de Nahir y de aspectos de su vida íntima develados, ningún comunicador, ni los integrantes del Tribunal, realizaron valoración alguna sobre este punto ni sobre el hecho de que el arma utilizada la encontraba arriba de la heladera. Negligentemente expuesta y sin guardar reglas mínimas de seguridad. Desde ACVI, entendemos necesario puntualizar sobre ello. Sobre todo, teniendo en cuenta la cantidad de hechos violentos que se producen en los que hay intervención de armamento reglamentario, transformándose en un problema sistemático.  

Según el informe del CELS de 2017, de 104 particulares muertos en hechos de violencia con agentes de las fuerzas de seguridad, 69 (es decir más del 60%) se produjeron cuando éstos estaban fuera de servicio. Ese mismo año según La Casa del Encuentro fueron 23 los femicidios producidos por armas del Estado.

Los elementos señalados anteriormente así como lo fatal del desenlace nos obliga a pensar en lo importante que es discutir el uso del arma reglamentaria por partes de agentes de seguridad cuando están fuera de servicio y también su uso racional para los momentos en que se encuentran prestando funciones. Sabemos que se trata de una práctica que entrecruza grises  normativos, cuestiones culturales y económicas, pero que en materia de seguridad no solo ha sido errática, sino que nos ha costado muchas vidas. Como ejemplo de ello, según las estadísticas existentes, el 74% de los agentes muertos en hechos violentos entre 1996 y 2017, mueren por intervenciones que se hacen fuera de servicio.

A este caso dramático que analizamos pueden sumarse las cientos de ejecuciones extrajudiciales, los femicidios, los accidentes, muertes totalmente evitables. Si de algo sirven estos eventos letales es para discutir políticas públicas que nos permitan y nos inviten a desarmar la violencia y a cuestionarnos si un policía debe portar el arma en su domicilio al alcance de su familia y allegados, expuesta a accidentes, a descuidos, o lisa y llanamente a su utilización. El desarrollo de un modelo de seguridad democrática, nos impone revisar estas conductas y la necesidad de replantearnos si lo que buscamos es construir un arquetipo de funcionario policial que cumpla la ley y respete los derechos humanos de la sociedad toda o si lo que estamos construyendo son policías robocops de 24 horas cualquiera sea el costo de sus actos. 

Entendemos que pensar una política clara, seria y efectiva de desarme de la sociedad civil, junto con la limitación en el uso del arma reglamentaria de los funcionarios policiales cuando los mismos están fuera de servicio, es un punto elemental para la construcción de una sociedad más justa y menos violenta.