Lawfare y aviones iraníes, por Santiago Gómez

Por Santiago Gómez*

La detención del avión venezolano con tripulación iraní en Argentina debe interpretarse dentro de la guerra jurídica contra la República Islámica de Irán. En el avión viajaban ciudadanos venezolanos e iraníes. Según informó el Ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, todas esas personas pueden volver a sus países pero no lo hacen para no abandonar la nave. Las tácticas de la guerra en el campo de lo jurídico contra Irán fueron desarrolladas por Orde F.Kittrie, en “Lawfare y Seguridad Nacional estadounidense”. Kittrie es autor de “Lawfare: law as a weapon of war” (Guerra jurídica: la ley como un arma de guerra”), es abogado, trabajó durante once años en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y es una referencia teórica indiscutible a la hora de entender lawfare. La defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, popularizó el término lawfare en la región, le dieron visibilidad al problema, y aún así se continúa considerando al lawfare como la judicialización de la política. El lawfare tiene lógica militar, es preciso entender qué es la guerra, cuál su objetivo, los medios para alcanzarlo, para poder entender y anticipar los posibles movimientos del enemigo.

Existen dos referencias teóricas indispensables para pensar la guerra: Sun Tzu y Carl von Clausewitz. Clausewitz dice que el objetivo de la guerra es imponer una voluntad, acabar con la capacidad de resistencia de aquel al que se le quiere imponer una voluntad, no se trata de aniquilar al enemigo. En la guerra hay dos fuerzas a considerar: la fuerza material y la fuerza moral. Desmoralizar a la tropa enemiga disminuye la capacidad de resistencia de la fuerza sobre la que se quiere imponer una voluntad. Durante la invasión de Estados Unidos a Afganistán, las fuerzas de resistencia afgana, sean militares o no, presentaron recursos ante tribunales internacionales para impedir que la fuerza aérea estadounidense bombardeara en territorio donde había población civil. Donald Rumsfeld, Secretario de Defensa de la administración Bush, fue denunciado en Bélgica por crímenes de guerra durante la invasión a Irak, Bélgica tenía jurisdicción universal. Después que Rumsfeld amenazó con sacar la sede de la OTAN de Bélgica, Bélgica cambió su ley sobre ser jurisdicción universal. Los generales estadounidense se encontraron con que la decisión de un juez condicionaba su fuerza de ataque y fortalecía las posiciones de resistencia enemiga. Así fue que las fuerzas militares estadounidenses entendieron que estaban siendo víctimas de lawfare, las fuerzas de resistencia afgana usaban el campo del derecho para fortalecerse.

Como advirtió Sun Tzu, la guerra sale cara y representa un esfuerzo muy grande para la población. La mejor manera de ganar una batalla es sin necesidad de usar al fuerza militar, para ello debilitar la capacidad de resistencia es fundamental y la resistencia se hace de fuerza moral y material. Si en la guerra jurídica se usa la ley como arma, también se reconocen los recursos económicos como fuente de armamento. Por eso en todo caso de Lawfare se bloquean los bienes de la persona acusada, para que no tenga recursos para pagar a su defensa, así como también se busca bloquear los bienes de quienes ejercen la defensa. En este sentido, con Irán bloqueada comercialmente por Estados Unidos, por considerar que aquel es un régimen terrorista, quien realice transacciones comerciales con Irán se considera que está financiando actividades terroristas. Esta fue la acusación que recibió Siemens, como describió Kittrie en el artículo mencionado. Ese es el motivo por el que ninguna empresa quiere venderle combustible al avión iraní, conforme informó el Ministro de Seguridad. Es preocupante que siendo que el Estado argentino es propietario de YPF, el gobierno no ordene venderle el combustible y preste nuestras instituciones para hacer de gendarme de una policía mundial.

La presencia de los venezolanos en el avión iraní también muestra las consecuencias del bloque venezolano. Por temor a ser procesadas por financiar a “la dictadura narcochavista”, las mayoría de las empresas no comercializan con la República Bolivariana de Venezuela, por lo que el gobierno venezolano se ve obligado a armar complejos esquemas para poder comprar los insumos que su economía precisa para funcionar, a un precio muchísimo mayor que el valor de mercado. Comercializar con Venezuela representa un riesgo, lo mismo que con Irán. Recientemente el presidente de India confrontó la narrativa de los Estados Unidos y dijo que no podía considerarse que porque India compraba gas ruso estaba financiando la guerra. Así como es verdad que los Estados compran armas con los recursos que obtienen por su comercio externo, también es cierto que no se puede hacer responsable al comprador por lo que hace el vendedor con los recursos obtenidos. La táctica que Estados Unidos utiliza es: si con lo que venden compran armas, quienes compran productos rusos,  iraníes, venezolanos financian la guerra, el terrorismo, la violación de derechos humanos.

El artículo de Kittrie es del 2010, antes del Memorandum de entendimiento de Argentina con Irán y en el que ya se consideraba la creación de un tribunal internacional para destrabar la situación, y usar la causa AMIA para desprestigiar a Irán internacionalmente. En dicho artículo, Kittrie, que además de abogado del  Departamento de Defensa, fue abogado principal para la no proliferación nuclear, abogado principal para controles de comercio de armas y de doble uso, y asistente especial al Subsecretario de Estado de Economía y Empresa, señala que durante el gobierno de George Bush la guerra jurídica de los Estados Unidos fue básicamente defensiva, pero que con la llegada de Barack Obama la táctica fue de ataque y coloca como ejemplo las diversas intervenciones legales que el gobierno estadounidense llevó a cabo con el objetivo de frenar el programa de armamento nuclear de Irán. Destaca que la administración estadounidense pasó a denunciar a los iraníes por violaciones a los derechos humanos en cuanta corte internacional o foro legal hubiese, con el objetivo de estigmatizar a su gobierno y atentar contra cualquier tipo de apoyo económico que pudieran recibir. Debemos considerar que este ataque contra Irán se da con la vuelta de los demócratas al gobierno. Es preocupante que el gobierno argentino preste sus instituciones para este juego.

Como describimos en "Lawfare y operaciones psicológicas", según Kittre son cinco las herramientas de las que dispone el presidente de los Estados Unidos para alterar el comportamiento de un país extranjero: "1) hablar (declaraciones y negociaciones); 2) edulcorar (incentivos); 3) sanciones (restricciones económicas y diplomáticas); 4) sabotaje y 5) soldados (acción militar). En el caso de Irán, hablar y endulzar han sido probados y han fallado,  los soldados son una opción muy problemática”. Es por esta razón, que explica que la estrategia fueron “las sanciones económicas y el sabotaje, incluido el virus Stuxnet”, creado para afectar el sistema informático del programa nuclear iraní.

Los mismos intereses que están detrás de la paralización del avión iraní junto a su tripulación, están detrás del uso del Memorándum con Irán para atacar a Cristina Fernández. Argentina está siendo utilizada como teatro de operaciones para atacar a Irán, todo lo que estamos observando fue descrito por un exabogado del Departamento de Defensa. "Acusar de financiar el terrorismo a quien establezca relaciones comerciales con Irán", esa fue la táctica adoptada. Por eso preocupa que el Ministro de Seguridad reconozca que no se le vende combustible a la empresa propietaria del avión, siendo que el Estado tiene una empresa estatal de combustibles, lo que deja a la vista que Alberto Fernández está permitiendo que usen Argentina como teatro de operaciones, poniendo las instituciones del Estado para que sean usadas como agentes de gendarmería de los Estados Unidos. Fernández denunció el bloqueo que sufren Cuba y Venezuela, pero se presta a que ataquen a Irán. Hay que reconocer que siempre fue contra el Memorándum de entendimiento y que el acuerdo con el FMI no fue gratis.

* El autor es miembro del Instituto Lawfare