Contubernio, flexibilización y reformas en el derecho laboral, por Gustavo Gálligo

Por Gustavo Gálligo*

El Contubernio

A pocos días de asumir Macri publicamos en la PACO URUNDO un artículo que titulamos “El Vendaval Amarillo y El Rol de los Sindicatos”.  Allí decíamos que los anuncios y las primeras medidas del nuevo gobierno trasuntaban nítidamente que, en esencia, venían a reproducir el modelo económico social de la dictadura cívico militar, el que Martínez de Hoz lanzó el 2 de junio de 1976, y que, -vaya casualidad-, también se denominó “revolución de la alegría”. Y que en paralelo se iba trasparentar el rol sindical. Ahora no caben dudas que la Alianza Cambiemos es la fachada política institucional de este bloque de poder hegemónico que, como en otras etapas de nuestra historia, viene a concretar la aplicación de un plan agroexportador. Pero no solo, se otorgan privilegios al negocio de las mineras y se da preeminencia a CEOS de empresas multinacionales, a la banca extranjera y al conjunto de corporaciones económicas y financieras que evaden, lavan dinero, fugan divisas, reemplazan producción por importación para hundir a las PYMES y, principalmente, generando una descomunal deuda externa. Asimismo, es harto evidente la complicidad con el oficialismo de gran parte de la dirigencia gremial. Como afirma el notable historiador Norberto Galasso “es la vuelta a la Argentina semicolonial caracterizada  por orientarse a la desindustrialización y la exclusión social, al país mero productor de materias primas, paraíso de la especulación de los capitales golondrina, de la timba financiera externa e interna y sometida al endeudamiento”.   Sin ningún escrúpulo, respecto a la deuda externa, dice el ministro Caputto: “nos endeudarnos a 100 años y pagamos una tasa de interés del 8%”, es decir, como con De La Rúa -en la Alianza predecesora, que nos dejó la rémora del Blindaje y del Mega Canje- comprometen una vez más el destino de varias generaciones de argentinos y afrontando la mayor tasa de interés que se paga en el mundo, superior a la que se le impone a países africanos. Como ya se dijo, la Alianza Cambiemos es la fachada, la base estratégica del modelo en aplicación está constituida por los monopolios de prensa, por un poder judicial en gran medida sometido a las corporaciones económicas y financieras –llegando a su máximo nivel de degradación aparece el corrupto partido judicial-, con más lo peor de los servicios de inteligencia dedicados a complementar el armado de causas y/o ser ellos directos creadores de toda suerte de artificios convirtiendo a la “justicia” en un disciplinado brazo ejecutor de sus operatorias. En síntesis, un año y medio han bastado para dejar en claro que estamos ante un gobierno de los ricos, por los ricos y para los ricos; con un agravante, puesto que como decía el J.D. PERON en aquellos años de la nefasta Década Infame, se ha conformado un Contubernio contra la Nación y su Pueblo, con participación de actores políticos y sindicales que colaboran con el régimen a cambio de prebendas inconfesables.

Es entonces que se ha producido la restauración oligárquica, el poder en manos de los sectores privilegiados que manejan la estructura socioeconómica y la superestructura jurídica política e institucional; un bloque hegemónico impiadoso y excluyente ensanchando cada vez más la brecha entre los sectores sociales. En verdad, es la resultante de una “doble estafa” electoral, la del actual gobierno que, mediante una estudiada estrategia de marketing político-mediático, ocultó su verdadero programa de ajuste neoliberal, y la de integrantes de partidos políticos y/o frentes, principalmente gobernadores, senadores,  diputados y dirigentes otrora enrolados en el FPV que, convertidos en “voluntariosos dadores de gobernabilidad”, han venido apoyando y votando en las Cámaras leyes con las que dejaron atrás conquistas inclusivas conseguidas en 12 años, y posibilitaron la instalación de un régimen absolutamente antagónico. Esta situación fue determinante para que se creara UNIDAD CIUDADANA y se produjera el lanzamiento de la candidatura a senadora de CRISTINA en Provincia de Buenos Aires; por cierto, no es fruto de la casualidad sino de la causalidad, en tanto obedece a una realidad incontrastable: ser CRISTINA la única dirigente que, por gravitación natural, coherencia  y capacidad, está en condiciones de enfrentar el Contubernio; es tan evidente que desde la dirigencia supuestamente “opositora” se multiplican voces de los/las que buscan complacer al gobierno y a los medios oligopólicos asumiendo públicamente el compromiso de aunar sus esfuerzos en intentar frenar a CRISTINA. Algo sin precedentes conocidos y mucho menos en una elección legislativa de medio término, en donde, se supone, se trata de poner en debate la gestión del actual gobierno.

El economista Claudio Scaletta refiere a que “la mera descripción del nuevo bloque histórico es impresionante: el complejo agro exportador, la mayoría de la gran industria ya consolidada, el sector financiero, los organismos multilaterales de crédito, la embajada estadounidense, la porción más importante de los dueños de los sindicatos que hoy conducen la silenciosa CGT      –la misma que le hacía paros a CRISTINA KIRCHNER por Ganancias pero que hoy mantienen una ”impasibilidad táctica” frente a la cotidiana pérdida de derechos de los trabajadores--, el grueso de la llamada “familia judicial”, y por supuesto, los oligopolios mediáticos. Se trata de un bloque que expresa sin fisuras la totalidad del poder real, el poder económico mediático, que es la definición precisa del capitalismo avanzado, un poder permanente que se supone debiera estar separado del poder político que se construye a través del sufragio”.

En este marco, la deuda pública externa nacional y provincial se incrementó en un año y medio de gobierno, llegando a 125.600 millones de dólares, incluyendo 15.000 millones reconocidos a los fondos buitres. Se suman el brusco aumento de las tarifas de servicios, que deja para las bromas el adjetivo de “gradualistas”,  una inflación real cercana al 50% en el 2016 y que en el primer cuatrimestre de este año ya superó el 30%; y una recesión que supera con creces la que se dio en la etapa crítica de la anterior Alianza, en el 2001. De modo que la realidad desmiente rotundamente el relato oficial que insiste con “el éxito del ajuste y medidas monetaristas del Banco Central” (resumidas en el slogan: ¡haciendo lo que debemos hacer¡); ha quedado demostrado que el proceso inflacionario no se detiene sustituyendo el financiamiento interno por el déficit externo. En otras palabras ¿cuál es la razón por la cual hay que endeudarse en dólares para pagarles a los docentes y a los jubilados que cobran en pesos? Obviamente, ninguna. La única causa es la de siempre, la que está en la médula de este modelo neoliberal: generar de exprofeso la dependencia con los acreedores internacionales y financiar el déficit del sector privado que, tan solo en un año, trepó a 12.000 millones de dólares. Esto es, el Estado toma deuda en dólares que luego oferta en el mercado local a cambio de los pesos que precisa para solventar sus gastos. Estos dólares son adquiridos por los privados para pagar las importaciones, giro de utilidades, pago de los intereses y la fuga de capitales. El cuadro de esta intencionada depredación se completa con la gran fiesta especulativa, la bicicleta financiera (practicada por muchos integrantes y/o socios de este gobierno, y en particular por el grupo Macri), mediante el negocio montado con Letras del Banco Central (Lebac), desde ya, con la  anuencia  del  presidente del organismo, Alfonso Sturzenegger, el mismo siniestro personaje que piloteó aquel ruinoso Mega Canje, que le costó al país 50.000 millones de dólares. Como vemos, todo esto se consigue endeudando al Estado, a tal punto que la Inspección del FMI, que estuvo auditando el proceso durante dos semanas –con un llamativo silencio de los medios-  concluyó reconociendo que no hay un plan confiable, que el déficit fiscal del 5,7% es una bomba de tiempo pues representa más del doble del que existía en el 2015 y que, por esta causa, entre otras, “la profundización del ajuste y la flexibilización laboral no pueden esperar a octubre”. El informe de los veedores oficiales fue sintetizado con una brutal sinceridad por el obediente, disciplinado y comprometido operador del Fondo, Carlos Melconian: “con este panorama, acá se puede ir todo al carajo”.  Ello así, a fin de mitigar el impacto negativo que esto generó en el mundo de las finanzas internacionales e intentar remontar la cuesta para mejorar la nota de las calificadoras del Norte, el Ministro de Finanzas, Luis Caputto, prometió en Nueva York, a los jefes de Bancos y gerentes de Fondos de Inversión: “Si ganamos en octubre vamos a un ajuste durísimo y a cumplir las metas establecidas por el FMI respecto a la flexibilización y la reforma de las normas laborales en Argentina”.

Flexibilización y Reforma del Derecho Laboral

La flexibilización laboral se traduce en los contratos basura, sin estabilidad, sin indemnización, con salarios reducidos y sin derecho a categoría ni a tareas de convenio. Es exactamente lo que Macri propone: “la flexibilización es siempre mejor por ley para lograr un régimen laboral muy flexible que les permita, a lo que quieran, entrar y salir sin mayores costos”. Lo dijo dando impulso a la precarización laboral como de urgente aplicación en la industria automotriz, lo que desde el Ministerio de Trabajo se buscó extender a otras ramas de actividad (textiles, calzado, alimentación y, con algunos matices, a las petroleras). Más aún. Se han concretado contratos basura como prueba piloto, por ejemplo en Mac Donald´s, en donde la autoridad laboral autorizó de manera ilegal contratar a 5000 jóvenes para trabajar 6 horas diarias con un sueldo inferior al Mínimo, Vital y Móvil, violentando el Convenio Colectivo, razón por la cual los Tribunales del Trabajo frenaron ese acuerdo ilegal.
Va de suyo que, desde el gobierno, no se hace ningún reproche a las empresas que evaden (el propio Macri dijo “ahora los empresarios no vamos a tener porque escondernos por ello”), que tienen trabajadores en negro, que lavan dinero, que fugan divisas y que incumplen con elementales normas de higiene y seguridad en el trabajo. Y fue más allá el presidente diciendo “los trabajadores inventan los  juicios, son tramposos”; pero eso sí, se cuidó muy bien de no mencionar los antecedentes el Grupo Macri en el Correo Argentino S.A., en donde no solo que incumplió con las indemnizaciones debidas a cientos de trabajadores que ganaron los juicios    –en algunos casos, por haber sido presionados para que se desafiliaran del sindicato-, peor aún, como concesionarios del servicio inveteradamente incumplieron con  el convenio de la concesión e inventaron un juicio absurdo en contra del Estado; y como si todo ello fuere poco, además pretendieron condonarse una deuda de 70.000 millones de pesos.

En cuanto a la confesa pretensión del gobierno de hacer desaparecer la Justicia Nacional del Trabajo –creada por PERON en 1944- que estableció la jurisprudencia pro-operario e inspiró la sanción de la Ley de Contratos de Trabajo, es decir, la normativa aplicada en todo el territorio, el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, León Piasek, dijo en una  entrevista con periodistas de la PACO URUNDO: “la reforma judicial del gobierno no tiene fundamentos. Macri quiere vaciar y anular el Fuero Laboral”. A la misma conclusión arribaron el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Risso, y uno de los principales abogados laboralistas, Gustavo Gallo: “se está encarando de forma oscura, casi clandestina, el pase de la Justicia Nacional del Trabajo a los Tribunales de la CABA”; lo que en la práctica significa transformarla en una endeble justicia municipal, haciendo uso del territorio capitalino donde, precisamente, se necesita tan solo una mayoría simple en el Consejo de la Magistratura para lograr el objetivo de burlar el plexo normativo laboral . Y la jugada se completa desatando la persecución de aquellos magistrados judiciales que con fallos impecables han impedido que se concreten violaciones constitucionales y/o que se incumpla con las normas establecidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Por caso, el gobierno pidió apertura de juicio político de dos Camaristas que le ordenaron cumplir con la paritaria bancaria, y el de una jueza que hizo lo propio en Vialidad Nacional.

En medio de esta nítida ofensiva anti obrera, el presidente Macri tuvo la osadía de manifestar en un acto oficial “hay que terminar con la mafia de los juicios laborales que maneja Héctor Recalde”. No es casualidad. Héctor Recalde  es el presidente de la bancada de diputados del FPV, a la vez que prestigioso abogado laboralista y veterano asesor del movimiento obrero; como tajantemente expresara el propio Recalde en un mensaje a los trabajadores, lo dicho por Macri acompaña el lanzamiento de las reformas laborales que quiere el gobierno, violando la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales; el constante avance sobre los derechos del trabajador  va acompañado de una desenfadada campaña de desprestigio y persecuciones contra magistrados judiciales, por el “pecado” de no obedecer las órdenes del gobierno.

Veamos cuales son los ejes centrales de las reformas que pretende la Alianza Cambiemos:

1.- Eliminar el sistema de paritarias libres y favorecer la negociación por empresa, vulnerando el principio básico de negociación por rama de actividad que establece la vieja ley peronista de los años 40 (lo que había empezado a concretar Martínez de Hoz durante la dictadura cívico militar, en complicidad con el dirigente sindical colaboracionista, Jorge Triaca, casualmente el padre del actual Ministro de Trabajo). Esta es la principal exigencia las corporaciones y que la hicieron conocer a través de la tradicional “tribuna de doctrina” de los intereses oligárquicos, el diario La Nación, en los editoriales del 14 de abril y del 26 de julio de 2016. Los conflictos de docentes y bancarios han demostrado que  el gobierno intenta fijar ilegalmente un techo a las Paritarias, que no solo es inferior a la inflación proyectada, ni siquiera recupera el poder adquisitivo perdido en el 2016.

2.- Bajar costos laborales y maximizar la rentabilidad empresaria. Fue la causa del conflicto bancario en donde el gobierno y la banca extranjera se unieron y pretendieron aplicar una ley derogada hace casi 20 años, a lo que el poder judicial no accedió y fue a partir de entonces que los dignos magistrados, que fallaron de acuerdo a derecho en favor de los trabajadores, son objeto de una desembozada persecución.

3.- Prescindir de entre 500 mil y 800 mil empleados públicos para bajar el déficit fiscal, sin modificar la inmensa transferencia de recursos hacia los sectores acaudalados y la pérdida de recaudación, como consecuencia de la quita de retenciones y una política regresiva en materia impositiva. Es misma causa por la cual quieren modificar leyes protectoras de incapacidades, la ley de jubilaciones y la legislación que sustenta la ayuda social.

4.- Negativa a convocar la Paritaria Nacional Docente, violentado la Ley que obliga al Estado Nacional acordar un Salario Mínimo para todo el país y fijar el Fondo de Ayuda a las Provincias. Además, el gobierno desconoce los fallos judiciales que le ordenaron la convocatoria y violenta groseramente el artículo 14 bis de la Constitución que garantiza a los gremios el derecho a una convención colectiva.

5.- Se dirigen a reproducir el nefasto plan de Domingo Felipe Cavalllo, en cuanto a que limitaba los aumentos al crecimiento de la productividad para impedir una distribución progresiva.

6.- Terminar con las leyes de protección al empleo y que prevén indemnizaciones por despido. Quieren que los trabajadores financien sus despidos, aportando a “cuentas de capitalización” (sic) y retirando “su ahorro” cuando la patronal decide su desvinculación (El Secretario de Empleo, Miguel Punte, lo anticipó en enero pasado y afirmando: “para las empresas despedir trabajadores debe ser algo natural, como comer o descomer”).

7.- Violentar las normas de la Organización Internacional del Trabajo que prohíben modificar en perjuicio de los trabajadores las normas que rigen la jornada de trabajo. Ello como consecuencia de haber ponderado el presidente Macri, y puesto a estudio de sus asesores, un sugestivo “programa sustitutivo” elaborado por CEOS de la empresa Shell, que consiste en “establecer jornadas flexibles, turnos rotativos, trabajo en sábados y domingos, franco a mitad de semana, y sin derecho a cobrar horas extras”.

A todo ello se suman los intentos por afectar el derecho de huelga y la declarada posición del gobierno de la Alianza Cambiemos de reprimir la protesta social, con un doble efecto, por un lado, atemorizar a los sectores afectados por estas política  de hambre y exclusión, por el otro, expresar a los sectores más reaccionarios que, influidos por la prédica constante de los medios hegemónicos, reclaman mano dura contra cualquier manifestación popular. La represión programada y sin sentido a los Movimientos sociales, en la 9 de julio, así lo demuestra.

Conclusión.

Resulta indiscutible que en la década pasada hubo más proyectos de reformas laborales que normas efectivizadas, entre ellas, la participación de los trabajadores en las ganancias. No obstante, se deban resaltar muy buenas reformas a la LCT, por ejemplo: 1) ante la duda acerca de la procedencia de la demanda hay que resolver en favor del trabajador (art. 9); 2) la edad para trabajar con autorización paterna se elevó de 14 a 16 años (art. 32); 3) el trabajador puede oponerse a un cambio en su contrato sin necesidad de darse por despedido (art. 66); 4) el pago de la jornada laboral completa se corresponde cuando el trabajador laboró excediendo los dos tercios del horario de la misma (art. 92).

La política de los gobiernos kirchneristas , en cuanto a que priorizaron defender los derechos del trabajador, se corrobora con otros datos muy precisos, a saber: el 37% de los asalariados está sindicalizado; en el 2003 había 3438 Sindicatos, ahora hay 4144; desde el 2003 se crearon 5,5 millones de puestos de trabajo, de ellos, 4,5 millones en blanco. Abundando sobre el particular, la cantidad de afiliados a la UOCRA pasó de 70.000 a 300.000 mil, y en el cuadro general se pasó de 200 a 1700 Convenciones Colectivas de Trabajo. En la actualidad, se pierde trabajo estable,  la tasa de desocupación creció 3,5 puntos y está superando el 9 %. Estamos inmersos en una severa crisis socio económica, que se agrava al conjuro de una descomunal transferencia de recursos desde los sectores asalariados hacia los grupos del privilegio.

Sabido es que “el 90% de los actores económicos que tienen menos ingresos gastan la totalidad de los mismos para satisfacer sus necesidades, mientras que el 10% que gana más solo gasta una pequeña parte de sus ingresos”. En los análisis serios acerca del Capitalismo se demuestra que esta hipótesis se verifica en todas las economías de mercado y a lo largo del tiempo. En la Argentina la situación es más compleja por la existencia de marccada propensión especulativa, que se manifiesta en las acciones de los sectores más pudientes y que seduce a una parte de los sectores medios. Las propias referencias del INDEC para el año 2016 reconocen tres aspectos: 1) que se enviaron excedentes al extranjero; 2) que los grupos concentrados atesoraron al tiempo que aumentó la evasión y 3) que compraron Lebac aprovechando la bicicleta financiera que propicia el mismo Banco Central. Ello explica, por sí solo, la caída del crecimiento económico, la baja del consumo y la recesión más prolongada en décadas. Naturalmente, es fácil concluir que la clave está en la distribución de los ingresos que, en este año y medio, se ha modificado radicalmente en favor de los sectores más ricos. Ello así, un 10% se ha visto favorecido por la especulación financiera, con la devaluación, con la quita de las retenciones y con la política regresiva en materia de impuestos; y el 90% restante se empobreció, en algunos casos, a un ritmo vertiginoso. En política económica, el impulso de la actividad parte del Presupuesto Nacional, que es donde el Estado ofrece una clara indicación sobre sus intenciones. Va de suyo, entonces, las medidas influyen en las decisiones de los actores económicos,  consecuentemente, cuando se dirigen a la “propagación del ingreso” trae consigo el aumento del consumo interno, con el consiguiente crecimiento del ingreso global y del PBI (la política económica tradicional del peronismo que retornó con los gobiernos kirchneristas). Por el contrario, el actual gobierno, al disminuir los ingresos del 80% de la población y transferir ingresos a los sectores concentrados, no solo redujo el consumo interno, la demanda y el PBI, provocó alta inflación, desocupación masiva, cierre de industrias y comercios, también la recesión más grande desde el 2002.

El modelo neoliberal aspira a disminuir el nivel de ingresos del trabajador –de allí que pretenda eliminar la puja que es propia del sistema paritario por rama de actividad-, pero va mucho más allá, en el plano estratégico, se orienta decididamente a la quita de poder de la clase trabajadora y, en este plano, generar el debilitamiento de la estructura sindical. La embestida se pone de manifiesto con los intentos de eliminación de la política inclusiva de los gobiernos kirchneristas, que mejoraron notablemente la distribución del ingreso –“secuelas negativas”, como las denomina el presidente del Banco Nación, González Fraga-; pero se debe advertir que, en verdad, el avasallamiento de las normas laborales y el aniquilamiento de los derechos sociales, es el gran objetivo de esta alianza oligárquica, en contubernio con sus cómplices políticos y sindicales, en definitiva, un retorno a los años 40, un retroceso a la Argentina pre- peronista.

*Abogado y colaborador de la Agencia Paco Urondo.