Corporación judicial en guerra

En el año 2015, al poco tiempo de que el gobierno del círculo rojo asumiera el control del país, se desató una furiosa persecución política contra dirigentes, referentes y actores políticos del campo nacional y popular. 

Fue en el año 2017 cuando CFK, desde su banca en el Senado de la Nación, explicó con la lucidez y claridad que caracterizan sus intervenciones, de qué se trataban estas maniobras que estaban - y aún están - desplegándose en los distintos poderes judiciales de América Latina. Entonces conocimos el término de LAWFARE y sus implicancias en las democracias latinoamericanas. En palabras de CFK: 
“El término fue acuñado en los Estados Unidos y desarrollado en la Universidad de Harvard, habla de la utilización del aparato judicial, en una articulación con los medios de comunicación y  los grupos concentrados de poder  para provocar condenas previas sin juicio a dirigentes populares.”

LAWFARE literalmente se traduce como “Guerra Jurídica”. Lo que se busca es acabar con un proyecto político de país, que defiende a los sectores vulnerables, que pelea por conquista de nuevos derechos y por la movilidad social ascendente, que son, en nuestro país, pilares básicos del peronismo. 

Probablemente entonces esta sea nuestra gran batalla,que ya no tiene que ver con las armas, la tortura o la desaparicion fisica sino con el bombardeo mediatico y el descrédito y/o humillación del dirigente político, social o sindical que represente lo popular. Todas estas acciones destinadas a hacer llegar al poder a gobiernos opresivos de derecha que destruyan y destierren una idea de justicia social posible.

Antes de pasar a desarrollar la causa vialidad, resulta  oportuno y útil repasar algunas de las acciones de LAWFARE que se llevaron adelante en los últimos años en el seno de nuestro Sistema de Justicia.

1.     Primer ataque judicial a CFK: 12/2015 El gobierno entrante de Mauricio Macri presionó a  la Jueza María Romilda Servini de Cubría para que finalizara mediante sentencia judicial el gobierno de Cristina, es así que a las 12 de la noche del 9 de diciembre cristina pasó el mandato a un presidente provisional  elegido por nadie, mejor dicho elegido por una jueza. Los medios ya ponían en marcha la campaña mediática “ Cristina no quiere entregarle los atributos presidenciales a Macri”.

2.    Causa armada, a pedido de Mauricio Macri, entre el fiscal federal Eduardo Taiano y el Juez Federal Julian Ercolini a la entonces Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbo. Se confeccionó una causa judicial con un sobre anónimo denunciando  a la entonces procuradora con un argumento misógino con respecto a la adquisición de un inmueble para el Ministerio Público.

3.    Intento de nombramiento por decreto de dos jueces de la Corte Suprema.

4.    Los roles que asumieron la Oficina Anticorrupción,  la UIF (unidad de información financiera)  y la AFI. 
* La primera encargada de presentarse como querellante en la causa contra CFK, que a su vez tuvo que modificar la ley para recibir a la macrista Laura Alonso ya que no era abogada. La UIF a cargo de un socio del HSBC, banco denunciado mundialmente por lavado de activos en los Estados Unidos. Y la AFI, que llevó adelante numerosas escuchas ilegales que luego los medios receptaron para producir el show.

5.    Interferencias en el Consejo de la Magistratura, nombramiento y traslado irregular de jueces en cargos estratégicos en Comodoro Py por parte del macrismo.

6.    Creación de la Mesa judicial macrista, entre los que participaba el Ministro de Justicia del entonces gobierno. Estrategia además, armada por Pepín Simón, operador judicial de Macri, que actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

Cosechando lo sembrado

Durante el periodo de gobierno de 2016 a 2019, todos los días se preparaba una nueva acción o medida para esta guerra jurídica, esto fue creando el entorno óptimo para desarrollar todo tipo de prácticas judiciales que son ajenas a las garantías que tiene un ciudadano o ciudadana frente a la administración de justicia. Muchos de los ataques estaban destinados a aleccionar a los magistrados, quizás el más fuerte, fue el apriete a la entonces procuradora general Gils Carbó. Este puede ser el motivo contundente de la parsimonia de muchos de los magistrados, que en nuestras  facultades nos hablan bonito de los derechos procesales pero que frente a las violaciones  que esta corporación judicial macrista ejerce contra los derechos de  CFK se quedan callados, no denuncian  ni repudian.

La coyuntura política les permite a ellos tener la posibilidad  de poner un candidato en las próximas elecciones, ¿qué es lo único que se interpone para el cumplimiento de ese fin? Cristina y lo que ella representa. 

Hoy son los medios de comunicación como conjunto de un grupo económico, los que están más preocupados en armar todo el circo mediático en torno a la causa vialidad. El alegato de clausura del fiscal es un guión armado para ese propósito con palabras rimbombantes, para que puedan quedar  perfectamente repetidas una y mil veces en zócalos, títulos  o notas. 

Cuando lo que se construye es un expediente mediático.

De las cinco causas de LAWFARE que le armaron a CFK , tres de ellas utilizan la figura jurídica de asociación ilícita. Esta figura consiste en calificar a cualquier conducta en la que puedan intervenir un número igual o mayor a tres personas de cierta relevancia pública, como constitutiva del delito de asociación ilícita e incluso, para hacerlo  más peyorativo y, por ende, más mediático, recurrir al segundo elemento normativo que prevé el tipo penal en cuestión, hablando directamente de la existencia de una “banda”. Es lo que encaja perfectamente en el expediente mediático pero no en el expediente judicial donde hay que fundar cada tipo penal y luego, por supuesto, probar que ese hecho existió y, además, fue llevado a cabo por la persona acusada o con su participación. 

La corporación judicial de Lawfare viene utilizando este tipo penal en contra de la jurisprudencia establecida, forzando una interpretación por la cual se lo entienda  como una pluralidad de delitos y no una pluralidad de planes delictivos  que confirmen el acuerdo criminal. Pero  el argumento más fuerte contra el uso de esta figura es la expresada por Zaffaroni que plantea  su inconstitucionalidad, sencillamente porque el tipo penal no supera el principio de lesividad  al referirse a la afectación de una “moral social”  y no a un derecho positivo o concreto.

A Cristina se la imputa de haber organizado a un grupo de personas que, bajo su decisión, direccionaban las licitaciones en favor de la empresa Austral Construcciones  de Lázaro Báez para que esta se quedara con la mayoría de las obras de la Provincia de Santa Cruz. Lo que los medios no te cuentan es que el peritaje se realizó sólo sobre 5 obras de las 52 que se imputan direccionadas. 

El juicio oral se encuentra en la etapa de alegatos final, el fiscal Luciani montó su circo a lo largo de 9 audiencias en las que ya no puede acusar por sobreprecios, imputación caída en la etapa previa de este juicio oral, sino que  tiene que probar cómo se direccionó,  de qué forma se coordinó y organizó en base a roles, tiempos, modos la supuesta “asociación ilícita” y cómo se realizaba el desvío de fondos, a qué cuenta y mediante qué método. Y, además de todo eso, probar que fue ejecutado con la participación de Cristina. 

El pasado  22 de agosto, el fiscal Luciani, mientras desarrollaba su alegato, introdujo hechos nuevos a la causa que hasta el momento no habían sido planteados. Para que ello no sea violatorio del derecho de defensa del imputado, el art. 200 del Código Procesal Penal establece que cuando por peligro de pérdida del elemento probatorio por la demora o la naturaleza del acto, se debe recibir anticipadamente al debate un medio de prueba durante la instrucción o la preparación del debate, con pretensiones de ser valorado en la sentencia, las leyes preveen adecuadamente, la participación del imputado y su defensor en el acto.

Por ello, Cristina solicitó ante el Tribunal ampliar su declaración indagatoria, para poder defenderse y responder a los nuevos hechos de los que se la acusaba. Dicho derecho se encuentra previsto en el art. 303 del Código Procesal Penal de la Nación, que establece que “El imputado podrá declarar cuantas veces quiera, siempre que su declaración sea pertinente y no aparezca sólo como un procedimiento dilatorio o perturbador. Asimismo, el juez podrá disponer que amplíe aquélla, siempre que lo considere necesario.”

Sin embargo, el juez de la causa le denegó a Cristina su petición. Es por ello que el pasado 23 de agosto, nuestra compañera transmitió a través de sus redes sociales y de cara al pueblo, su defensa y sus pruebas.

Allí, mostró pruebas que constan en el expediente de la causa y que, además, fue introducida por los fiscales que la acusan. La prueba constaba de un sinfín de mensajes de texto intercambiados entre Julio López, ex Secretario de Obras Públicas durante la gestión de Cristina y Nicolás Caputo, íntimo amigo de Macri.

De los mensajes surge una amistad prolongada a través de los años 2014 y 2015, en los que se puede ver claramente el negociado y la corrupción llevada adelante por los involucrados. Sin embargo, a Julio López se lo condenó únicamente a 6 años de prisión, mientras que a Cristina le han pedido una pena de 12 años más inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos, sin que exista una sola prueba en su contra.

Respecto de Nicolás Caputo, amigo de Macri, partícipe de los hechos de corrupción demostrados que beneficiaban a su empresa, nada. Ni una investigación en marcha. Lo que vemos entonces es un Poder Judicial y un Ministerio Público Fiscal que, haciéndose de la estructura estatal, funcionan para el interés de un determinado grupo político y económico. Nada de impartir justicia ni buscar la verdad.

Tenemos claro, como dijo CFK, que la condena la tienen escrita,  pero no por eso vamos a  dejar de pelear porque exista un sistema de justicia honesto y respetuoso de los derechos de todas y todos. Es por ello, compañeros, que tenemos que tener en claro cómo se desata esta guerra, las cuestiones técnicas en cuanto imputación y procedimiento penal para desmantelar el uso político discrecional que hace el lawfare en violacion de los derechos de todos nosotros.

La complicidad de los medios les provee a los jueces una impunidad tan amplia que sienten la libertad de poder  jugar un partido de fútbol  o uno de tenis (lease entre fiscal y juez o entre el juez de Cámara y Macri durante su presidencia)  y luego seguir entendiendo en las mismas causas judiciales argumentando que esto no genera un menoscabo a la garantía constitucional de juez imparcial.  Es decir que el juez llegue al momento del decisorio libre de cualquier tipo de injerencia o preconcepto sobre los hechos y que sea justamente en la inmediatez de la exposición de las partes con las pruebas expuestas la oportunidad que tenga para decidir sobre el caso.

Luego de la interpretación teatralizada  de la fiscalía, será el momento de escuchar la declaración de los peritos y de las defensas, sabemos muy bien compañeros que esto no va a ser transmitido ni publicado, es por eso que tenemos la responsabilidad de entender y dar a conocer cómo se preparó esta causa que intenta debilitar y erosionar  a la única dirigente política  capaz de generar una victoria para el pueblo en las próximas elecciones.