Córdoba: 20 años del asesinato de Rafael Raimundo Loyola

Por Diego Moneta

La madrugada del 11 de mayo de 2001 el policía subayudante Aldo Walter Aráoz patrullaba en un móvil en compañía de otro efectivo, por la intersección de la calle Sarmiento y la Ruta Nacional 38 en Cruz del Eje, Córdoba. Divisó a un individuo que, según su versión, circulaba en “actitud sospechosa” por lo que comenzó a perseguirlo con escopeta en mano. Luego de un primer disparo intimidatorio, un segundo tiro a diez metros de distancia mató en el acto y por la espalda a Rafael Raimundo Loyola, quien se encontraba desarmado.

Tanto la instrucción de la causa, a cargo de la fiscal de Cosquín María Alejandra Hillman, como la Cámara Criminal y Correccional de Cruz del Eje descartaron lo planteado por el policía. Aráoz había asegurado que había actuado en legítima defensa, que el arma se disparó al agacharse y que creyó que la escopeta sólo tenía cartuchos de goma. Los elementos probatorios nunca comprobaron su versión, sino que la contradijeron.

En 2005, los camaristas Clara Luna de Manzano, Ricardo Py y Rogelio Archilla, en juicio abreviado, encontraron al subayudante Aráoz “penalmente responsable del delito de homicidio con exceso en el legítimo ejercicio de la ley y la autoridad” por la muerte de Loyola. De esa manera, lo sentenciaron a tres años de prisión en forma condicional y a seis años de inhabilitación especial para ejercer funciones públicas que requieran el empleo de armas de fuego. También le prohibieron mudarse de su domicilio y le impusieron tareas comunitarias municipales por un plazo de tres años. Por último, condenaron a la Provincia de Córdoba al pago de una suma resarcitoria a los familiares del asesinado en concepto de daño moral.

La situación provincial

Durante los últimos años destacaron particularmente en Córdoba distintos casos de violencia institucional, en especial durante el aislamiento preventivo por el coronavirus, lo que desembocó en el reclamo anual que se lleva a cabo en la conocida Marcha de la Gorra. Además, con el propósito de producir información pública, fiable y sistematizada, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba desarrolló un mapa interactivo que registra diversos hechos en la materia desde la recreación del Ministerio de Seguridad provincial, con actualizaciones cuatrimestrales.

Entre los casos más resonantes podemos destacar el de Ismael Sosa, joven asesinado luego de asistir a un recital de La Renga, o la detención de 350 inocentes en operativos de seguridad durante un único fin de semana, ambos de 2015. Más cercano en el tiempo, la lista acumula cantidad y variedad: allanamientos masivos, detenciones arbitrarias, persecución a estudiantes universitarios e incluso presiones a periodistas. Las prácticas de violencia institucional se profundizaron en el contexto de las medidas de prevención de la pandemia.

A comienzos de noviembre del año pasado, ya se contabilizaban al menos siete casos en los que la intervención de las fuerzas de seguridad terminó con particulares muertos, lo que incrementó los reclamos al gobernador Juan Schiaretti, más allá de la mera presentación de distintos protocolos: Gastón Miranda, Fabián Perea, Franco Sosa, Osvaldo Velázquez, José Ávila, Valentino Blas Correas y Joaquín Paredes. Todos ejemplos que demuestran no sólo el accionar de la Policía de Córdoba sino también su voluntad por alterar las escenas del crimen, lo que se suma a la continuación de actividades a pesar de los hechos. Una vez más, la necesidad de legislar en materia de violencia institucional y su urgente adopción por parte de las provincias se hace evidente.