Otro atropello de la corporación judicial

Por Juan Ciucci l No faltan lecturas paranoides que intentan explicar nuestra realidad a partir de monumentales construcciones desestabilizadoras. Sin embargo, es fundamental recoger aquellos elementos que permiten comprender cuándo una jugada política transita una presentación orquestada.

La tapa del 6 de Diciembre de 2012 de Clarín, presagiaba el terreno de la disputa en torno al 7D: “Ataque sin límites del Gobierno a la Justicia”. Aunque no es novedosa, la construcción es clara: existe un enfrentamiento entre el “Gobierno”, y esa entelequia indefinida que sería la “Justicia”. Así, el concepto Justicia reemplaza a los actores judiciales, que responden al poder del Estado más autocrático y antidemocrático: el Poder Judicial. Esa corporación que logró salir incólume luego de su complicidad con el genocidio perpetrado por la última dictadura militar. La que en 30 años de democracia, no ha visto renovadas sus estructuras, aun luego del estallido que significó el 19 y 20 de diciembre del 2001. El “que se vayan todos”, también alcanzaba a los jueces de “la servilleta de Corach” y a la Corte Suprema fraudulenta del menemato, que sólo pudo ser apartada, cuando Néstor Kirchner decidió enfrentarla sin temerle a sus aprietes de “redolarización de los depósitos”.  Esos aprietes demuestran la politización del Poder Judicial, otro ámbito que se regodea en la supuesta “objetividad” de su cuerpo estable. Ese apriete de la Corte, sirve como ejemplo para entender qué significan las sentencias, y el poder político que pueden representar.
Clarín decía en su edición impresa: “La amenaza del ministro de Justicia es de una gravedad inédita en toda la historia democrática argentina”. A veces puede resultar tedioso (para algunos) recordar las complicidades con el genocidio del Grupo Clarín, pero uno debe hacerlo para demostrar lo inverosímil del planteo “civilizatorio” que aun sostienen.El día continuó con el comunicado donde “Jueces de todo el país exigen al Gobierno que cese las presiones 'directas o indirectas' a la Justicia”, como tituló el gran diario argentino. A pesar de algunas evaluaciones positivas de la ley de medios, y algunos pedidos a los dueños de medios de comunicación; el comunicado fue otra señal de la corporación judicial intentando separase de la vida democrática argentina. Esa construcción en la que serían los “garantes” de una sociedad civil indefensa, es otra señal de la vocación política de los sujetos históricos que ocupan hoy el Poder Judicial. Dicen: “La Comisión Nacional de la Independencia Judicial, a través de las asociaciones que la integran,  ha recibido la preocupación de una importante cantidad de jueces y juezas de todo el país, referida a hechos que agreden institucionalmente a un Poder del Estado y, como consecuencia de ello, a todos los ciudadanos de la Nación, ya que la justicia es para todos”. La Justicia es para todos, pero ellos no encarnan a la Justicia, sino tan sólo la expresión de la corporación judicial, con la que seguimos batallando.

Finalizó el 6D con la prórroga de la medida cautelar para el grupo Clarín, que le permite continuar incumpliendo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esta medida dilatoria de la Cámara Civil y Comercial Federal Nº1, impide la aplicación del artículo 161, cláusula que obliga a la desinversión del Grupo. El recurso presentado por Clarín consiste en posponer la aplicación hasta que el Juzgado Civil y Comercial Federal Nº 1, a cargo del juez Horacio Alfonso, se expida sobre el fondo de la cuestión, o sea sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la cláusula de desinversión.

Esta Cámara Civil, integrada por los jueces Francisco de las Carreras y María Susana Najurieta, falló a favor de Clarín, tras no hacer lugar a la recusación que había presentado la AFSCA y el Ministerio de Justicia. De las Carreras había sido impugnado en particular, por haber recibido dádivas del Grupo Clarín, en un viaje a Miami que había sido financiado por la ONG Certal, vinculada al monopolio. En el fallo, el magistrado manifiesta que “guardo la debida imparcialidad inherente al ejercicio de la función jurisdiccional, conservo la tranquilidad de espíritu y la libertad de conciencia indispensable para impartir justicia bien y legalmente. (…) Me permito manifestar que estoy convencido de que la sana convivencia social entre los argentinos se sustenta en el respeto de dos de los pilares básicos y fundamentales del sistema republicano: la división de poderes y la independencia judicial”.  

Cerró así el día, con la idea del “Gobierno que avanza sobre la Justicia”, justamente cuando un fallo de una cámara sospechada, los beneficia. Nuevamente, el poder de los monopolios amenaza a la democracia. La batalla es larga, y este paso es otro más hacia una nueva comunicación, y una sociedad más justa, libre y soberana. Las calles son el escenario de la disputa contra los poderes concentrados y sus socios judiciales. Por eso el 9D cobra hoy un mayor impulso, y todos aquellos que comprendan la importancia de este momento histórico que transitamos, deben verse las caras en la histórica Plaza de Mayo.