Un cocktail peligroso

Por E. Raúl Zaffaroni

La situación del país es insólita, pero en modo alguno desesperante: el campo popular superó momentos mucho peores. Además, toda Latinoamérica sufre esta etapa avanzada del colonialismo corporativo. Por suerte, frente a las horribles tragedias de nuestros hermanos, hasta el presente no llevamos la peor parte ni mucho menos.  

No obstante, no dramatizar no significa subestimar el panorama argentino actual, que es de caos institucional (gobierno por decretos-leyes, incluso en materia penal y tributaria; despidos masivos e indiscriminados de funcionarios; distribución centralizante de la coparticipación federal; designación de jueces supremos por decreto; clarísima usurpación de competencias del Congreso; amenaza a la autonomía del Ministerio Público; desbaratamiento del AFSCA;  supresión de toda disidencia en los medios de comunicación; endeudamiento e inflación; devaluación acelerada del salario real; extorsión manifiesta al sindicalismo; y un largo etcétera).  

El Poder Judicial complica más las cosas: los jueces cercanos al campo popular son estigmatizados como militantes ; los que consienten y legitiman el caos institucional, son los imparciales o políticamente impolutos. En poco tiempo se acentuará el desprestigio del Poder Judicial, cuyo grueso lo compone una masa silenciosa que, dentro de todo, hace bastante bien las cosas. Es muy posible que en el futuro sea el chivo expiatorio, sobre el que recaiga la totalidad de la responsabilidad de este caos institucional.

Si bien las cuestiones institucionales no provocan movilizaciones masivas, las tropelías institucionales preanuncian siempre atropellos de otro orden que, por otra parte, se advierten discursivamente sin tapujos.

A este caos institucional se suma la torpeza política, con una tónica general que no puede menos que recordar la prepotencia de la revolución fusiladora.  

La prisión de Milagro Sala es ordenada por una justicia manipulada impúdicamente con tal grado de descaro, que ni siquiera al recordado Menem se le pudo achacar. No se trata sino de una clarísima muestra de grosería política revanchista. Al escándalo de pretender que la protesta configura sedición, se suma el injustificado requerimiento previo de fuerzas federales que ha costado 43 vidas. (En perspectiva regional no es descabellado calcular 43 + 43 = 86, pues tanto a los normalistas de Ayotzinapa como a nuestros gendarmes los podemos poner a la cuenta de los virreinatos del colonialismo avanzado). El papelón internacional de la Argentina con este caso es considerable y nos afecta a todos los ciudadanos.

La exigencia transnacional de intervención de Fuerzas Armadas con pretexto de combate al narcotráfico, conforme a la experiencia regional, pone en riesgo la Defensa Nacional, pero implica también una intimidación pública, de la que forma parte el renacimiento de procedimientos policiales archivados hace años.   

Torpeza política, control de medios, movilización de fuerzas federales, riesgo para las Fuerzas Armadas de la Nación, intimidación pública, manipulación judicial y caos institucional generalizado, forman un cocktail de alto y peligroso poder embriagante, debilitante de frenos inhibitorios.

Frente a esto, muchos ciudadanos –y en particular los más jóvenes- preguntan: ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer?

No soy la persona indicada para proporcionar esa respuesta, dado que no es jurídica ni institucional, sino política y, por ende,  esa naturaleza indica que deben proporcionarla los políticos.

Pero los políticos del campo popular aún están shockeados. No saben bien qué hicieron mal. Creo que no han hecho nada demasiado mal; quizá no admitieron que algunas tazas molestas se podían reacomodar en el armario.

No contaron con la versión local de monopolio mediático propio de nuestra región (no tolerado por ninguna de las democracias del mundo desarrollado) y que, como parte de las corporaciones transnacionales, aprovecharía ese flanco para estafar a alguna gente, haciéndole creer que el cambio se limitaría a remover algunas tazas de una posición que les resultaba antipática. El error táctico fue no moverse con la rapidez necesaria para mostrar que no venían a cambiar de posición las tacitas, sino a romper el armario.

Pero nuestros políticos parece que comienzan a reaccionar, como crecientemente se les reclama; la reunión de gobernadores es prometedora. En breve volverán a ser protagónicos si dejan de pasarse facturas y postergan el internismo, que es el cáncer de los partidos del campo popular, como lo demuestra el espejo del radicalismo.

Sería suicida distraerse con el internismo y alejarse del Pueblo, pues pelearían por un armazón vacío: toda estrategia y táctica popular debe priorizar la respuesta al Pueblo. Pero en tanto terminen de salir del estupor y asuman la función natural de conducción y orientación, debe primar la prudencia.  

Nuestro Pueblo no está indefenso. La pretensión de una construcción mediática de realidad única, está condenada al fracaso. La tecnología comunicacional actual no es la de 1955 ni la de 1976. Además, no faltará en el propio campo mediático empresarial quien aproveche la demanda de al menos el 50% del mercado: si medio mercado (con perspectivas de aumentar) demanda galletitas, alguien las ofrece.  

Las plazas no cesarán; en este caso no es verdad que la gente se cansa. Las cesantías masivas en la administración de miles de funcionarios, los convierte mecánicamente en militantes. Y dentro de escasos meses se sumarán las otras víctimas de este descalabro de concentración de riqueza y de crecimiento de lo único que harán crecer: el coeficiente de Gini, o sea la desigualdad social.  

Esa militancia necesita conducción, orientación y también contención de los políticos, ante todo porque debemos cuidar la vida de nuestra gente. Deben conducir porque debe contenerse a cualquiera que se descontrole y detectar a los provocadores. Ni la menor violencia debe salir del campo popular, porque la están esperando para reprimir, y para la represión son todavía más torpes que en lo político, que es decir.     

No debe olvidarse que la violencia nunca fue propia del campo popular, sino de sus enemigos : los sucesivos virreinatos  destrozaron la modesta vivienda de Yrigoyen, anularon la elecciones de Pueyrredón-Guido, fusilaron en las dictaduras de 1930 y 1955, derogaron una Constitución por bando militar, convocaron a una Constituyente sin Congreso, bombardearon la Ciudad de Buenos Aires y ametrallaron a los trabajadores, destituyeron jueces masivamente, sancionaron el decreto 4161, proscribieron partidos mayoritarios, impusieron penas validas del estado de sitio, anularon las elecciones de 1962, encarcelaron a presidentes electos por voto popular, sometieron civiles a juicios militares, asesinaron y desaparecieron a decenas de miles de personas, robaron bebés, se autoamnistiaron, y hoy provocan el caos institucional.

A toda costa se debe impedir cualquier pretexto que permita legitimar la represión. La protesta debe canalizarse orgánicamente, con conducción y contención, agotando todas las medidas legales, ocupando todos los espacios de libertad que tenemos por ley y Constitución.

La lucha no violenta es de valientes, no de timoratos ni medrosos, porque no evita la violencia de los otros, sino que la deja en descubierto y los deslegitima y debilita. Se trata de la vieja técnica oriental: la defensa consiste en usar la fuerza del contrincante para debilitarlo.

Los defensores de la violencia suelen ironizar respecto de Gandhi, recordando que los ingleses victimizaron a miles de personas en la India, que luchaban pacíficamente. La idealización de la violencia, en la que se nos educa desde niños, les impide calcular el tiempo que hubiese durado y los millones que hubiesen perecido si la lucha por la independencia de la India hubiese sido violenta. ¿O se olvidan que los colonialismos son impiedosos?

Pero la lucha contra el caos requiere orden y organización: La organización vence al tiempo, decía Perón. Es menester conducción y organización, para que todo ciudadano, dentro de sus posibilidades, se convierta en creativo, en pensador, en jurista, en difusor, en síntesis, en político. En breve serán pocos los que digan Yo no entiendo ni quiero saber de política.

La política es el gobierno de la polis, y a poco andar -y por el camino que adopta este virreinato- todo ciudadano se dará cuenta de que quienes fomentan la antipolítica y se proclaman apolíticos, en realidad quieren ejercer el monopolio de la política, o sea, del gobierno; más que nunca su torpeza va mostrando una opción bien férrea : o nos gobernamos nosotros o nos gobiernan otros.  

Insisto en que no soy la persona indicada, pero de momento me permito sugerir: (a) Nada de violencia. (b) Ocupación de todos los espacios legales y constitucionales para reclamar, denunciar y protestar. (c) No asumir ningún riesgo inútil. (d) Reclamar de los políticos que despierten de su schock. (e) Contención de quien se descontrole y separación urgente de los provocadores. (f) Utilización de todos los espacios de comunicación. (g) Postergación de todo internismo. (h) Privilegio de la función de conducción y orientación popular. (i) Generosidad con los errores ajenos y corrección de los propios. (j) La fuerza se vence usando las neuronas, o sea, lo que a la fuerza le falta: la razón.

Hace muchos años, había un busto de Evita en la columnata de entrada al Cementerio de la Chacarita. La dictadura de 1955 lo retiró. El día de difuntos, la gente pasaba y cada uno dejaba una flor en el lugar en que había estado el busto, hasta que se formó una montaña de flores. Aprendamos la lección popular: enterremos la prepotencia del caos institucional bajo una montaña de flores.