YPF: saliendo del lugar de economía dependiente
Por Emanuel Bonforti I En el contexto de la medida soberana de expropiación de la mayoría accionaria de YPF y de la declaración de interés público del autoabastecimiento, la explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos, es decir, una vuelta de página a un período de casi veinte años de desregulación en materia petrolera, donde fueron las reglas del mercado quienes imponían el ritmo de producción, surge una nueva iconografía en los medios de comunicación y en las redes sociales, que pone en sintonía a través de las siglas YPF, tres rostros presidenciales cuyos apellidos representan cada una de las letras de la empresa de manera cronológica y significaron, en términos políticos, un hito nacional a través de sus decisiones que los diferenciaron de sus antecesores y los enfrentaron a las estructuras de poder económico local que conviven en sintonía fraternal con los imperios de turno, apoyados en un sistema cultural que refuerza los valores del dominador.
Si bien la creación de YPF data de 1922, ya en 1891 el diputado Luis Magnasco comienza a mencionar la riqueza petrolera de Jujuy y Mendoza, claro está, que a la Inglaterra exportadora de carbón no le causaba ninguna gracia que su “sexto dominio”, consiga autonomía en materia de combustible y de esta manera, comienza con sus métodos elegantes para sabotear cualquier intento de autodeterminación apelando al soborno de políticos venales y a la presión diplomática en los incipientes organismos internacionales.
Podemos ubicar la primer medida soberana en términos de riqueza subterránea en la Ley N° 4167 de 1903 impulsada por el partido Autonomista. Quizá en uno de sus últimos reflejos anti-mitristas, se forma aquí la Comisión de Estudios de aguas y napas, yacimientos carboníferos e investigaciones geológicas. Su objetivo, era la búsqueda de carbón, primer caso que a partir de una situación desfavorable en la balanza comercial, se impulsa una medida soberana, la correlación de fuerzas entre Argentina y el imperio frustra esta intención, que atenta contra la ecuación inglesa de combustible importado por cereales y carne. En este período experimental, que termina en 1922, encontramos el descubrimiento de petróleo en Comodoro Rivadavia. Inglaterra a partir de ahora tratará de bloquear la llegada de los capitales norteamericanos, como también intentará evitar que esa materia prima esté sujeta a un proceso de industrialización por empresas nacionales.
Con la llegada del primer gobierno democrático y popular en 1916, producto de años de lucha, Yrigoyen llega al poder en un contexto nacional donde la estructura del país oligárquico seguía teniendo una representación aceitada en el Congreso y activa en la Corte Suprema, en el ámbito internacional de la primera guerra mundial. El nacionalismo defensivo que muchos consideran en este período, producto de no proponerse una emancipación por vías de la industrialización, posee grandes gestos de soberanía, la política de neutralidad ante la guerra, el acercamiento a las naciones latinoamericanas, el atisbo de una política ferroviaria independiente del imperio con el plan de Huatiquina, el petróleo considerado como la segunda gran riqueza y para evitar los vicios terratenientes de nuestra primer riqueza que tiene como origen el reparto de tierras de Rivadavia. El Peludo en 1928, propone en el Congreso un régimen legal que ponga en manos del Estado el dominio de los yacimientos, su marco teórico fueron los escritos de Mosconi, quien considera que la soberanía energética forma parte de la tercera etapa de la independencia del continente. La mirada latinoamericanista es una señal emancipatoria que se repetirá de manera pronunciada durante el peronismo y el gobierno de Cristina Fernández, mientras que los imperios clásicos de ayer y las corporaciones trasnacionales de la actualidad intentarán segmentar dichos vínculos a partir de una política que apunta a la balcanización continental.
Durante el gobierno de Yrigoyen, a pesar de las fuertes presiones de la Standard Oil, no logra obtener ninguna concesión, de ahí que la ganancia neta permita aumentar las plantas de destilación y extender las agencias de venta, producto de mantener un combustible barato para el mercado interno. El golpe del ´30 permitió que los británicos intervengan en una empresa mas dócil, donde se privilegiaron los postulados de libertad de empresa, sociedades mixtas, y libre empresa integral, YPF pasaba de ser una empresa ejecutora de su política nacional a una mera empresa comercial y una referencia en la tan mentada seguridad jurídica.
Como bien dijo Arregui “El peculado del petróleo corrobora que las inversiones extranjeras tienden al monopolio y a la acción corruptora en todos los órdenes de la vida nacional”. Hernández Arregui, Juan José. (2004). Nacionalismo y liberación. Buenos Aires: Peña Lillo-Continente, página 202
A partir de 1943, asistimos a un período de nacionalización de la economía, producto de la alianza entre un ejército de carácter nacionalista –que considera a la industria como el motor de cualquier proyecto emancipatorio y clave en la defensa nacional-, una clase obrera y algún sector incipiente y oscilante de la pequeña burguesía. Este momento se cristaliza en la recuperación soberana de los ferrocarriles, los puertos, aguas corrientes, transporte público, seguros, bancos, nacionalización del Banco Central, y el comercio exterior. Nuevamente se avanza en términos legislativos sobre el petróleo: en 1949 se dicta una nueva Constitución que le otorga un carácter nacional a nuestro patrimonio energético y natural, pretendiendo el autoabastecimiento y la no dependencia imperial en materia de combustible, en un contexto de expansión económica para evitar los cuellos de botella en la producción. Forma parte de este cambio de época, además, la creación de Gas del Estado.
Estados Unidos es quien desplaza a Inglaterra en la hegemonía mundial, y acrecienta sus decisiones mundiales en materia petrolera, encargado de frenar el impulso nacionalista de Perón, a través de diferentes prohibiciones, embargos y bloqueos. La restauración oligárquica a través de la mal llamada Revolución Libertadora, permitió el ingreso de nuestra economía al FMI, al Banco Mundial y al GATT, que conllevó la intervención directa de la soberanía petrolera: otra vez un golpe militar tiene olor a petróleo.
Un golpe fuerte sobre YPF se da a partir de 1976, con el primer intento de privatización que al no consagrarse, consigue en parte su objetivo, es decir, el vaciamiento y el desprestigio de nuestra empresa de bandera, quizás la frase que ilumine mejor este período la brinde Roberto Alemann: “Cada propietario de la tierra explote el subsuelo al igual que como sucede con el trigo”. Hablamos de una transferencia del ámbito del código minero al código civil. Continuadores de esta estrategia será la banda neoliberal que asalte el poder en 1989, impulsando una apertura comercial feroz para nuestra industria y con una reforma del Estado cuyo eje es el programa de privatizaciones, donde YPF es víctima del mismo.
La medida que tomó Cristina Fernández de Kirchner, implica un escenario que se diferencia del de la desregulación petrolera noventista, en parte para evitar el desbalance comercial histórico que significaron los momentos en los cuales Argentina debió importar combustible para sostener la producción económica. Es un paso fundante para levantar las banderas de la independencia económica y alcanzar una industrialización consolidada, saliendo del lugar de economía dependiente legada por años de derrotas. Enemigos de esta política son los mismos que se alzaron contra Yrigoyen y Perón, la oligarquía en materia minera siempre se resistió a la explotación estatal de los yacimientos, favoreciendo a los imperios de turno y sosteniendo un crecimiento económico retardario –combustible por carnes y cereales- donde son pequeños grupos de mediadores e importadores quienes se benefician, empleando medios de “persuasión” como el lobby, funcionarios venales y medios de comunicación que refuerzan la dominación cultural, apelando a frases que tienen que ver con la intervención de un Estado ineficiente, mal administrado, y en contraposición apelan a las empresas privadas con capacidad de gestión en nombre del libre mercado.
El autor es licenciado en sociología, miembro del Centro de Estudios Juan José Hernández Arregui.