La familia Ortega Peña responde al video gubernamental del 24 de marzo
-Pa ¿viste el video dónde nombran al abuelo?
El mensaje de whatsapp de mi hija mayor me ponía sobre la mesa algo que había intentado ignorar todo el día. Este último 24 de marzo, como cada año, había decidido marchar junto con compañeros y compañeras, y no ver el video guionado y filmado por el gobierno para el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justica al que le sumaron la palabra “Completa”.
Pero no me quedó otra que ir a la página de Casa Rosada para ver el video, que está precedido por un texto que vuelve sobre la avejentada teoría de los dos demonios como si el golpe de Estado no hubiera necesitado aplicar una política de sangre y terror para modificar la estructura económica de la Argentina e intentar sepultar el país industrial que se había construido con esfuerzo. Un asalto a la democracia que parecería que no puso a las y los trabajadores como enemigos ni les recortó los derechos consagrados por la Ley de Contrato de Trabajo y ni les ajustó los salarios en un 40 por ciento durante su primer año de crímenes.
El video, que produjo el gobierno de Milei y Villarruel, comienza con una frase de Milan Kundera que cita Juan Bautista Yofre, a quien presentan como “escritor” y evitan mencionar que fue Secretario de Inteligencia del Estado (SIDE) durante el gobierno de Carlos Menem.
Una de las primeras cosas que dice Yofre, que aclara que tiene quince libros escritos sobre “lo que vivió mi generación”, es que la política de reparación a las víctimas del terrorismo de Estado “se hizo por plata, el secretario de Derechos Humanos era Eduardo Luis Duhalde, que junto con su socio en el estudio Rodolfo Ortega Peña, eran los abogados del ERP. Y se hizo por plata, porque hubo un reconocimiento a quienes habían destrozado a la Argentina o a quienes iban a destrozar la Argentina y se quedaron con mucho dinero (…) estamos hablando de 200 mil dólares para cada uno”.
Esa frase, la crueldad de esa frase, me sorprendió porque no logré encontrar explicación para que Yofre dijera eso sobre mi padre, que fue asesinado por la Triple A el 31 de julio de 1974. Ese crimen estuvo en las tapas de los diarios de aquel entonces y generó un fuerte debate público porque para ese momento mi padre era diputado nacional. Antes había sido abogado de obreros, sindicatos, abogado de presos políticos de la dictadura de Lanusse, editor de libros, historiador, periodista, militante del peronismo.
Sería raro que Yofre desconociera quién fue mi padre. No sólo porque mi padre era uno de esos tipos de perfil alto, que nunca pasaba desapercibido y tenía participación en la vida política del país. Era parte de una generación sobre la que Yofre escribió quince libros.
Tampoco podría desconocer Yofre que las leyes reparatorias existentes -por las cuáles se pagaron las indemnizaciones que ahora impugna- fueron proclamadas por el gobierno de Menem quince años después del asesinato del diputado Ortega Peña. Proclamadas por el gobierno que él integró no sólo como titular de la SIDE, también como embajador argentino en Panamá y Portugal.
El relato es cruel. Yofre miente y lo sabe. Pero ¿por qué? O ¿para qué lo hace?
Parecería que la intención de Yofre es lastimar al cuerpo social que mantiene la figura de Ortega Peña como abogado laboralista, como defensor de presos políticos, como intelectual referente del peronismo revolucionario y como diputado nacional. Todas acciones que tienen como objetivo desprestigiar a los organismos de derechos humanos, deslegitimar los juicios de Lesa Humanidad, desacreditar a las representaciones legislativas, y desarticular la defensa de los derechos de las y los trabajadores flexibilizando los derechos laborales
Hay algo que también seguramente Yofre sabe, pero seguramente no la mayoría de quienes leen esta carta: como hijo de Rodolfo, junto con mi familia, compañeras y compañeros de militancia, impulsamos el juicio a José López Rega, que fue el jefe de la Triple A. Presentamos pruebas y testimonios para demostrar que la Triple A fue un aparato paraestatal que él comandó y logramos que quedara detenido, pero falleció en pleno proceso judicial.
Tiempo después, el gobierno que integró Yofre, promulgó la Ley 24.411 (de reparación para víctimas del terrorismo de Estado), donde se estableció que correspondía a las víctimas de crímenes cometidos desde el 24 de marzo de 1976, dejando por fuera a las víctimas de la Triple A. Fui a la Subsecretaria de Derechos Humanos y tuve una acalora discusión con quien estaba a cargo de esa dependencia, por la negativa del Estado de reconocer los delitos de las Tres A como estructura paraestatal.
Nuevamente nos presentamos como querellantes al Estado nacional para que reconociera su responsabilidad frente a las víctimas y familiares de la estructura paraestatal de las Tres A. Ganamos ese juicio tras una larga lucha en la Justicia.
Con la extradición de Rodolfo Almirón, uno de los integrantes de la banda que mató a mi padre, los delitos de la Triple A fueron declarados crímenes de lesa humanidad. Finalmente, en 2018, la Justicia Federal declaró a López Rega como jefe de la banda y autor mediato del asesinato de mi padre. Cuarenta y cuatro años después de su asesinato, y tras un largo camino, podemos decir que la verdad sobre la responsabilidad de las Tres A quedó demostrada.
Hoy tenemos que volver a presentarnos ante la Justicia para querellar al Estado nacional y a Yofre por el Derecho a la Verdad, la historia y memoria de Ortega Peña, que surgen de la narrativa cruel y mentirosa de su vocero, el Tata Yofre, que realiza para desacreditar las luchas colectivas que, en parte, se sintetizan en la figura de mi padre.
Al día de la fecha el Estado Nacional y Yofre han recibido las cartas documentos correspondientes a cada uno, sobre los hechos vertidos.