San Juan: el 59% de las mujeres que solicitaron información para practicarse un aborto son religiosas

Por Gabriela Trad*. Foto: Ni Una Menos San Juan

El debate en el Congreso de la Nación por la legalización del aborto atraviesa a todos los partidos y frentes que actualmente ocupan bancas en alguna de las dos cámaras. Incluso se encuentran posiciones enfrentadas dentro de los mismos espacios políticos. En el caso de San Juan, todas y todos los diputados/as y senadores/as manifestaron su rechazo a dicho proyecto al aludir al carácter “pro vida” de la idiosincrasia provincial y generalizando su posición sobre el conjunto de la población. 

Pero más allá de los obstáculos y discursos que pretenden negarlo, los abortos son parte de la realidad cotidiana en la provincia. Las Hilarias Socorristas en Red es una organización que realiza acompañamientos de abortos con misoprostol en San Juan. Según sus datos, el 59% de las mujeres que solicitaron información para practicarse un aborto durante el 2017 son personas religiosas. El 27% de los casos con los que trabajaron durante el mismo año fueron consecuencia de relaciones sexuales donde falló el método anticonceptivo elegido. A esto debe sumarse otro 9% donde se produjo una utilización errónea de dicho método. Esto indica que aún garantizado el pleno acceso a Educación Sexual Integral y métodos anticonceptivos, lo cual no ocurre, resulta necesario garantizar el derecho a una interrupción voluntaria del embarazo.

Uno de los principales argumentos que los y las diputadas sostuvieron durante la sesión en el Congreso de la Nación tuvo que ver con que la solución a la problemática del aborto no se encontraba en su legalización. Según expresaron, el objetivo consiste en garantizar el cumplimiento de una serie de derechos previos para que las mujeres no tengan que enfrentarse a esa situación. De esta manera, resultaría posible “salvar las dos vidas”. Si bien la misma Campaña por el Aborto Legal se ha encargado de visibilizar todo el escenario de injusticias y desigualdades en torno al acceso a información y métodos de prevención frente a posibles embarazos, son los mismos sectores que sostuvieron esta postura en el Congreso quienes integran actualmente el oficialismo en el gobierno provincial. Funcionarios/as que han sido responsables de la no implementación de medidas cruciales como la Educación Sexual Integral, la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable y el aborto en los casos no punibles. Sin ir más lejos, el actual secretario técnico del Ministerio de Salud, Roberto Correa, fue denunciado públicamente en el año 2006 cuando era Ministro de Salud provincial por mantener más de 5000 unidades de DIU en un depósito, las cuales vencieron sin que llegaran a ser distribuidas. A pesar de esta situación, Roberto Correa goza de un lugar de poder en el gobierno provincial. Es el encargado de fiscalizar todos los recursos de dicho Ministerio.

De todas maneras, la Educación Sexual Integral con perspectiva de género y derechos humanos es una deuda en la provincia. El Ministerio de Educación desplazó la responsabilidad de capacitar a docentes en ESI hacia la Universidad Católica de San Juan, donde se desarrolla la diplomatura en “Educación para el Amor”. La misma es planteada desde una perspectiva heterosexual y ligada a lo romántico. Es por ello que, en los pocos colegios donde se puede hacer mención a la existencia de Educación Sexual, la misma se encuentra lejos de incluir una perspectiva inclusiva donde realmente se informe sobre los derechos en términos de salud sexual, reproductiva y no reproductiva. 

La presencia de dobles discursos y la evasión de responsabilidades políticas ocurren mientras se niegan innumerables derechos y mueren cientos de mujeres y personas gestantes. La diputada Daniela Castro, del Frente para la Victoria, llegó incluso a comparar la lucha por el aborto legal con el holocausto: “Algún diputado hablo sobre el clima de época. Sabe señor presidente, muchos climas de época, o el clima de muchas épocas fue el totalitarismo. El clima de muchas épocas dirimió lo humano, lo no humano y quien debe vivir y quien debe morir en campos de concentración”. La impunidad a la hora de hacer uso del privilegio de la palabra se encuentra presente en quienes hoy representan a San Juan en el Congreso de la Nación.

El mandato de una supuesta defensa de la vida y del niño por nacer llevó a los mismos sectores a oponerse en el momento de la sanción del matrimonio igualitario, instancia en la cual llegaron a presentar un recurso para aplicar el “derecho” de objeción de conciencia en las uniones de personas del mismo sexo. Pero esa fecha, junto con el Encuentro Nacional de Mujeres en el año 2013 y las marchas en torno a la consigna de Ni Una Menos fueron un encuentro para centenares de jóvenes con la militancia, con las calles y con las organizaciones sociales en la provincia. Un encuentro que permitió que a ocho años de su aprobación, cada vez fueran más y más personas quienes demostraran en las calles la necesidad de que las cosas cambien. Cientos de personas que disputan ese discurso conservador que sus representantes y otras figuras institucionales buscan instalar desde lo público. Los pañuelazos semanales y marchas a favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, los debates en las universidades y en las escuelas, demostraron que cada vez son más voces las que buscan la posibilidad de que podamos decidir sobre nuestros cuerpos. 

Quienes habitamos el feminismo sabemos perfectamente que nunca nadie nos regaló nada. Todos nuestros logros fueron conquistas alcanzadas a pulmón y con el viento en contra. Pero la nueva ola llegó para quedarse. No es un clima de época ni mucho menos algo pasajero, no estamos dispuestas a retroceder. Y los y las representantes que hoy se enarbolan bajo el símbolo de una supuesta vida, deberán pagar el costo frente a una nueva generación que llegó a la política para quedarse. 

*Militante de Mala Junta e integrante de Ni Una Menos San Juan