"Más impuestos confiscatorios al sector rural"

En La Nación I El revalúo de las tierras rurales en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe -fenómeno al que se van añadiendo otras jurisdicciones-, sumado a la ya asfixiante presión tributaria existente, tiene un efecto claramente confiscatorio.

Comenzando por los tributos nacionales, surge la formidable imposición que representan las retenciones que cercenan el 35 por ciento del valor de las exportaciones de soja, el 32% de las exportaciones de harinas y aceites, el 23% de las de trigo, el 20% de las de maíz y el 15 por ciento de las de carnes vacunas. No hay gobierno en el mundo que aplique un tributo de semejante magnitud de manera generalizada al sector más dinámico y eficiente de su economía. Súmesele el IVA, del 21 por ciento, que en muchos casos suele impactar en el bolsillo de los productores, como consecuencia de las singulares características de la actividad rural. A ello se le adiciona el impuesto a las ganancias sin ajuste por inflación, lo cual implica que se paguen tributos por ganancias ficticias, lo que lleva la imposición a niveles muy superiores a la tasa del 35 por ciento, aplicable a las actividades industriales y comerciales, y una escala impositiva para los propietarios individuales que va del 9% al 35%. A esto se agrega el impuesto a los bienes personales del orden del 1% sobre el valor de la tierra, que aumentará en la medida del revalúo fiscal propuesto.

Además, muchos productores agropecuarios deben tributar el impuesto a la ganancia mínima presunta, un singular sistema creado años atrás, para engrosar aún más la recaudación. Como si todo esto fuera poco, los productores agropecuarios también deberán pagar un 0,6% por impuesto al cheque para débitos y otro tanto para créditos.

Además de estos impuestos, en el nivel provincial los productores agropecuarios pagan el impuesto inmobiliario, que en estos días el gobernador Daniel Scioli pretende incrementar de manera exponencial, y el impuesto a los ingresos brutos. También deben tributar tasas municipales para el mantenimiento de los caminos rurales y tasas de abasto de alimentos, estas últimas claramente improcedentes por tratarse de bienes ya sujetos a inspección en el orden nacional o provincial. Aunque escape a la denominación de tributo, debe sumarse, a la muy pesada carga ya descripta, la desvalorización que viene sufriendo el precio del trigo y del maíz por la vigencia de cuotas de exportación, lo que provoca descensos en el valor de las exportaciones que van a parar a bolsillos ajenos. En este contexto, el desmesurado aumento del impuesto inmobiliario rural castiga de manera injusta a los ya exiguos bolsillos de los productores.

Mientras la Argentina transita por este sendero, Brasil, nuestro vecino y socio del Mercosur, acaba de implementar una desgravación impositiva con el objetivo de alentar mayores niveles de producción agrícola y de alimentos. Gracias a una política previsible e impuestos razonables, los productores brasileños han logrado convertirse en los principales productores y exportadores de soja y sus subproductos, de carnes vacunas, aviares, porcinas y jugos cítricos en el mundo. Consecuentemente, Brasil se ha convertido en una potencia agrícola mundial.

El camino emprendido por nuestro país es exactamente el opuesto y se aísla cada vez más del mundo, gracias a una política de sustitución de importaciones que ya ha probado su ineficacia, y a los controles cambiarios. La intensificación de la restricción de las importaciones y las operaciones de cambio implementadas en los últimos meses ya está provocando estragos en la economía y un impacto negativo en el empleo, las inversiones y las perspectivas de crecimiento de la economía argentina. En estas circunstancias, el aumento del impuesto inmobiliario rural propuesto sólo contribuirá a desincentivar al sector más eficiente de la economía nacional y el mayor generador de divisas. Se está buscando matar a la gallina que pone los huevos de oro. Es sorprendente que en los albores del siglo XXI nuestros gobernantes insistan en aplicar medidas que en el pasado han tenido consecuencias nefastas para el desarrollo económico de la Argentina.