Gabriel Fuks: "Hay que volver a pensar en un nuevo modelo de policía"

Por Martin Massad y Juan Cruz Guido  | Foto Analía Garelli

AGENCIA PACO URONDO: ¿Cuáles son tus impresiones sobre los levantamientos policiales de la Provincia de Buenos aires?  

Gabriel Fucks: Se escucharon muchas voces y me parece importante analizar en frío algunos aspectos. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la pandemia tiene un impacto muy fuerte, porque en condiciones de vida normales de las fuerzas de seguridad provinciales existen mecanismos, incluso previstos en muchos casos, que son por ejemplo, las compensaciones que refieren a mecanismos adicionales, de vigilancia por fuera del plan regular, etc., que desde hace seis meses están desaparecidos. Es decir, el problema del atraso salarial al cual venía sometido la policía bonaerense viene produciéndose desde años atrás. Respecto a esto, incluso hay estudios que revelan que el año de mayor caída salarial en el empleo público fue el 2018 y aún no se ha podido recuperarse. Esta situación se vio desenmascarada fuertemente por la ausencia de mecanismos financieros o salariales que suelen enmascarar estas caídas de ingresos.

Sin embargo, también hay que tener en cuenta que la pandemia generó un realineamiento y una demanda de las policías y de las fuerzas de seguridad, que en general respondieron muy bien. Especialmente, las fuerzas federales que, a mi modo de ver, tuvieron mayor capacidad de aprovechamiento, ya que en esta situación inédita las fuerzas de seguridad ejercieron un control territorial férreo y estricto en nombre de un consenso de más del 95% de la población. Si lo pensamos en términos de análisis ideológicos y doctrinarios, es una situación totalmente inédita, ya que en general, cuando esto se ha producido, ha sido por movimientos de otro tipo o situaciones en las que no existían esos altos niveles de consenso social, sino todo lo contrario. Este reencuentro con la sociedad tuvo en la provincia de Buenos Aires un grado menor, en tanto la policía bonaerense no acompañó tan fuertemente, sino que se dio más en el caso de las policías y las intendencias locales.

Otro tema importante es que durante este proceso, aunque esto no es en toda la Bonaerense, pero hay algún sector, la recaudación ilegal también desapareció. Esto lo han mencionado las propias autoridades, tanto anteriores como actuales, de la provincia de Buenos Aires, respecto a que hay un segmento de la recaudación ilegal que también tendía a enmascarar ese movimiento regulatorio y que desapareció.  En síntesis, hay un contexto que muestra una caída muy fuerte del salario, elemento que hace que este impacto sea mayor. Es  decir,  que normalmente, con adicionales, a pesar de que las horas vinculadas con los adicionales era muy bajo en la provincia de Buenos Aires, ello llegaba a poner en el bolsillo de un policía de baja graduación unos diez o quince mil pesos, pero en muchos casos esto también desapareció.

APU: Durante la gestión de María Eugenia Vidal hubo una caída del salario real que ronda el 30%, y esto para un trabajador implica una recaída importante. ¿Qué opinión le merece esto?

G.F.: Además de la reducción del salario y un nivel de demanda mucho menor, acá también hay un problema objetivo, que muchos analistas han planteado, que refiere a los distintos escalafones que se fueron generando con las diferentes policías y que se fueron construyendo en la época de Arslanian hasta el presente, y que en ningún momento lograron, pese incluso a que hubo en la actual gestión Kicillof un intento, de reconcentrar y vertebrar el mando de todo esto que no llegó a ejecutarse. También esto es un problema grave.

Es decir, existen problemas objetivos, también a nivel nacional, donde hay una caída y un deterioro del empleo público que viene especialmente de los dos últimos años del gobierno de Macri. La situación de la pandemia vino a complejizar esta realidad, más allá de todos los esfuerzos que el gobierno ha venido desarrollando, principalmente a nivel nacional, en los sectores más vulnerables y golpeados de la sociedad a través de diferentes medidas de emergencia.

APU: ¿Cuál es la situación de las fuerzas de seguridad a nivel nacional?

G.F.: En este contexto, está la necesidad de pensar mecanismos y salidas, pero lo primero que hay que hacer es reconocer que hay un problema. Es decir, esto se veía venir no solo en la provincia de Buenos Aires, ya que hubo aproximadamente ocho conflictos salariales en la misma semana en distintas policías provinciales. Algunas de estas últimas tuvieron un estrés mucho mayor durante el periodo de pandemia, como por ejemplo el caso de la policía de Chaco, donde hubo un descabezamiento de la cúpula por la crisis que se dio por el tema con los Qom. Este avasallamiento fue un escándalo a nivel nacional y fue un icono de algunos elementos de violencia institucional. Esto hizo que la cúpula policial chaqueña pidiera la reincorporación una vez que se sustanció el sumario de los policías involucrados. El gobernador se negó a eso, y abrió una investigación, siendo querellante la propia provincia. Hubo una resistencia de la cúpula policial y entonces el gobernador cortó totalmente esa cúpula policial.

Desde la Nación teníamos un poco de temor de que un reclamo salarial montado en una crisis de este tipo no pueda resolverse. Sin embargo, en un día se creó una suerte de mesa técnica salarial y se logró un mecanismo de recomposición que fue aceptado en Misiones, en Jujuy, La Rioja, etc. Creo, entonces, que habría que haber hecho un reconocimiento de este problema con mayor anticipación y un análisis del mismo.

Recordemos que la policía de la provincia de Buenos Aires tiene 100 mil hombres, es decir es un ejército voluminoso, a pesar de sus bajas capacidades para algunas cuestiones, como muchos critican. Hay una idea en América Latina, desde hace un tiempo, de que estos golpes blandos o protogolpes de Estado, en los cuales las fuerzas armadas no aparecen como actores principales como en otras épocas, han producido en todos los países un reacomodamiento del rol de las fuerzas armadas y en algunos casos de las fuerzas de seguridad, como por ejemplo, lo que pasó en Ecuador o Bolivia.

APU: El conflicto con las fuerzas de seguridad puso nuevamente en agenda el tema de la sindicalización. ¿Cuál es su análisis al respecto?

G.F.: Existe un punto importante que refiere a que la democracia tiene una deuda. Nosotros durante la campaña debatimos este tema, que es el problema de la sindicalización de las fuerzas. En esto creo que es necesario tener herramientas más modernas y específicas para discutir los mecanismos de bienestar, el salario y las condiciones laborales de las fuerzas de seguridad, y empezar a vincularlos un poco más a lo que es un trabajador.

Por supuesto que no es un tema sencillo, ya que requiere una reformulación, pero quizás haya que pensar no sé si estrictamente en un sindicato, pero en algo similar. Por ejemplo, en Europa está lleno de sindicatos policiales, y dentro de la región hay sindicalismo policial en Uruguay. En Brasil solo la policía federal tiene un mecanismo de sindicalización, pero no tienen capacidad de hacer huelgas y movilización, sino que simplemente son estructuras para discutir las cuestiones salariales y las condiciones laborales.

En Argentina, existe una estructura similar en la provincia de Santa Cruz, que está reconocida por la ley. Hay otras herramientas como, por ejemplo, la ley 5688 que creó la Policía de la Ciudad, que hoy es un tema de discusión. Esta ley introduce la figura del “defensor policial”, que luego no se puso en marcha. Hay que aclarar que no es un defensor de los policías que se encuentran sancionados, sino que es un defensor de derechos laborales y sociales, y así está pensado ese rol. Es decir, es una estructura externa a la policía que realiza un seguimiento de este tipo de problemáticas.

APU: En la reforma de la policía de la Provincia de Buenos Aires se menciona la ampliación de la planta de policías, ¿considera que es necesario que haya más policías o hay que hacer una reestructuración en la cual se le pague mejor a los que están y se exonere a los que no deben estar?    

G.F.: Creo que estas son decisiones políticas, y a la luz de todo lo sucedido y de la nueva estructura de recursos con los que van a contar, tendrá que tomar decisiones el gobernador de la Provincia. Por el momento, es pronto para aventurarse en una postura. Lo que está claro es que hay que volver a pensar en un nuevo modelo de policía, porque otras de las cuestiones que siempre están en la agenda es que para garantizar la seguridad en el conurbano es necesario contar con fuerzas federales de seguridad, disponiendo de 100 mil agentes y de recursos. Habrá que buscar un mecanismo porque también están las discusiones y debates que nosotros venimos dándonos sobre la seguridad hace muchos años respecto a que las fuerzas de seguridad están cumpliendo roles que no son los roles para los que fueron creadas. Es decir, la gendarmería fue creada para custodiar las fronteras, el territorio y objetivos específicos federales. La prefectura fue creada para cuidarnos de la pesca ilegal, y también para el cuidado de nuestros ríos y humedales. La policía de seguridad aeroportuaria, por su parte, fue creada para garantizar la seguridad en los aeropuertos. Respecto a la nueva policía federal, nosotros creemos que tiene que estar vinculada con investigaciones específicas, más vinculadas a temas de inteligencia criminal que a una policía de territorio, que deberían ser las provinciales y locales, que son efectivamente las que tienen que estar en el territorio.

Esta situación de que hacen falta gendarmes aquí y allá, lo que nosotros llamamos “un delivery de gendarmes”, atenta contra una estructura de seguridad democrática a nivel nacional. Entonces, ahora que hay fondos que van a permitir equiparar los salarios con una de las fuerzas mejores pagas, que es la Policía Federal Argentina, es oportuno pensar en esa dirección.

APU: ¿Cómo vio el debate en torno a la coparticipación?

G.F.: En primer lugar, lo que pasó, en términos de capacidades, fue más o menos parcial. Hubo un traspaso de personal que ejercía en la calle. El primer listado no terminó siendo el definitivo, fue una negociación en la que incluso hay algunos que todavía hoy se siguen planteando si es necesario rever. Lo que hubo fue una gran transferencia de recursos, especialmente en las comisarías, que no están contabilizados. Se habla solamente de porcentaje de coparticipación, es decir, el aumento de 1,75%, pero no se está mencionando el volumen de elementos específicos que tendrían que estar en la cuenta. Desde el punto de vista de recurso, la actual Policía Federal mantiene una excelente capacidad de recurso investigativo, tienen agencias que son, desde el punto de vista tecnológico y de capacidad de sus efectivos, muy buenas.

Nosotros estamos trabajando, junto con la policía, para pensar esta nueva policía, que no va a ser tan distinta pero va a tener mayor incidencia en las fases investigativas. No sé si será como el FBI o como la policía chilena, o será un modelo argentino, todo esto se está discutiendo en este momento y es factible. Las fuerzas de seguridad territoriales tienen que comenzar a hacer una capacitación distinta. No tiene mucho sentido tampoco que, por ejemplo, en los puntos calientes, como en la propia ciudad de Buenos Aires, donde hay un despliegue muy importante más de mil gendarmes y prefectos cuidando la Villa  21.24, Fátima o la 1.11.14, es decir en los puntos calientes, sean necesarias fuerzas federales en una ciudad que tiene más de 30 mil efectivos de policías para 3 millones de personas. Y que sea lo mismo que en la provincia de Buenos Aires o Santa Fe, donde pareciera ser que si no están estas fuerzas federales no sería posible combatir el crimen y tener un despliegue adecuado.

En síntesis, en algún momento esto deberá ir terminando y las fuerzas federales deberán volver a las tareas que les corresponda, que no tienen que ver con ser solo un complemento de la seguridad ciudadana en el territorio.