Mendoza: represalias y despidos en los medios de comunicación locales

Mendoza, por Eva Guevara, publicado en Revista 23 I Las actitudes hablan por sí solas. Los dueños de las empresas periodísticas de Mendoza rechazan la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo 17/75 con la misma tesitura que lo hicieron en 1976, es decir, con el mismo espíritu cerrado a cualquier bocanada de aire democrático y con el sesgo discriminador que barre como una escoba a todo aquel que reclama por sus derechos. En este caso se trata de quienes trabajan en los medios de comunicación y paradojalmente no pueden expresarse en ellos si son explotados ni dar la noticia sobre sus increíbles padecimientos.  

Diario Los Andes, Diario Uno, Canal 9, Canal 7, LV10 Radio de Cuyo, LV6 Radio Nihuil, Mdz, Sitio Andino, Diario El Ciudadano y una de las radios públicas, LV8 Radio Libertador, han sido denunciadas por atemorizar a sus trabajadores de prensa. Dichas denuncias surgen de los firmantes de PeA, Periodistas en Alerta, asociación exclusivamente abocada a lograr que las empresas de medios cumplan con el Convenio en todos sus artículos, incluido el 58 que establece la escala salarial.

El caso más alarmante es el de LV10 Radio de Cuyo, propiedad de Sigifredo Alonso. Semanas atrás se concretó una primera audiencia enla Subsecretaríade Trabajo de Mendoza dondela Asambleade Periodistas explicitó a los representantes legales de las empresas qué es lo que se estaba reclamando y bajo qué avales se le había solicitado a la autoridad laboral la intimación para hacerlos sujetos de las obligaciones del CCT y de inmediato, Sigifredo Alonso emprendió la venganza, mucho más cruenta que la desatada a comienzos de este año en la redacción del Diario El Sol.

Periodistas de larga trayectoria frente al micrófono de una de las radios AM más escuchadas de la provincia fueron uno a uno “informados” que pasarían a realizar tareas de menor categoría y que sus voces ya no saldrían al aire. En cuanto esta forma de represalia empezó a ser ventilada en medios públicos, universitarios o alternativos por una de las víctimas, la empresa buscó cerrar el círculo de la impunidad patronal apostando al silenciamiento por la vía del miedo.

A escasas horas de la movilización del pasado 23 de octubre haciala Legislaturaen la que participaron cerca de 300 personas bajo la consigna “Grandes empresas, pequeños sueldos”, la extorsión a los trabajadores tomaba vuelo. Si alguno de los despedidos o represaliados contaba cuál era la situación que estaba viviendo en la radio o emitía opinión, su expresión sería tomada como base de un despido con causa.

En general en todos los medios se evidenció una gran presión, en algunos casos los mismos directivos se encargaron de desalentar la asistencia a la marcha y salvo alguna honrosa excepción lograron con éxito garantizar que no se involucrara ningún periodista de rango jerárquico.  

Crecer a costa de exprimir

¿Por qué las empresas periodísticas de Mendoza no quieren cumplir con el Convenio Colectivo de Trabajo que rige para los trabajadores de prensa? La respuesta es que desde 1976 en adelante basaron su rentabilidad en la precariedad laboral. Y fue tanto el tiempo que pasó, que al día de hoy, es muy grande la cifra adeudada en concepto de diferencias salariales atrasadas.

Una estimación aproximada, tomando como referencia el año 2004, cuando entró a funcionarla Comisióndel Salario Mínimo, Vital y Móvil, arroja entre 40 mil y 70 mil pesos por cada trabajador de prensa. Hay que decir que la gran mayoría de los periodistas cobran sueldos que no superan los 2.500 pesos. Y según dice el Convenio aprobado por una Ley del Congreso y ratificado por un dictamen reciente del Ministerio de Trabajo dela Nación, el sueldo inicial es de 4.200 pesos (dos veces el salario mínimo, vital y móvil) mientras que la retribución salarial de un redactor es de 7.000 pesos.

En contraste con este panorama, los empresarios de medios cada vez son más ricos y los niveles de actividad de las empresas son cada vez más altos. Algunas, están en constante expansión incluso fronteras afuera de la provincia. Quien más trabajadores bajo convenio tiene (incluyendo periodistas y administrativos) es diario Los Andes, propiedad de Clarín. Es el abogado de ésta empresa quien hace de vocero de las demás, empleando argumentos para una Argentina en crisis como la que existía en los noventa o en pleno 2002. El descalabro en este caso les viene bien para darle vigencia ala Leyde Emergencia Económica que fuera reactivada por los acreedores del Estado.

Respecto de la reivindicatoria sentencia del caso Orlando Assumma, de febrero de este año, en la quela Suprema Cortede Justicia de Mendoza ratifica la vigencia del CCT 17/75 y en particular de su artículo 58, los empresarios sostienen que hay que esperar que resuelvala Suprema Cortedela Nación. Locurioso de todo es que el Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social de Mendoza, Carlos Guiñazú, se hizo eco del argumento de la patronal y decidió no emplazar a las empresas en virtud de esta supuesta controversia por el artículo 58.

¡Cumplan la ley!

Además de lidiar con la presión de las empresas y las condiciones de trabajo de los periodistas, la vía gremial también presenta sus dificultades como vía para que se reconozcan los derechos. Y es que la actual conducción del Sindicato de Prensa de Mendoza, encabezada por Roberto Picco, firmó a espaldas de los trabajadores, el 20 de abril pasado, un Convenio en Baja, es decir en perjuicio de los trabajadores y en beneficio a la patronal,  que buscaba eliminar el CCT 17/75 vigente.

Después de una histórica movilización de los Trabajadores de Prensa nucleados en PeA, el Ministerio de Trabajo dela Nacióndesechó en forma tajante, por violatorio del orden legal laboral dicho Convenio que había sido impulsado por los grupos UNO (Vila – Manzano) y Los Andes (Clarín-La Nación). Acomodándose a la nueva situación y frente a los despidos en Radio de Cuyo S.A., el Sindicato de Prensa informó que pidió el emplazamiento a las empresas a través dela Subsecretaríade Trabajo y que de igual forma denunció los dos despidos y la prohibición a cinco periodistas del acceso al micrófono, hechos por los cuales se ha pedido la intervención dela Delegación Regionaldel Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dela Nación. Estaes la instancia que puede reintegrar a los trabajadores desvinculados durante los últimos días, lo cual no es poco en este cuadro de situación, el tema es que se trata del manotazo de una conducción  sindical que  viene de acordar con los empresarios y que no hizo nada por exponer la situación gremial y laboral de los trabajadores de prensa de la provincia.

Más allá del giro de quien quedó al margen y busca ponerse a tono, lo interesante es aquello que se instaló en la calle y en las veredas del centro de Mendoza el pasado 23 de setiembre: la dignidad del periodista. Eso tiene un valor en la sociedad mendocina. Y vaya paradoja, trasciende y gana peso en las audiencias de los medios sin ser un contenido televisado, comentado radialmente y mucho menos amplificado en el papel. Y eso que en el grito de la multitud, acompasado con varios gremios solidarios nucleados en CTA y CGT, iba el título destacado del día: señores empresarios ¡Cumplan la ley!