Santiago de Estero: el MOCASE presentó un hábeas corpus para resguardarse de la persecución de Patricia Bullrich

El dirigente de la CTEP y del MTE, Juan Grabois, denunció un convenio firmado entre el gobierno provincial de Santiago de Estero y el ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Patricia Bullrich, y el ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Germán Garavano, que criminaliza al Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) y sus reclamos por la recuperación de tierras. En la presentación judicial impulsada por el MOCASE se denuncian “falsas acusaciones contra nuestra organización como por ejemplo acusarnos de instigación a la lucha armada, con el triste historia que conllevan estas a cusaciones en nuestro país.”

En las redes sociales, el dirigente del CTEP advirtió: “En estos días, los movimientos populares y campesinos logramos frenar algo muy grave. Patricia Bullrich aliada a los terratenientes pretendia hacerle firmar a Gerardo Zamora este convenio infame. Recibimos la información y los compañeros del MOCASE rapidamente se reunieron con el Gobernador que expresó su terminante rechazo a semejante barbaridad. Exigimos al gobierno que deponga su actitud violenta contra los movimientos y toda persecusión a la oposición, y asuma el camino del dialogo democrático. En las próximas horas presentaremos un habeas corpus preventivo frente a la creceinte amenaza contra la integridad de nuestros compas”.

En esta misma línea el habeas corpus presentado por el Mocase detalló: “Este señalamiento nuestra organización  que realiza la Gobernación de Santiago del Estero no tiene sustento en ninguna investigación judicial y el sólo hecho de la misma  perjudica nuestro desenvolvimiento diario. Afirmo con total certeza que no existe ningún proceso penal en nuestra contra por ninguna de las acusaciones aquí vertidas, así como no estamos notificados de que se estén realizando averiguaciones sobre nosotros por ningún hecho delictivo. La sola lectura del mencionado informe devela cuantiosas tareas de inteligencia de parte de distintos órganos del Estado hacia diversos referentes de las autoridades de organizaciones campesinas en conflicto por sus reclamos ancestrales sobre el territorio y la soberanía alimentaria, así como evidencia el seguimiento prolongado y detallado sobre distintos militantes y personas que se han solidarizado con la causa”.

Además, añadieron: “Concibo este señalamiento del Estado argentino como una amenaza al pleno ejercicio de nuestra libertad ambulatoria, con afectación directa sobre nuestras  relaciones sociales y hago responsable a la Gobernación de Santiago del Estero, al Ministerio de Seguridad de la Nación y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Estero por cualquier hecho que atente contra nuestra integridad física o la de cualquier integrante de nuestra organización.”