Pasando en limpio los cuadernos, por Enrique Martínez

Por Enrique M. Martínez*

Vivimos un tiempo histórico en que se ha hecho sistemática la necesidad de quienes gobiernan de disfrazar las intenciones de sus decisiones más importantes, para evitar el repudio popular.

La casi increíble declaración de Carlos Menem cuando dijo que si decía lo que iba a hacer, la gente no lo votaría, deberíamos marcarla como pintura de época, teniendo en cuenta la creciente confrontación entre los intereses del capital concentrado y sus peones en el gobierno, con respecto a los intereses de las mayorías.

La cuestión es mundial. A casi 20 años del hecho, todavía no hay una versión consistente sobre el ataque a las torres gemelas en Nueva York y los confusos episodios colaterales en el Pentágono.

Más cerca, conocemos la entrada de Estados Unidos a sangre y fuego en Irak, que se asigna a la vocación de controlar una fuente esencial de petróleo. Menos se conoce sobre el gigantesco negocio que esa guerra representó para las empresas a las que se encargó por contratos directos la reconstrucción del país, organizadas bajo el paraguas protector de Dick Cheney, vicepresidente de Bush.

Después, el Lavajato. Enorme campaña contra la corrupción por la colusión entre empresas y funcionarios, que deja fuera de acción a Odebrecht, la mayor empresa constructora de Brasil, con presencia en toda Latino América y desprestigia tan groseramente la conducción pública de Petrobrás, que naturaliza la privatización de la mayoría de su capital. De paso arrebata la presidencia de la Nación a Dilma Roussef, casi la única política de primer nivel, sin una acusación por enriquecimiento. El proceso judicial, conducido por un juez que resulta un adalid público de la lucha contra la corrupción, jerarquiza esa figura como capaz de eliminar las posibilidades electorales de Lula, considerado hoy – por lejos – quien puede volcar la acción pública en favor de los humildes. Así, el mismo juez super honesto conduce un proceso sin fundamento alguno, que tiene a Lula y al pueblo brasileño en la mayor de las confusiones. El cuadro empresarial se modifica allí sustancialmente, pero con tan baja visibilidad que en Argentina no ha circulado ningún estudio detallado de quienes han reemplazado a los anteriores campeones locales.

Luego aparecen los Panamá Papers, sin un correlativo análisis del estado de Delaware, enorme off shore en tierra norteamericana, espacio directamente beneficiado con las investigaciones sobre paraísos fiscales en otros países, lo cual con el tiempo lleva a muchos a convencerse que ese era el verdadero objetivo.

No puede analizarse la campaña anticorrupción argentina fuera del contexto señalado, en que EEUU ha llevado adelante guerras localizadas o programas nacionales focalizados en las grandes empresas locales, emergiendo como ganadoras las multinacionales de la construcción de ese país.

En la Argentina se habla de una estrategia articulada entre el Ejecutivo, alguna fracción de la justicia y un par de medios hegemónicos. ¿Para qué?

Para transparentar las contrataciones públicas, se nos dice. ¿Cuál es resultado? Que las empresas amigas del poder son convocadas e inmediatamente se victimizan, asignan la responsabilidad al anterior gobierno y siguen ganando licitaciones. Con las otras empresas, incluidas gigantes como Techint, se construye un camino de obstáculos más duros. A algunas se espera desplazarlas por completo de la actividad. ¿Para qué?

La coherencia de esta movida solo aparece cuando se observa la gran importancia que el actual gobierno asigna a las obras realizadas por asociación público privada, lo que motiva una incesante acumulación de beneficios, para que las multinacionales de la construcción se decidan, traigan los deseados dólares, subcontraten a las amigas locales y luego se cobren con peajes o tasas de la desmesura que les apetezca y a costa de nuestros bolsillos. El marco legal se construyó en los últimos dos años. Faltaba limpiar el terreno y lo están haciendo.

Con el bonus track equivalente a la tarea brasileña: en nombre de la honestidad consiguen publicistas de la iniciativa y reconocimiento de una parte importante de la población.

Los que adviertan sobre esta trampa quedarán pedaleando en el aire hasta que la avaricia capitalista vaya mostrando los efectos de este cambio de modalidad. Será tarde entonces. En todo caso, frente a cualquier acusación de paranoia confabulatoria que recaiga sobre quienes denunciamos la estafa ética y económica, marquemos como reaseguro que brilla totalmente por su ausencia la única garantía que serviría para avanzar seriamente sobre la corrupción: la participación ciudadana en el diseño y control de las obras.

Las ridículas audiencias públicas en el proceso de aumento de tarifas de servicios, agregado a la nula voluntad de abrir a cualquier inspección ciudadana las futuras obras ejecutadas por el nuevo sistema, marcan cuál es el real propósito: robarnos a mansalva.

*Instituto para la Producción Popular