Malvinas y Gibraltar en el contexto del Brexit

Por Uriel Erlich*

Hace poco más de un mes, el 12 de julio, el Rey Felipe VI de España brindó un discurso en el parlamento del Reino Unido. Entre otros asuntos, destacó la importante relación que mantienen y solicitó al parlamento británico que buscara “fórmulas satisfactorias para todos” en el contencioso de Gibraltar.

De esta forma, al igual que hiciera su padre, Juan Carlos I, en el mismo escenario hace 31 años, en el contexto de la integración de España a la Unión Europea, el Rey Felipe VI -máximo representante de España en el exterior- instó a resolver la disputa de soberanía por Gibraltar en la sesión conjunta de la Cámara de los Comunes y de los Lores en la Royal Gallery de Westminster.

Felipe VI ya había reclamado al Reino Unido por Gibraltar hace unos meses, el 20 de septiembre de 2016 en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Allí recordó que Gibraltar era la única colonia existente en territorio europeo e invitó al Reino Unido, en cumplimiento del mandato del organismo, “a poner fin a ese anacronismo con una solución acordada”.

La novedad, junto al valor simbólico y político del discurso del Rey, es que el reclamo español por Gibraltar sucede en el contexto del Brexit: la eventual salida del Reino Unido de la Unión Europea. En caso de hacerse efectiva, el diferendo ya no sería entre dos integrantes de la Unión Europea, sino entre un “socio”, España, y un “externo”, el Reino Unido.

El gobierno de la Reina no tardó en responder. Alabó los lazos de amistad entre ambos países y afirmó que la soberanía de Gibraltar no era negociable: mientras sus habitantes quisieran seguir bajo gobierno británico, no sería posible discutir el asunto.

Gibraltar es uno de los últimos diecisiete casos de colonialismo (Territorios-No-Autónomos) reconocidos por las Naciones Unidas. Diez de ellos, se encuentran bajo dominio del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

El Reino Unido pretendió legitimar su decisión de no negociar la soberanía a partir de los referéndums promovidos en Gibraltar en 1967 y en 2002, en los que la población británica que allí habita expresó su voluntad de continuar bajo gobierno británico. Lo mismo realizaron en el año 2013 en otro Territorio No Autónomo reconocido por Naciones Unidas: las Islas Malvinas. Dicho referéndum contó con un resultado equivalente. Más allá del previsible corolario, dichas iniciativas no obtuvieron ningún reconocimiento internacional ni jurídico; se trató de un hecho político, de un intento por legitimar su situación de dominio.

La solución de los conflictos de soberanía requieren respetar el modo de vida de los habitantes de las islas, tal como lo afirman numerosas declaraciones de organismos internacionales y, en la Cuestión de las Islas Malvinas, la Clausula Transitoria Primera de la Constitución Nacional argentina. Pero el diferendo en ambos casos es por el ejercicio de la soberanía sobre el territorio: se trata del derecho a la integridad territorial, de España en un caso, y de Argentina en otro, que ha sido transgredido por la potencia ocupante, el Reino Unido.

Mientras el Gobierno de España comprende que el Brexit y la eventual salida del Reino Unido de la Unión Europea es un talón de Aquiles y, por tanto, una importante ocasión para instar, en el propio Parlamento Británico y por parte de su máximo representante en el exterior a resolver la controversia por el territorio de Gibraltar, el gobierno nacional argentino presidido por Mauricio Macri ha quitado la cuestión de la soberanía de las Islas Malvinas como parte de la agenda bilateral con el Reino Unido.

En términos jurídicos, la disputa de soberanía continúa, ya que es irrenunciable tal como lo indica la Constitución Nacional argentina, pero desde la asunción del nuevo gobierno nacional en diciembre de 2015, ha dejado de formar parte de la agenda pública y política y de la relación bilateral entre el Reino Unido y Argentina.

Entre otras acciones, desde el inicio, el gobierno argentino eliminó la Secretaría de Estado de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, bajándole el rango institucional; en mayo de 2016 la entonces Canciller Susana Malcorra expresaba al diario inglés The Financial Times que las Malvinas no era más “el tema principal de la relación con Gran Bretaña”. La declaración conjunta firmada entre Argentina y el Reino Unido en septiembre de 2016 no incluyó las históricas demandas argentinas: no menciona la disputa de soberanía ni la Resolución 2065 (XX) de Naciones Unidas que plantea la necesidad de la negociación bilateral para resolver la controversia, ni la violación de la resolución 31/49 que prohíbe las acciones unilaterales en la zona en disputa, ni la existencia ilegal de una base militar británica en la zona de paz del Atlántico Sur.

Hasta el propio ex ministro de relaciones exteriores del Reino Unido entre el 2010 y el 2014, William Hague, había advertido al diario The Telegraph, dos semanas antes del referéndum del Brexit (8/6/16) que, “el voto por la salida (leave vote), pondría en riesgo la soberanía de las Falklands (Malvinas)”.

El Brexit ha generado en el Reino Unido y en Europa, un momento de inestabilidad e incertidumbre política. Dicha inestabilidad podría trasladarse, para el Reino Unido, a su capacidad de mantener la estructura de dominio de sus territorios de ultramar. Gibraltar, como actual territorio dependiente del Reino Unido, podría dejar de formar parte de la Unión Europea -y de tener acceso directo a dicho mercado- en caso de efectivizarse la salida del Reino Unido. Según establece la clausula 24 de las directrices de negociación del Brexit aprobadas por el Consejo de la Unión Europea (EU's guidelines for Brexit negotiations, 29/04/17): "Una vez que el Reino Unido deje la Unión, ningún acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido se aplicará al territorio de Gibraltar sin que haya pacto entre el Reino de España y el Reino Unido". Las Islas Malvinas, que han sido incluidas en la lista de países y territorios a los que se aplica el régimen de Asociación de los Países y Territorios de Ultramar a partir del Tratado de Lisboa de la Unión Europea –lo que ha sido oportunamente motivo de reclamo por parte de Argentina-, podrían también dejar de formar parte de la misma.

Quizas el Querido Rey al cual el presidente Mauricio Macri se preocupó por honrar -llamativamente- con la Orden del Libertador San Martín, contribuya a la reflexión del gobierno argentino sobre la importancia de volver a incorporar, como parte de la agenda de la política exterior, la cuestión de la soberanía de las Islas Malvinas.

*El autor es Mg. en Políticas Públicas y Lic. En Sociología, e investigador del Centro de Innovación de los Trabajadores (UMET-CONICET).