¿Quién es Maldonado? El excomisario contratado bajo la gestión de Vidal, acusado por sus vínculos con redes de trata

Por Fernando Latrille 

El exAuditor General de Asuntos Internos, Guillermo Berra, a quien la exgobernadora María Eugenia Vidal puso al frente de dicho organismo en su gobierno para el supuesto “combate contra las mafias”, tenía bajo su órbita- con contrato de locación-, al excomisario de la Policía Federal, Sergio Ricardo Maldonado, en la función de “asesoramiento y consulta integral en seguridad”.  Maldonado había sido denunciado por Lorena Martins, hija del ex agente de la SIDE Raúl Martins, acusado de ser responsable de redes de prostitución. Lorena denunció en su momento al ex jefe policial - a cargo de la Comisaría 19-, por recibir coimas de los prostíbulos que manejaba su padre. Maldonado estuvo contratado en PBA desde 2016 hasta 2019. El 29 de noviembre de 2019 presentó su última factura para el cobro de 45.000 pesos por su contrato de locación de servicios al organismo que encabezaba Berra.  

Maldonado entró a la policía Federal a fines de marzo de 1978. En octubre de 2011 fue pasado a disponibilidad por la entonces ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré. El funcionario policial tuvo en su carrera sumarios administrativos y también tiene causas penales como la iniciada en 2010 de “promoción o facilitación de la prostitución, falsedad ideológica y encubrimiento”, donde intervino la Procuraduría de Trata y Explotación de Personal (Protex), dependiente de la Procuración General de la Nación. Otra de las causas es del año 2014, caratulada bajo el nombre: “Comisaría 5 Y Otros S/Av. Delito”, en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 2, secretaría 4. Allí se investiga un “presunto enriquecimiento ilícito”.

Ambas causas judiciales, tienen un sumario administrativo en curso en la Policía Federal Argentina. Pero soplaron vientos de cambio que a Maldonado lo beneficiaron. Su fecha de retiro de la Federal fue en septiembre de 2016. El 23 de septiembre de 2017-después de su retiro-, fue ascendido a Comisario Mayor, por un acto de servicio que protagonizó en 1988 que lo dejó con un 35% de incapacidad. Gozando de su retiro y jubilación logró ser contratado en la Auditoría General de Asuntos Internos de la Policía de la provincia de Buenos Aires por Vidal. A la entonces jefa provincial no le importó la incompatibilidad y tampoco pesaron los antecedentes de Maldonado. 

“Uno de los policías que fue apartado de las fuerzas de seguridad del Estado por mi denuncia es parte del equipo de María Eugenia Vidal, quien se supone que iba a desmantelar la 'mafia policial'. Ex comisario Sergio Maldonado, alias ´el fantasma´ a quien conozco desde chica por ser amigo de mi padre. Y quien durante muchos años recibió coimas, habitual de los prostíbulos the One y Artigas, y el swinger Anchorena. Lo apodaron el fantasma porque entraba y salía de estos locales por puertas anexas o puertas trampa a las que mi padre le daba acceso”, escribió en 2016 Lorena Martins en redes sociales que fue reflejado por Santiago Asorey en AGENCIA PACO URONDO. Aunque la decisión del gobierno de Vidal fue seguir contratando a Maldonado como asesor en seguridad hasta 2019, sin importarles la denuncia de Martins. 

“Maldonado fue corrupto-al menos que yo sepa-desde la década del ’90 según lo que manifestaba mi propio padre”, señaló Lorena Martins en diálogo con AGENCIA PACO URONDO para esta nota. “El mismo Maldonado en el año 2011 me confirmó que hacía negocios con mi padre. Es decir, recibía coimas. Cuando yo denuncié a todos este último ya estaba apartado de la Federal por otros problemas. Fue claro y me dijo que Nilda Garré estaba ‘limpiando’ la Federal”, recordó Lorena Martins. Previo a su denuncia, Maldonado estaba siendo investigado. “Odiaba mucho a Nilda Garré y decía delante de todos que si perdía Cristina Fernández de Kirchner él recuperaba su puesto”.  La denunciante hace veinte años que vive en España y recordó a Maldonado para esta nota, donde se refirió a su denuncia que tiene a su padre detenido pero sin condena. 

Fue el periodista Raúl Kollmann quien en Página/12 publicó en enero de 2012 la denuncia realizada por Lorena Martins en la que detalló la trama de trata de personas y explotación sexual en la que estaba involucrado su padre Raúl Martins que fue ex agente de inteligencia de la SIDE durante 13 años. Además, de las coimas a policías e inspectores, la protección de la fuerza policial, de jueces y los aportes a la campaña del expresidente Mauricio Macri cuando fue candidato a jefe de Gobierno en la Ciudad. Martins padre era dueño de numerosos prostíbulos en la Argentina y México, está actualmente detenido en la ciudad de Cancún, pero no fue condenado ni tampoco los policías que Martins denunció. 

Por su parte, Maldonado brindó testimonio en la causa que lleva la fiscal Cecilia Corfield donde se investiga el espionaje ilegal desde Asuntos Internos de la Policía bonaerense durante el gobierno de Vidal. El ex comisario declaró que el día anterior a presentarse a brindar su testimonio recibió un mensaje por Whatasapp de la ex funcionaria provincial María Rosario Sardiña, que decía: "Buenas Sergio. Disculpa que te joda pero me dijeron que te citaron de la UFI y quería que te acuerdes por las dudas que el Nosis (empresa que brinda información de antecedentes comerciales y financieros) lo tiramos ese día en mi oficina que estabas vos y querías saber que salía. Perdón pero tengo miedo que no te acuerdes por eso quería recordarte". Sardiña es la mujer de Guillermo Berra y estaba a cargo de la Auditora Sumarial Especializada en Investigaciones Patrimoniales. Con su mensaje, Sardiña intentó que Maldonado declare que el informe a Nosis era un pedido propio.  Maldonado sostuvo en esa causa que tenía “un contrato de locación de servicios con el Auditor General” y “que Berra lo conoció a través del Ministro de Seguridad, y cuando se conocieron le ofreció ser su asesor de gabinete y así fue que desembarcó en la Auditoría”. 

En este expediente Berra y Sardiña en encuentra procesados por abuso de los deberes de su cargo obteniendo información y almacenando datos sobre personas físicas y jurídicas que nada tenían que ver con la esfera de contralor administrativo de la fuerza de seguridad provincial enmarcada en la ley 13.982 ni en el decreto 1050/09. Desde su área solicitaron informe de Nosis de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires; informe de Nosis relacionado con la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires; informe de Nosis de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, entre otros y otras personas que eran investigadas. La defensa realizó un pedido de nulidad ante la Cámara, por lo tanto la causa no avanzó, quedó en auto-imputación sin materializar por el pedido de nulidad de la defensa.  

“…Y como yo digo siempre. Aquellos policías que pensaban que podían ser impunes y corruptos para siempre y esperar que nosotros nos fuéramos, a ver si venía un gobierno con los que podían arreglar. A los que todavía no encontramos, saben hoy que están sobre una baldosa, pero no sobre una vereda. Porque ya nadie los sostiene. Y saben que si los encontramos se van. Y ese es un cambio por primera vez en la policía de la Provincia”, expresaba Vidal, el 15 de mayo de 2018 en el Instituto Hannah Arendt entrevistada por la entonces diputada Elisa Carrió.  Se refería así a la supuesta lucha contra las mafias policiales que Berra venía a combatir, a pesar de tener en su plantel a Maldonado que había sido investigado por la Justicia por su presunta responsabilidad en diversos delitos. 

Operación 

La idea de que desde la Auditoría de Asuntos Internos de la policía de la provincia de Buenos Aires se estaba realizando una “lucha contra las mafias” se instaló fácilmente. No fueron pocos lo que creyeron que Berra se animó a cortar “los negocios” de la policía provincial. Surgían operaciones al respecto que los medios reflejaban, aunque después nada sucediera, como ocurrió con la nota publicada en el diario La Nación el 30 de julio de 2017. “Analizan la intervención de una comisaría por ayudar a piratas del asfalto”, era el título de la nota. Su bajada decía: “El Ministerio de Seguridad bonaerense recibió informes sobre irregularidades en la seccional 2a. de Ramallo”. El cuerpo de la noticia expresaba: “El Ministerio de Seguridad bonaerense podría desplazar, en las próximas horas a los jefes de la comisaría 2a. del municipio de Ramallo a raíz de una denuncia que sostiene que integrantes de esa seccional habrían liberado tramos de la ruta 9 para que operen ‘libremente’ distintas bandas de piratas del asfalto”, expresaba la nota escrita por Jesús Cornejo.  

Según sostenía la nota Berra “abrió un sumario y dio curso a una investigación: hubo cruces de datos y anteayer requisaron la seccional y secuestraron documentación vinculada con el expediente y los libros de guardia de la seccional policial de Ramallo”. En otro párrafo decía: "Estuvimos trabajando hasta última hora de la noche y descubrimos que se adulteraron los odómetros para pasar vales de combustible truchos y planillas con irregularidades en las horas de servicios adicionales. Avanzamos en el plano de las incongruencias administrativas detectadas, pero también se investiga la supuesta connivencia de delincuentes con policías que incluso podría alcanzar a funcionarios judiciales de la zona", sostuvo a La Nación un estrecho colaborador de Berra, aunque la realidad era muy distinta. 

El subcomisario de la comisaría segunda de Villa Ramallo por ese entonces era Cristian Ponce que estaba en funciones hacía algunos meses desde la publicación del diario La Nación y no existió ningún hecho de piratería del asfalto ni cuando el diario publicó la operación de Asuntos Internos, ni en meses anteriores. Si bien era cierto que Asuntos Internos estuvo en la comisaría, nada de lo que al diario La Nación le informaron fuentes directas del titular Guillermo Berra era cierto. “Berra quiere indagar en los vínculos que algunos policías de la comisaría  podrían estar teniendo con delincuentes de la región”, decía la nota de La Nación pero la realidad fue que ningún efectivo fue indagado al respecto sobre el “supuesto delito”, que anunciaban desde Asuntos Internos al diario. 

El diario La Nación compraba así la operación de Asuntos Internos: “‘En la denuncia también se advierte que además de las zonas liberadas algunos efectivos habrían participado de allanamientos truchos. Básicamente se pedían procedimientos sin ningún motivo judicial, por eso se indaga en los vínculos no solo con el mundo del hampa, también con la justicia’, dijo un investigador de Asuntos Internos…”. Pero lo que pasó fue muy distinto. La presencia de Asuntos Internos en la comisaría segunda de Villa Ramallo se llevó adelante como un procedimiento más. Se llevaron copia del libro de guardia, del libro de presentismo, y de las horas Cores y también copia de la última rendición del combustible designado a los móviles. Uno de los efectivos que conformaban la comisión de Asuntos Internos comprobó que los móviles que figuraban eran los que efectivamente estaban en servicio. No existió ninguna anomalía en la inspección ni tampoco después de lo publicado por el diario. Pero La Nación expresaban que desde la comisaría se "vendían allanamientos y cuidaban a cacos por amistad, avisándoles que les iban a caer en sus búnkeres, para que se vayan o directamente reventaban otros domicilios, todo a cambio de vueltos", según su fuente que era Asuntos Internos. 

El propósito de instalar que existía una comisaría-de un municipio donde gobernaba la oposición-, que se dedicaba a dejar zonas liberadas para el libre obrar de piratas del asfalto no hacía más que dejar en el imaginario social que toda esa operación delictiva se podía hacer si el Intendente por acción u omisión lo permitía. El por entonces concejal del PRO- actual intendente de Ramallo-, Gustavo Perie aprovechaba esa instalación mediática realizada por Asuntos Internos de la policía del gobierno de Vidal en el diario La Nación para utilizarla políticamente como disparo al intendente peronista Mauro Poletti. “En Ramallo hay zonas liberadas”, fue el título del medio Ramallo Ciudad el 4 de abril de 2018. La nota decía en sus primeras dos líneas: “El concejal de Cambiemos, Gustavo Perie, denunció que en Ramallo existen zonas liberadas por la policía para delinquir. Lo hizo durante su discurso en la apertura de sesiones”.   

De esa manera, la operación de Asuntos Internos a través de una nota en el diario La Nación era utilizada políticamente por el dirigente del PRO local para realizar un ataque hacia el intendente peronista Mauro Poletti. Después de la nota publicada no existió ningún tipo de intervención de Asuntos Internos para terminar con la supuesta connivencia con el delito que tenía la comisaría segunda de Villa Ramallo según el diario. Los policías mencionados en la nota de La Nación siguieron en funciones, ninguno de ellos fue siquiera sumariado, porque todo se trató de una mentira instalada. Así funcionó Asuntos Internos con Guillermo Berra y el ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo, que realizaron operaciones para instalar la idea de lucha contra las mafias, mientras contrataban a un policía federal denunciado y con causas penales concretas por delitos de coimas amparando la prostitución y la Trata de Personas.