Juicio por la Masacre de Napalpí: “Es un acto de liberación para poder comenzar a reconstruir la memoria”

Por Diego Moneta

El 19 de abril ya no era una fecha más para la comunidad Qom y Moqoit en Chaco. Al Día del Aborigen Americano -por el primer Congreso Indigenista Interamericano en México en 1940, donde los Estados americanos suscribieron el Documento de Pátzcuaro-, se sumó el comienzo del Juicio por la Verdad por la Masacre de Napalpí. Los pueblos originarios, el involucramiento de la aviación y el antecedente de los procesos contra la dictadura durante los 90. AGENCIA PACO URONDO dialogó con Alejandro Covello, testigo en el juicio, que escribió diversos libros sobre la Aviación en Argentina, entre ellos Batallas Aéreas. Aviación, política y violencia. Argentina 1910-1955 (Editorial Ciccus). El investigador afirma que su uso violento fue para “castigo, escarmiento y terror” sobre un otro, en este caso el indigena. 

Alejandro comenzó estudiando un hecho “único en la historia mundial”: el bombardeo a la ciudad abierta de Buenos Aires el 16 de junio de 1955. Inédito porque nuestro país “no estaba en guerra civil o contra extranjeros, ni tampoco había convulsión política en las calles”. A partir de allí, decide investigar sobre la participación del avión con armamento de guerra. Primero encuentra que la Liga Patriótica Argentina -grupo paramilitar protagonista de la Semana Trágica- contaba con una brigada de aviadores y luego se topa con el rol del artefacto en la Masacre de Napalpí. “Un avión concedido a una institución civil con fines de fomento, volado por un piloto militar a pedido del gobernador y que en el asiento trasero volaba con un fusil a modo de artillero un civil estadounidense”, explicó Covello. “Se inauguraba su participación en hechos de represión, masacres y lesa humanidad”, enfatizó. 

La Masacre de Napalpí

En el marco de la fiebre por el “oro blanco” -algodón-, los ingleses se habían quedado sin materia prima para su industria textil por la Guerra de Secesión en Estados Unidos y una plaga de picudo algodonero en India. En Argentina, Paraguay y el sur de Brasil hallaron campos propicios y “mano de obra barata” indígena. El ingreso de colonos fue impulsado por el presidente radical Marcelo Torcuato de Alvear, que permitió la expansión inglesa sobre tierras fiscales. En el Territorio Nacional del Chaco -actual Colonia Aborigen Chaco- se talaron montes para plantar caña y algodón. En 1911 se había creado la Reducción Napalpí, dependiente del Ministerio de Agricultura y luego del Ministerio del Interior, por decisión del socialista Enrique Arribálzaga que presidía la Comisión Protectora del Indio. El objetivo era transformar a los integrantes de las comunidades en trabajadores por jornal. 

En nuestro país hubo cuatro reducciones, vistas como “espacios de civilización” si bien funcionaban para la concentración de población indígena -las tres restantes en Formosa-. El Estado las entendía como etapa superadora a las campañas militares -que siguieron hasta 1938-, pero la vigilancia y el sometimiento perduraban. Se ejercía control sobre los ingresantes a partir de deudas impagables y torturas realizadas por capataces y fuerzas policiales. En ese contexto, entrada la década de 1920, por distintas razones la tensión iba en aumento. Al trato inhumano se sumó el bloqueo a salir de la zona, ya que era una práctica habitual rotar de trabajos, y la aplicación de un impuesto a su cosecha, decisiones tomadas por el gobernador interventor, Fernando Centeno, y por el administrador de la Reducción, Mario Arigó. Las comunidades indígenas decidieron sublevarse.

En el marco de la primera y única huelga agraria aborigen que conoce el país, Centeno negociaba para llegar a un acuerdo pero, por otro lado, alistaba a las fuerzas represivas. El aporte de la prensa durante el proceso fue determinante, anunciando “malones y saqueos” contra los pueblos de la zona. En ese contexto, el 19 de julio de 1924 la represión desatada durante varios días terminaría con alrededor de mil muertes, aunque la cifra no es exacta porque la matanza nunca fue investigada. La Policía del Territorio chaqueño, Gendarmería Nacional y civiles armados con carabinas del Ejército llevaron a cabo la persecución y masacre de menores, mujeres embarazadas y mayores. La justificación oficial fue un enfrentamiento entre etnias y para con las fuerzas de seguridad, pero no hubo ningún herido de parte de los agresores y ningún toba o mocoví declaró formalmente.

El elemento novedoso es que se perpetró el primer ataque aéreo contra civiles. “Los primeros en utilizar la aviación como artefacto militar fueron países símbolos de ilustración y tecnología”, postula Covello, y agrega: “La civilización tiene la obligación de extenderse contra la barbarie”, por lo que se usó “en las colonias contra pueblos que tenían la intención de independizarse y a los cuales les habían quitado sus tierras”, como en el caso chaqueño. Esa mañana el avión Curtiss Jenny Chaco, proporcionado por Agustín Cabal, presidente del Aeroclub Chaco -que hasta hoy lo niega-, salió comandado por Emilio Esquivel, asistido por el civil estadounidense Juan Browls, formado en el mismo Aeroclub. Arrojaron caramelos para situar a las comunidades en campo abierto y luego dispararon y rociaron el monte con sustancias químicas para producir incendios. La práctica abriría paso a la Masacre de Rincón Bomba sobre el pueblo pilagá en Formosa en 1947, al bombardeo a la Plaza de Mayo en 1955 y a los vuelos de la muerte con participación militar, civil y extranjera. Cientas de familias fueron otra vez desmembradas, tras ser forzadas a relocalizarse, y el terror sigue operando dada la reticencia a decir que son de Napalpí y a hablar su lengua. 

Extenso recorrido judicial

En ese momento, sólo Vicente Carmelo Gallo, ministro del Interior, debió comparecer ante el Congreso de la Nación pero ninguna medida fue votada dada la mayoría radical que bloqueó el pedido de destitución del funcionario y la creación de comisión investigadora. Días después, en el Diario de Sesiones se incorporó un informe sobre los sucesos en Napalpí a cargo del diputado socialista Francisco Pérez Leirós, aunque identificándose de otra manera para protegerse. Las denuncias estuvieron sepultadas hasta que en 1999 el legislador chaqueño Claudio Mendoza propuso declarar el 19 de julio como el Día de los Derechos de las Poblaciones Aborígenes Argentinas, aunque sólo obtuvo media sanción.

El quiebre fue en 2008. El gobernador Jorge Capitanich se disculpó con las comunidades durante el cumpleaños de Melitona Enrique, una de las sobrevivientes. En 2005 los tobas y mocovíes habían presentado una demanda civil en concepto de reparación histórica. En paralelo, la Fiscalía provincial comenzó una investigación de oficio, encabezada por la Unidad de Derechos Humanos -hoy conformada por Carlos Martin Amad, Federico Carniel, Horacio Rodríguez, Patricio Sabadini y Diego Vigay-, que en 2014 adquirió carácter formal tras la recolección de testimonios de sobrevivientes y de familiares de víctimas, material periodístico audiovisual de los últimos años y de la época, investigaciones académicas y aportes de diversos especialistas. El Estado negó su responsabilidad, pero en marzo de 2021 la Cámara de Apelaciones de Resistencia le dio la razón a las comunidades.

En julio las secretarías de Derechos Humanos (DDHH) de la Nación y de Chaco señalizaron el lugar del hecho como sitio memoria, siendo parte de una campaña más general llevada adelante. Ese mismo mes la Unidad solicitó la realización de un Juicio por la Verdad, que el Juzgado Federal N°1 de Resistencia, a cargo de Zunilda Niremperger, avaló en septiembre. La Masacre de Napalpí se constituía como el primer crimen de Lesa Humanidad del siglo XX -en 2019 recibió la misma calificación la Masacre de Rincón Bomba-. 

Al igual que los procesos contra genocidas de la última dictadura en los 90, beneficiados con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, los responsables no pueden ser juzgados. En este caso, el presidente Alvear, el ministro Gallo, el gobernador Centeno, el administrador Arigó y hasta los jefes y efectivos de la dotaciones de Napalpí, Quitilipi y Roque Sáenz Peña de la Policía de Chaco, de la Policía de Territorios Nacionales y de Gendarmería, están muertos. El proceso sirve entonces para establecer la responsabilidad del Estado y para resignificar la valoración de los hechos individual y colectivamente.

Cronograma

El mes pasado la jueza Niremperger admitió las querellas del Ministerio Público Fiscal, de la Defensoría Pública Oficial de la Víctima, del Instituto del Aborigen Chaqueño y de la Secretaría de DDHH y Géneros de Chaco, que propuso transmitir el juicio a través de redes sociales. La audiencia de apertura se llevó a cabo el 19 de abril en la Casa de las Culturas de Resistencia, en donde se escucharon los alegatos iniciales y los registros audiovisuales del historiador qom Juan Chico y de los sobrevivientes Pedro Balquinta y Rosa Grillo -que aún vive-. Covello considera de gran trascendencia el proceso ya que “rescata un hecho omitido y tergiversado por la historia y la política durante casi un siglo”. “Permite darle voz a aquellos que debieron callar ante tanta muerte, lo que es un acto de liberación de los pueblos originarios atacados y para poder comenzar a construir la memoria”, completa.

El 26 se reprodujeron las entrevistas a las sobrevivientes Melitona Enrique y Rosa Chara y brindaron su testimonio como familiares Ramona Pinay y Florencio Ruíz, las investigadoras Graciela Bergallo, Mariana Giordano y Neri Romero, y quienes acompañaron en su labor a Chico, Analía Noriega y David García -presidente de la Fundación Napalpí-. Al día siguiente se sumaron los testimonios filmados de Mario Yrigoyen y Felipa Laleqori y la declaración de diversos investigadores. El 3 de mayo, en la Casa de las Culturas de Machagai, tocará el turno de descendientes de sobrevivientes y de investigadores qom y mocovíes. 

Las audiencias del 10 y 11 de mayo tendrán lugar en el Centro Cultural Haroldo Conti, en el Espacio por la Memoria de la ex Escuela Mecánica de la Armada (ESMA). Declararán investigadores y especialistas, entre los que se incluyen el propio Covello, Diana Lenton y Eugenio Raúl Zaffaroni, entre otros. Por último, el 19 de mayo serán los alegatos de la Fiscalía y las querellas, nuevamente, en la Casa de las Culturas de Resistencia. “A partir de la verdad se pueden construir hechos históricos omitidos y la historia está, entre otras cosas, para poder entender nuestro presente”, señaló Covello. El proceso abre la puerta para visibilizar otras circunstancias de vida e históricas que atraviesan a las comunidades indígenas, que en gran parte no están incluidas ni reconocidas en la organización del país. “Los ciudadanos y la república siempre nos debemos la verdad”, finalizó el investigador.