Debate: Ley de medios, Ley a medias, por la Co.Ra.Me.Co

Implementada apenas en parte, para sus mismos promotores la norma quedó enroscada en la disputa que el gobierno mantiene con el Grupo Clarín. Entre interpretaciones jurídicas y apropiaciones políticas, el año que recién comienza será clave para observar si la ley consigue superar los obstáculos y renovar su espíritu democratizador.

En un pasaje de ese encomiable tratado periodístico titulado El dueño, el notable detective Luis Majul recorre el momento exacto en el que el jefe Kirchner –whisky en mano– le transmite a la mesa chica los entretelones del pacto trenzado entre sus centuriones y los patrones del Grupo Clarín (“a las dos y media de la madrugada del 18 de abril de 2007, en el bar del hotel Hilton de la isla Margarita”). Y también su revés: cuando meses después el arreglo perpetuo es pulverizado y se inicia la batalla por la verdad del Gran Relato. Y en el vértice de este Final Combat, la Casa Calafate desencajonaba un reclamo que desde hacía años venían pregonando académicos y organizaciones sociales y que perforaría, con precisión quirúrgica, la dinámica del multimedio. Dos años después, en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso modelo 2009, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunciaba que el proyecto de Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) sería puesto a discusión en ambas cámaras. ¡Guau! Con un gobierno desplumado por los fustazos de la gringada sojera, la oposición fortalecida auguró un estruendoso fracaso legislativo. Sin embargo, el kirchnerismo volvió a demostrar su disposición regenerativa. El 9 de octubre del mismo año, las movilizaciones en sentida romería llegaron hasta la tranquera del parlamento para acompañar la vigilia, y pasada la medianoche, la mentada Ley de Medios obtuvo los votos necesarios para la sanción. Pero a las puertas del tercer año de la reglamentación, las distintas interpretaciones y apropiaciones políticas que se hacen de la norma y los rengos ejercicios de los órganos de control parecen obturar la total implementación de una medida que desdibuja su espíritu democratizador inicial.

Martín Becerra, doctor en Comunicación, especialista en concentración de medios e impulsor del marco regulatorio de la ley, explica: “Existen tres fuerzas que obstaculizan la plena instrumentación de la norma: el propio gobierno, la oposición y los grupos privados concentrados. Desde luego, estos últimos se resisten a la implementación porque defienden sus intereses. La oposición política, por su parte, boicoteó la integración de los órganos republicanos de control de la Ley, como la Comisión Bicameral, el Directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y el Directorio de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado. Pero el gobierno también tiene su responsabilidad porque está obsesionado con algunos artículos de la ley que están inspirados en la disputa con el grupo Clarín. Entonces enfoca la aplicación de la ley traccionada por el objetivo de erosionar el poder que tiene el grupo”. La observación derrapa en el artículo 161 de la ley, que expresa la desinversión de los conglomerados monopólicos (como cableoperadoras, por ejemplo, no pueden superar el 35% de abonados, y Clarín tiene más del 56%) y genera rispidez incluso entre quienes fueron inspiradores de la medida, ya que el artículo no se aplica (aún) a los grupos Moneta-Garfunkel, Telefónica, Ángel González, Vila-Manzano y demás alineados con la Casa Rosada. Rápido y furioso, Clarín movilizó los tanques y consiguió que el juez Edmundo Carbone hiciera lugar a las medidas cautelares para postergar la aplicación del mencionado artículo al mega-grupo, al menos hasta que la Corte Suprema se expida. Guillermo Mastrini, docente de la UBA, investigador y uno de los promotores de la ley, interviene: “Ése es uno de los déficit más importantes del gobierno en materia de políticas de comunicación: si sigue sin aplicar el artículo 161 al resto de las empresas, no será difícil sostener que ese artículo estaba destinado sólo al grupo Clarín. En el mismo sentido, se podría criticar el alineamiento de los medios del estado nacional con el gobierno. La ley plantea una estructura directiva democrática y una función social para los medios que no corresponde con segmentos de la oferta de los medios públicos nacionales; éstos no pueden actuar como comisarios políticos del gobierno”.

“Ése es uno de los déficit más importantes del gobierno en materia de políticas de comunicación: si sigue sin aplicar el artículo 161 al resto de las empresas, no será difícil sostener que ese artículo estaba destinado sólo al grupo Clarín” (Guillermo Mastrini, docente de la UBA, investigador y uno de los promotores de la ley).

Desde 1983, setenta y tres iniciativas legislativas fueron presentadas con intención de reemplazar el Decreto-Ley 22.285 de 1980 sobre radiodifusión. Ninguna de ellas prosperó, por falta de fiereza política, pero también por la presión de lobby de los grupos concentrados. En este sentido, la decisión del gobierno actual de impulsar el proyecto de ley 26.522 imprime un sello superador que no sólo descuartiza una ley de la dictadura –que además quedó vieja ante los avances tecnológicos–, sino que consiguió por primera vez delinear con trazo fino el mapa audiovisual y poner al desnudo la conformación económica y política de los medios de comunicación. “El principal cambio que produjo la ley es político-cultural”, asegura Diego Jaimes, integrante del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO). Y profundiza: “Los medios ya no son analizados ingenuamente, se ha avanzado en conocer los intereses que sostienen, en su calidad de actores sociales que definen lo que puede o no debatirse. Se ha avanzado en la duda, en la pregunta sobre si lo que se está informando es exactamente como nos lo cuentan o puede haber otros relatos posibles. Se ha corrido un velo sobre el rol de los medios en el debate político, quedando un poco más clara la relación entre quienes sostienen determinada mirada sobre lo que una sociedad y un país deben ser, y cómo los medios y los comunicadores de masas inciden en que el pueblo y la ciudadanía adhieran o rechacen esos proyectos”.

De todos modos, y tirando al contenedor a quienes sustentan sus proclamas en argumentaciones chiquitas, como aducir que se trata de una ley “chavista”, las criteriosas voces disonantes del discurso cincelado por la oficialidad coinciden en que la ley fue estrenada con gruesas fisuras. Becerra: “Creo que las políticas de producción de contenidos con criterio federal y por concursos que se vienen realizando son fundamentales, pero carecen de sostenibilidad. Dependen de una coyuntural iniciativa del gobierno y de su flujo económico. No hay una política económica para el sector audiovisual que tenga al mismo tiempo carácter público y estabilidad. Si mañana cambia el gobierno, y se define otra prioridad, por decreto, buena parte de esas valiosas iniciativas quedarán abandonadas”. Es indudable que la ley cuece las bases de un cambio de paradigma en el olimpo de las comunicaciones audiovisuales. Ya son protagonistas los tiempos de publicidad límite, la transmisión equitativa de mensajes preelectorales, la aniquilación del espantoso COMFER, la asignación de frecuencias a provincias, municipios y universidades, la cuota de pantalla, el aliento a las producciones nacionales. Pero todavía no se analizan con criterio las posibilidades de financiamiento y formación de los nuevos medios, no se corrige el desviado sectarismo de Canal 7, ni se instaura una autoridad regulatoria activa e independiente del poder ejecutivo; mucho menos se vislumbra una sociedad atenta al funcionamiento del sistema, que madure como auditora, en sintonía con un idóneo tribunal de defensa de la competencia. Era de esperar que la estructura de medios no se modificara en un parpadeo, pero sería sensato exigir que durante este año que comienza la ley, como todas perfectible, fortalezca su espíritu de universalización de la comunicación. Así, el gobierno manifestaría su interés real por un compromiso democrático, más allá de la pelea que la hizo nacer.

Cierra Mastrini: “La Ley representa un gran avance para la radiodifusión argentina, porque está basada en principios de derechos humanos que nos hacen ilusionar con una comunicación más democrática. La clave para continuar el análisis es su aplicación, es ahí donde se va a observar si el verdadero objetivo es democratizar la comunicación o perjudicar a Clarín”.

La Co.Ra.Me.Co es la Confederación de Radios y Medios de Comunicación de Argentina