Rosario: movimiento de Salud Mental pide cumplir la ley y que cierren los manicomios

Por Movimiento de Usuaria/os y Trabajadora/es en Defensa de la Ley de Salud Mental | Desde Rosario

Ante la Pandemia cuidamos y nos cuidamos, profundizando la implementación y la lógica que plantea la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones.

La sanción de Ley de Salud Mental y Adicciones 26.657  no hubiera sido posible sin las experiencias previas realizadas en nuestro país, las que implicaron una recepción activa respecto a las transformaciones producidas en campo de la Salud Mental posterior a la 2da Guerra Mundial, configurando un campo político, clínico, social y cultural que fue expresado por diversos colectivos, en distintos momentos de nuestra historia.

No obstante, consideramos que con la Ley 26.657 se inicia una nueva etapa donde los colectivos de todo el país, con el eje en los DDHH, generan procesos de acumulación política que permiten una visualización mayor respecto a la vulneración de derechos de los usuarios de salud mental, exigiendo la plena implementación de la misma.

Un mandato de la memoria declara inadmisible el arrasamiento de vidas de compatriotas en situaciones de encierro, con celdas de aislamiento, electroshock, chalecos químicos... Vidas empobrecidas, cronificadas, intervenidas desde viejas construcciones de figuras de peligrosidad que culminaron en estados de abandono y  tortura.

A partir del cambio de Gobierno en diciembre del año 2015 se visibilizan en todo el país expresiones de los colectivos de personas usuarias, sindicales, universitarios, de DDHH, de la cultura, consolidando un campo de resistencia a lo que fue un ataque permanente, no sólo desde los ajustes económicos -desarmando equipos interdisciplinarios, desfinanciando y destruyendo experiencias que se llevaban adelante en todo el territorio nacional- sino también a lo que se mantuvo como amenaza latente y muchas veces expresa: la voluntad política de eliminar la Ley  26657.

Algunos de los embates más importantes fueron los intentos de desvirtuar el sentido de la misma con la modificación de la reglamentación, el abordaje sobre los consumos problemáticos y las llamadas adicciones, las amenazas o acciones legales para eliminar el Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental y Adicciones, el desarme de la Comisión Nacional Interministerial de Políticas de Salud Mental y Adicciones, órgano a cargo de la implementación intersectorial de políticas públicas y la no convocatoria por años al Consejo Consultivo Honorario en Salud Mental y Adicciones.

Subrayamos que esos ataques no hubieran sido posibles sin un lobby activo de una usina corporativa de pretensiones científicas, las que objetalizando la población, patologizando, cronificando, despiertan los fantasmas de “Civilización y Barbarie”, asignando ellos qué valor merece la vida de otro.

Valor, como palabra que aloja el desprecio sobre alguien, y a la vez la posibilidad de hacer grandes negocios como consecuencia de ello.

Un otro que no es semejante, tratado como objeto.

Objeto de la decisión de otros.

Decisión que no sería posible, sin la complicidad de actores que justifican la vulneración de derechos impostergables desde una retórica de la escasez, naturalizada de tal modo que ni siquiera los interpela como deuda.

La ley se sostiene desde muchos principios, pero en este documento nos parece esencial subrayar el lugar de la atención primaria.

Mientras atravesamos esta Pandemia inédita que azota al mundo como presencia continua, que afecta nuestras vidas, excediendo la contingencia de sufrir el contagio del Covid-19; lo urgente y necesario es problematizar el lugar de los cuidados, la accesibilidad, la equidad, las condiciones para una vida digna que si bien nunca son estáticas, hoy alcanzan un dinamismo mayor que lo habitual:

Afectados por una crisis sanitaria y económica,  comunicada 24hs al día desde los intereses de los medios oligopólicos representantes de sectores financieros transnacionales, en un contexto donde nuestro país intenta renegociar la crisis de deuda externa más grave de la historia, producida en 4 años—; hoy más que nunca es fundamental jerarquizar y potenciar las acciones en el campo de la Salud Mental,  fortaleciendo los dispositivos y recursos para garantizar las condiciones de vida nuestra población.

En nuestra provincia existe una variedad de dispositivos sustitutivos, nacidos en contextos distintos, a partir de historias y trayectos diversos. Para analizarlos en profundidad precisaríamos relevar las lógicas y funcionamiento de toda la red de atención, además de los recursos disponibles, las acciones priorizadas, los proyectos institucionales construidos. Parte de esta tarea se venía dando a partir del propio colectivo de trabajadores de Salud Mental e inscriptas como insumo para la gestión provincial y municipal.

Es necesario que en un cambio de gestión -y lo más deseable es que en todo el transcurso de la misma- se evalúen los efectos, las lógicas y los fundamentos que habitan en las políticas públicas en las que estamos concernidos. Ninguna experiencia puede asegurar no reproducir lógicas manicomiales simplemente por declarar sus buenas y nobles intenciones, sumándose a la denuncia sobre los manicomios.

Ahora bien, atravesando una pandemia donde debemos asegurar el distanciamiento social o Aislamiento social obligatorio, ¿Constituye el momento para evaluar las formas usuales en que se llevaban adelante dichos dispositivos? ¿No es el momento donde lo principal es asegurar las referencias construidas, utilizando recursos disponibles y sumando los que resulten necesarios?

Hoy la prioridad es cuidar la vida de todxs, para ello es necesario consolidar los lazos, las cercanías. Será entonces un momento de detenernos a reflexionar para que toda práctica esté atravesada por el cuidado que requiere este contexto, y eso implica también sumar recursos.

Sabemos que el encierro no cura y que el aislamiento social obligatorio es lo que en nuestro país evitó miles de muertes.

Pero el cuidado precisa disponibilidades, cercanías, diversas formas de estar presente.

Las categorías de accesibilidad, vulnerabilidad y equidad han sufrido transformaciones claras en el tránsito de esta pandemia.

La construcción política del campo de la Salud Mental lleva décadas de cuestionamiento a la idea de normalidad. No es una vieja o nueva normalidad, la referencia que anhelamos, exigimos hoy más que nunca, la plena implementación de la Ley de Salud Mental y Adicciones y el cierre de los manicomios en el 2020.

Experiencias actuales lo demuestran, el dilema no es salud-economía, frente a la pandemia cuidar y cuidarnos sin abandonar o fragilizar más las protecciones previas es poner en valor la vida. Los avances en hospitales generales, la emergencia de sistemas de apoyo, los dispositivos sustitutivos que se pudieron construir buscando su legitimidad en las gestiones estatales, el intento de integrar en salud a los llamados consumos problemáticos, el dilema ético de cómo proteger la niñez sin institucionalidad adecuada que los cobije y las formas comunitarias que generamos en lo territorial forman parte de ese desafío, antes y hoy, son lo necesario para poder cerrar los manicomios.

La pandemia no debe ser la excusa para retroceder en los derechos.  Nuestras experiencias han intentado construir otros modos de protección de la salud en la población, humanizando sus sufrimientos y padecimientos para no ser objetos de la crueldad. Por esto hoy más que nunca, se deben profundizar esas intervenciones por las que tanto hemos luchado y hoy debieran fortalecerse.

El futuro se construye con los valores que sostenemos en el presente, con los cuidados que ponemos en acto hoy.

Como escribió Luis Alberto Spinetta, Hoy (…) es ya, y ya, es mañana.