Javier Bedia Prado: “La violencia en Perú se encuentra en su punto más alto”

AGENCIA PACO URONDO conversó con el periodista peruano Javier Bedia Prado sobre la situación institucional en su país. Cabe recordar que en Perú, un gobierno de facto tomó el poder después de la salida de Pedro Castillo. Ante las distintas manifestaciones de protesta, la policía reprimió al pueblo generando casi 60 muertos

Agencia Paco Urondo: Las noticias llegan a nuestro país a cuentagotas ¿Continúan las represiones a los manifestantes en Perú?

Javier Bedia Prado: La represión policial, en estos días, se encuentra en sus puntos más altos. En Lima no se puede movilizar nadie, el centro de la ciudad está copado por policías y militares para evitar las concentraciones. Ayer y hoy llegaron de provincias, sobre todo del sur andino. Es en esas provincias donde las manifestaciones no se han detenido nunca. Allí, la frontera con Bolivia estuvo bloqueada muchas semanas. Hay dos escenarios muy marcados: en provincias y en Lima. En provincias es más fuerte la manifestación y la represión; en Lima ha disminuido por la presencia policial y la represión es menos fuerte. Los casi 60 muertos se cuentan todos, excepto 1, en provincias.

APU: Pongamos en contexto. ¿Cuánto hace de la destitución de Castillo?

J.B.P.: El 7 de diciembre comenzó el gobierno de facto de Dina Boluarte. En sus primeros 60 días, habiendo 20 de tregua por las fiestas, ya se contaban 60 asesinatos, personas fallecidas por impactos de bala y algunos más por accidentes relacionados al bloqueo. Es la cifra que manejan los organismos oficiales de Derechos Humanos. En las últimas semanas no ha habido represiones brutales, sí heridos. Más bien ha virado a otra forma: la persecución a dirigentes políticos está fortísima. Están yendo por ahí desde hace varias semanas. Hay un proyecto para fortalecer las penas que buscan criminalizar más la protesta.

APU: Los movimientos que salieron a manifestarse ¿Piden la restitución de Castillo, nuevas elecciones? ¿Cuál es la agenda de reclamos?

J.B.P.: El pedido que une a todas las regiones es la renuncia de Boluarte, el adelanto de elecciones para este año es innegociable, la instalación de una asamblea constituyente. Esos son los 3 pedidos por unanimidad. El cierre de este Congreso, que tendría que ser consecuencia resultante. Los organismos electorales ya dijeron que se podía llamar a votación en sólo 6 meses, desde diciembre. Y en estas semanas, el Congreso (quien ha movilizado este golpe) ha aprobado reformas para ser ellos quienes puedan elegir o destituir a las cabezas de los organismos electorales, quienes son los que se encargan de organizar y supervisar los sufragios. Con esto quieren decir que si en una próxima elección, ellos quieren volver a acusar fraude como lo hicieron con Castillo y retrasar su nombramiento durante meses, lo van a poder hacer.

APU: ¿Crees que va a haber elecciones este año?

J.B.P.: No. Ahora, anoche, la Embajada de Estados Unidos le ha pedido a Boluarte, por primera vez, ha pedido que adelante las elecciones, que hagan caso del pedido popular, cuando hasta aquí vino mostrando apoyo al gobierno de facto. Entonces, eso va a tener repercusiones en los próximos días.

APU: Ves un cambio en la estrategia de Estados Unidos que siempre ordena a gobiernos como éste, con perfil de derecha. Decís que la gente no pide por Castillo sino por las elecciones ¿Cuál es el análisis que la población, en general, piensa sobre lo que pasó con el expresidente?

J.B.P.: Hay una motivación para reivindicarlo, por sectores. Su restitución sí es un pedido fuerte en el sur, en el centro, en las regiones donde votaron mayoritariamente por él. El resto del país es más pragmático: nuevas elecciones, Constitución, chau Boluarte, chau Congreso. El balance general es que hubo errores, hubo aciertos, pero no debió renunciar. Hace unos días salió una encuesta donde el 60%, por primera vez, reconoce que hubo un golpe contra Castillo. Esto es clave, porque la narrativa de acusarlo de golpista y dictador, cuando intenta cerrar el Congreso, a mucha gente le dio la posibilidad de decir “bueno, si, tenía intenciones golpistas porque cerró el Congreso”. Y mucha gente olvidaba que ese Congreso te estaba queriendo destituir. Que por primera vez, una encuesta de los grupos vinculados a los medios grandes que ya no pueden tapar el descontento arroje esto, te da más o menos un panorama de percepción hacia él.

APU: Y Boluarte ¿quién es? 

J.B.P.: Viene de ser vicepresidenta de Castillo, invitada a la plancha presidencial. Eso sí, tenía carrera académica de servidora pública vinculada a movimientos populares. Llega con un discurso proandino, premovimientos populares, pero parece que no era así. Incluso desde días antes del cierre del Congreso, tenían el entramado judicial armado para que ella no pudiera asumir en caso de vacancia de Castillo. Curiosamente, días antes, a Boluarte la limpian de ese proceso. Lo que leemos es que hubo un acuerdo para limpiarla y que ella pueda asumir la presidencia. Si está manejando esto es porque debe favores judiciales. Sus discursos han sido, cada vez, más desconectados de la realidad: criminalización de la protesta, victimización.

APU: ¿Cuál es la situación de Castillo?

J.B.P.: Está detenido, asesorado por un equipo de juristas, entre ellos argentinos con experiencia larga en Derecho Constitucional. Ha pedido a la Corte Interamericana su liberación y restitución. Es un caso complicado que se va a manejar en forma mediática, sobre todo para medir cómo se reacciona aquí. Va a ser muy difícil que salga. El poder judicial está captado por el fujimorismo, las derechas tradicionales. El Ministerio Público también está totalmente copado, la cabeza del mismo es una fiscal investigada por favorecer a narcotraficantes. Hay algo: creo que el gobierno no está resistiendo la protesta. Perú está paralizado, si no lo sabemos es porque los medios masivos no lo pasan.

APU: ¿Cuál es el contexto económico, cuál es la situación económica social en el país?

J.B.P.: Retrocedamos a la pandemia. El Perú fue uno de los países con más víctimas por cada 100 mil habitantes. 2 de los 3 del mundo, estábamos en el podio. A mí me tocó cubrir en los primeros meses los éxodos masivos de Lima a provincias. No había autobuses, mucha gente se fue caminando. Cientos de miles de personas que acampaba y seguía en la carretera. Eso nos habla de cuál era la burbuja de 20 años del supuesto milagro económico peruano. Las desigualdades eran tan grandes, los accesos a los servicios tan escasos, acostumbrados a vivir en precariedad. Atravesamos la pandemia en estado de coma. La elección del presidente tenía esa carga de responsabilidad para la reactivación de la economía. Luego nos encontramos con períodos de subida y baja del dólar, la guerra, una serie de factores económicos de los que han querido responsabilizar a Castillo. Incluso con un montón de factores en contra, la economía está perfecta, ahora, para los medios. En pandemia se reveló la cifra de trabajo informal en Perú y era del 70 %. Eso no ha cambiado ni va a cambiar en mucho tiempo. Es fuerte.

APU: Y ese sector es el que apoyaba a Castillo ¿Él tuvo políticas específicas para ese sector? ¿Cómo analizas su gobierno? Teniendo en cuentas las salvedades del contexto adverso.

J.B.P.: Más allá de los bonos y las cuestiones propias de emergencias, hubo políticas concretas que buscaron desactivar o pedirle cuentas a poderes que quedaron detenidas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con las deudas tributarias de las grandes empresas. Cientos de miles de millones de dólares que Castillo se había propuesto ejecutar, cobrar, y no se llegó a hacer. Él ya estaba avisando la situación de decenas de esas empresas que se les terminaba el contrato y que lo querían sacar porque había anunciado que no los iba a renovar. Tiene sentido, son contratos grandes con mineras, empresas energéticas. Había voluntad de un sector del gobierno de generar distintas condiciones, no hubo tiempo de ver un programa social. Hubo facilitamientos. Por cierto, el presidente del Banco Central es el mismo desde hace 3 gobiernos, para que imaginen el hilo tecnocrático. Mi lectura es que la economía se está usando constantemente como una herramienta de manipulación para acomodar las bondades o errores del gobierno.

APU: Las distintas manifestaciones que salen a la calle ¿están articuladas, detrás se puede generar un nuevo liderazgo o son, más bien, un movimiento disperso?

J.B.P.: Ambas vertientes. No está articulado a la manera tradicional, institucional, de los partidos políticos, la militancia organizada que piensa y trabaja en torno a la política real. Está organizada de manera autóctona, comunitaria. La parte más activa son los de provincias. A la manera de “todos decidimos, todos venimos”. Cuando he conversado con ellos les pregunto “¿hay un líder?”. “No, todos estamos aquí de manera horizontal”. La participación que te cuento es de comuneros indígenas, agricultores, rondas campesinas que se encargan de la seguridad en rondas rurales, cocacoleros, otros cultivos en el norte, frutos en la selva, ganaderos del sur. Su procedencia y forma de organización ha sido lo que en las ciudades es equivalente a la del barrio. La prensa dice que detrás está el aporte del narcotráfico y lo que tienes es gente sacando sus céntimos, sus soles, sus monedas más pequeñas para los pasajes y las comidas de las personas. Totalmente autogestada y sin bandera política. Con una posición clara, pero sin enarbolarla. Héctor Béjar, el primer ministro que la oposición hizo renunciar por su pasado guerrillero, hace unos días hizo la siguiente lectura: “El campo popular no tiene por qué ser de izquierda, es simplemente popular”. Eso pasa ahora en el Perú. Incluso en las ciudades donde es más desarticulada, los vecinos y vecinas juntándose en un lugar fuera de las universidades y gremios organizados. Son más espontáneas.

APU: Algo gravitante para pensar el campo popular son los sindicatos ¿Cómo es en Perú y cuál es su posicionamiento, en este momento?

J.B.P.: La impresión es que tienen algunos años de adormecimiento. En el golpe de noviembre de 2020, 21, en el que asesinaron a 2 chicos en Lima, semanas de represión dura, se reclamó su presencia. Nunca estuvieron. Desde ahí hasta las primeras semanas de la dictadura, fue más o menos parecida. Su participación en la vida política ha sido algo espectral en los últimos años. Castillo venía de un sindicato, de Educación, que llevó protestas fuertes, pero después se fue diluyendo la presencia sindical. En enero, uno de los sindicatos más emblemáticos (creo que la Central General de los Trabajadores del Perú), convocaron a un paro y luego se echaron atrás. Ha quedado una imagen de abandono, si bien hay pequeños sindicatos que están en la lucha permanentemente. Distinto en el sur, donde la decisión fue unánime: paro indefinido. También tenemos eso, diferentes posiciones por sectores. En estos días, donde los manifestantes se mueven desde distintas regiones hacia el centro (para ejemplificar el componente racista que tiene el estallido en el Perú) es que hay retenes de policías deteniendo a los manifestantes afuera de Lima, prácticamente no quieren que ingresen a la ciudad. Si tuvieran un pretexto legal, sólido, los encarcelan, pero los retienen horas para cansarlos y acá, en Lima, ya los detienen si salen a las calles. Es fuerte. Están llegando cada vez más porque va a haber comitivas. Hay un medio peruano que pueden seguir que se llama Pachamama Radio, trabaja información, al momento, de las protestas en las zonas más calientes.