Hay que poner en agenda la situación en las cárceles

Hace unos meses, en diciembre más precisamente, el Congreso aprobó la creación de un mecanismo nacional de prevención de la tortura y otros tratos, penas crueles o degradantes. Durante la elaboración del proyecto participaron más de 20 organismos de Derechos Humanos y algo a destacar es que reconoce la tarea de las organizaciones de la sociedad civil que deben enfrentarse a gobiernos provinciales oportunistas, y que además se resisten a modificar estructuras impuras, tanto en la policía como en los sistemas penitenciarios en general.

El tema vuelve a entrar en agenda ante la democratización de la justicia lanzada por la presidenta de la Nación, condensada en algunos proyectos y puntos esenciales. Hay que destacar que una democratización de la justicia no sólo debe eliminar privilegios a ciertos sectores corporativos o poderosos, sino que además debe hacer cumplir derechos esenciales violados continuamente.

En cuanto a lo que respecta al trato que reciben quienes se encuentran detenidos en penitenciarias a lo largo y a lo ancho del país, existe un déficit considerable propio de los resabios que nos dejó la última Dictadura militar. La tortura hacia los presos, sobre todo los de sectores de escasos recursos, son moneda corriente en provincias que cuentan con estructuras policiales inestables. Ejemplos claros lo demuestran provincias como “Buenos Aires, Mendoza, Chaco, Santiago, Río Negro, Neuquén, Corrientes, Córdoba, Salta o Santa Fe…” según lo consignado por el periodista Horacio Verbitsky, presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y uno de los más estudiosos sobre este tema.

En el año 2007 el CELS había emitido un comunicado respecto de las muertes en el penal de varones en la provincia de Santiago del Estero. Allí, se consigna que las muertes “se explican por la falta de medidas de prevención y las graves condiciones de hacinamiento que caracterizan a las unidades penales provinciales.”  En aquel momento, la tragedia terminó con un saldo de más de 30 muertos, un penal en llamas, y un gobierno cuestionado. Para dejar las cosas más claras, el comunicado agregaba “La Unidad Penal Nº1 -según datos oficiales del SNEEP del año 2005- tiene una sobrepoblación del 122%. De las 444 personas alojadas allí, 276 están detenidas sin sentencia firme”.

Aquí es donde se abre otra polémica. En Argentina hay numerosos casos de personas detenidas sin una sentencia firme. Se utiliza en exceso el método de “Prisión preventiva” extendiendo y abusando de esta medida durante meses, incluso años. Un juez, incluso, puede dictar sentencia favorable a una persona que ya estuvo presa durante varios años por mera prevención.

Mención particular tiene el caso de las hermanas Jara, recientemente condenadas a dos años de prisión por un crimen no del todo aclarado, que estuvieron en prisión preventiva durante el mismo tiempo por el que ahora se las condena. Las hermanas y los familiares festejaron, la impotencia ante la injusticia no les dio remedio que festejar por lo menos una sentencia. Mario Wainfeld -en una nota publicada en el diario Página/12- detallaba que sólo en la provincia de Buenos Aires se encuentran detenidas más de 17.700 personas sin una condena. “Representa el sesenta por ciento de los condenados”, en palabras de Luciana Pol (CELS).

Lo que sucedió con las hermanas Jara, y demás casos similares, y las condiciones deplorables de los presos en Santiago, Chaco, Salta, y Buenos Aires no tienen la presencia mediática masiva que deberían tener. Esto no sucede porque son los propios medios los que se encargan de generar una presunción de culpabilidad que la sociedad toma como cierta. Ningún medio cuestiona la información que brinda la policía, la forma en que realiza la investigación, los datos que se aportan y muchas veces los fiscales y los jueces se ven presionados por la opinión pública para realizar su trabajo. Lo que sea contrario a ese pensamiento mediatizado será repudiado, y por supuesto expandido aún más que el caso mismo.

No falta, por supuesto, algún famoso que sale a pedir pena de muerte o algún político, sin tener en cuenta que Argentina en base a los tratados internacionales a los cuales adhiere nunca podrá tener dicha pena. Cualquier debate sobre el tema es generar más confusión sobre algo que no genera más que oportunismo político para hablar de la “inseguridad”. Incluso, se tratan temas como reducir la edad de imputabilidad cuando los crímenes son cometidos por personas que viven en barrios de extrema pobreza, pero se deja de lado dicho debate cuando el crimen lo comete alguien que posea un nivel económico estable, alto.

La discriminación persiste y su erradicación no es fácil. La corrupción policial mantiene la misma línea desde las épocas más oscuras, salvando algunas modificaciones implementadas en estos años que ayudan, pero no logran resolver un problema que dista de tener una solución en poco tiempo. Desde problemas con el narcotráfico en Santa Fe, encubrimiento de torturas en cárceles insalubres, ocultamiento de pruebas – claro ejemplo el caso de Marita Verón – y demás miserias propias de una sociedad típicamente influenciable por un periodismo amarillo que gana páginas en la sección de Policiales, la cosa se complica. Habrá que madurar como sociedad, como seres humanos y como gobernantes al fin. La democratización de la Justicia y la sanción de un mecanismo nacional de prevención de la tortura son pasos correctos que se dieron, de aquí en más deberá ser justa su aplicación para seguir avanzando por esa senda.