"Con el macrismo existió persecución a aquellos magistrados que no se alinearon con el Poder Ejecutivo"
Por Santiago Asorey
La Fiscal Nacional en lo Criminal y Correccional y flamante presidenta de Justicia Legítima, Cristina Caamaño, dialogó con AGENCIA PACO URONDO sobre su mirada vinculada el momento actual que atraviesa la Justicia. Además, expresó duras críticas al Gobierno por las presiones del Poder Ejecutivo a integrantes del Poder Judicial.
APU: ¿Cómo ha visto durante estos cuatro años de gestión macrista la relación del Poder Ejecutivo con la Justicia?
CC: Creo que hubo mucha presión por parte del Ejecutivo a determinado sector judicial. A su vez, una porción del sector judicial respondió plenamente a las peticiones del presidente. Tenemos frases que marcaron eso con fuerza. Por ejemplo: Macri diciendo que si que no les gustaban los fallos iban a buscar otros jueces para que los representen. El hecho de que haya querido ingresar a dos miembros de la Corte Suprema por decreto de necesidad y urgencia fue muy claro. La verdad es que lo lamento por los dos magistrados que hayan aceptado, porque es algo completamente inconstitucional. También se impulsó el traspaso de jueces de un fuero a otro sin haber concursado. Hubo muchas irregularidades y el Ejecutivo hizo lo que quiso.
APU: Viniendo de un espacio que siempre se jactó de defender banderas republicanas. ¿Pudo haber generado también desencantó en el Gobierno de sectores de la Justicia que le habían creido al gobierno sus banderas sobre la república?
CC: Creo que si. Hubo mucha gente que le preocupa este tema y se desencantó. ¿Qué era lo que se criticaba antes? Si ahora este Gobierno lo hace muchas más desenfadadamente y no dicen nada. La protección que tuvieron por parte de los medios de comunicación hegemónicos generó que estas cosas no trasciendan. Al igual que la crisis económica que solo pocos medios difundieron durante mucho tiempo de esta gestión.
APU: En una entrevista la semana pasada habló del proceso de demonización que sufrió Justicia Legítima.¿Podría ahondar en este concepto?
CC: Justicia Legítima nació en el año 2013, justamente para democratizar la Justicia. Para transparentar sus instituciones, para acercarlas a la gente. Ya desde ese momento advertimos que la gente no veía con buenos ojos al sector judicial. Que tenía ya un altísimo porcentaje de desaprobación en ese momento y ha ido aumentando cada vez más en estos últimos años.
Lo primero que se dijo: "es que éramos kirchneristas", enfatizado con una connotación negativa. La agrupación Justicia Legítima es apartidaria, una asociación civil sin fines de lucro y en su pilares vela por la división de poderes, la transparentación y la democratización de la instituciones judiciales, entre otros valores repúblicanos. Con el triunfo de Macri, Justicia Legítima comenzó a ser demonizada. Se dio exactamente lo mismo con la palabra garantismo.
Para cualquier abogado la palabra garantismo es una palabra hermosa y debería serlo para cualquier ciudadano. Que significa estar con la Constitución. ¿Estamos con la Constitución o estamos en contra? La Constitución es lo más preciado que tiene un país; porque es la ley máxima. De allí se desprenden todos los derechos, las garantías, las convenciones internacionales que incorporamos en la reforma de 1994. Pero bueno en estos últimos años se empezó a usar como si fuese un adjetivo descalificativo, una mala palabra. Eso es algo tremendo. ¿Cómo salís a explicar sí, soy garantista porque defiendo la Constitución? Muchos políticos, sobre todo macristas intentaron ensuciar una palabra maravillosa.
APU: ¿Qué desafíos existen para Justicia Legítima luego de todo este proceso señalado?
CC: Tenemos que recuperar el prestigio que teníamos cuando se fundó la asociación. Y hay que recordar que este espacio se construyó con personas muy valiosas. Los fundadores y fundadoras de Justicia Legítima fueron personas muy valiosas con principios democráticos y republicanos que se encuentra plasmado en el reglamento.
APU: ¿Cómo piensa el debate sobre las prisiones preventivas? Que si bien es algo que ya existía en gran parte de la población carcelaria, en estos últimos cuatros años han sido sufridas por dirigentes de la oposición por motivos políticos…
CC: Hemos visto prisiones preventivas totalmente exageradas, casos de personas que antes de ser procesadas ya estaban en prisión preventiva. Es cierto lo que señalas hay un sesenta por ciento de la población carcelaria que se encuentra con prisión preventiva. Pero han tenido un proceso. La mayoría han sido detenidos en flagrante delito y de acuerdo al delito que se le imputa se determina la prisión preventiva.
En estos últimos cuatros años han existido prisiones preventivas ante denuncias sin que exista el procesamiento. La prisión preventiva tienen que tener dos cuestiones fundamentales. Una es el entorpecimiento de la causa y la segunda el peligro de fuga. En estos casos que señala en la pregunta no se daban ninguno de estos supuestos. Bastaba con prohibirles la salida del país y nada más. El caso más paradigmático es el de Milagro Sala que sufrió todo esto y la primera causa que tiene es una contravención.
APU: Sobre este caso aparte se han expresado múltiples organismos de derechos humanos internacionales...
CC: Es una locura lo que han hecho, sobre todo con Milagro Sala. Que no tenía ninguna posibilidad de fugarse, ni entorpecer la investigación. Creo que es una venganza contra ella.
APU: En este último año ha surgido con claridad también a través de una investigación de la Justicia Federal de Dolores la convivencia de magistrados y servicios de inteligencia en estructuras ilícitas.
CC: Se expuso la promiscuidad entre algunos jueces y fiscales de Comodoro Py con los servicios de inteligencia. Esto se intentó desarmar cuando se desarticula la SIDE y se instrumenta la AFI en 2015. No es nueva esta discusión, pero con este Gobierno se volvió mucho más virulento el problema. De alguna manera, bajo la gestión del macrismo parecía que el mismo Gobierno mandaba a operar.
APU: Esto fue lo que denunció el juez Carzoglio....
CC: Exactamente, los agentes se acercaron a Carzoglio y lo presionaban para que firme. Le decían que tenía que firmar, que no tenía opción. Él se niega y fue perseguido. La destitución del juez Arias, es otro de los ejemplos de las presiones del presidente. Sin dudas, con el macrismo existió persecución a aquellos magistrados que no se alinearon con el Poder Ejecutivo.