Nisman: una muerte en el centro de operaciones políticas, judiciales y mediáticas

Por Juan Cruz Guido

La noche del 18 de Enero, la madre del fiscal federal Alberto Nisman, Sara Garfunkel, fue advertida por los custodios de su hijo que no respondía a los llamados a través del portero del edificio L’Parc en Puerto Madero. A partir de allí, la historia es conocida, Garfunkel se traslada al departamento ya que contaba con una llave del mismo pero este estaba cerrado desde adentro lo cual condujo a la madre a llamar a un cerrajero que finalmente logró abrirla. La imagen posterior es de público conocimiento. El fiscal de la causa AMIA yacía contra la puerta del baño, junto a un pistola Bersa calibre 22 y un casquillo de bala que, luego se comprobaría, coincidía con el arma descripta.

El lunes 19 de Enero de 2015 Alberto Nisman debía defender frente a la comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados la denuncia que había presentado unos días antes en el juzgado federal N°4, a cargo de Ariel Lijo. Ya en esa primera presentación, durante la feria judicial, la denuncia sufrió su primer revés en la justicia. Lijo rechazó habilitar la feria para tratarla argumentando que a pesar de su “gravedad institucional” no se habían presentado “elementos que den sustento a la afirmaciones” que contenía la denuncia, considerando tal situación como un “requisito esencial para evaluar cualquier caso”. Lo que el juez intentaba explicar, no sin “lavarse las manos” en el expediente que luego devolvería a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal para su sorteo, es que en la presentación de Nisman no existían pruebas contundentes que justificarán su tratamiento en feria. De esta manera, la justicia federal comenzaba a cuestionar seriamente el valor jurídico de la denuncia que parecía expresar proyecciones de deseo más que de realidad.

En el medio sucedería un hecho que sería golpe certero para la viabilidad de la investigación. El pilar fundamental de las acusaciones era la “baja” de las alertas rojas que había dictado Interpol sobre los iraníes. La pata comercial del supuesto acuerdo espurio entre los funcionarios argentinos y Teherán dependía de que la agencia internacional levantara dichas alertas. Ronald Noble, secretario general de Interpol cuando se dictaron las mismas, negó categóricamente que la diplomacia argentina en cabeza del canciller Héctor Timerman intentara siquiera cuestionarlas. Por el contrario, el funcionario norteamericano afirmó que con “cada uno de los funcionarios del gobierno argentino con los que me encontré y hablé de esta cuestión, tuvieron siempre la misma posición: los alertas rojos de Interpol contra los ciudadanos iraníes debían mantenerse sí o sí”.

A pesar de las complicaciones que comenzaba a su sufrir su precipitada denuncia, ya que para realizarla volvió intempestivamente de un viaje por Europa con su hija, el fiscal seguía sosteniendo que recibiría unos audios reveladores. Por los hechos posteriores y habiendo leído su denuncia, suponemos que esos audios que le habían prometido al fiscal estaban relacionados con Ramón “Allan” Bogado. Este supuesto agente inorgánico de la SIDE, así lo presentaba Nisman en la denuncia, dialogaba con los referentes vinculados a Irán y, para el fiscal de la causa AMIA , reportaba directo a presidencia. Bogado se volvió entonces el epicentro de la denuncia para probar la existencia de un hecho delictual que partía de las más altas esferas del ejecutivo nacional y que tenía como finalidad encubrir el atentado a la mutual judía. El problema o la trampa en la que cayó Nisman fue que ese mismo agente había sido denunciado por el ex director de la SIDE, Antonio Stiuso, como un “impostor” que se hacía pasar por agente del organismo de inteligencia. Luego, en la investigación por la muerte del fiscal federal, Bogado acusaría a Stiuso de embaucar a Nisman ya que el mismo reconocería que trabajaba bajo las órdenes del ex N°8 y que había sido utilizado como un “señuelo” para empujar a Nisman a realizar la denuncia.

Luego de la muerte del fiscal y de finalizada la feria, el 2 de Febrero de 2015 el juez federal Ariel Lijo se desentendió de la denuncia, que fue sorteada y recayó en el juzgado de Daniel Rafecas. Allí el fiscal federal Gerardo Pollicita requirió varias medidas de pruebas dándole impulso a la denuncia de su difunto colega. El 26 de Febrero de 2015 Rafecas finalmente desestimó la denuncia con un fallo muy claro en cuanto a la inexistencia de delito y la falta de prueba en las presentaciones.

En cuanto a los dos posibles móviles de la concreción de un acto delictual sostuvo que “ha quedado claro que ninguna de las dos hipótesis de delito sostenida por el Fiscal Pollicita en su requerimiento, se sostienen mínimamente, la primera (“Comisión de la Verdad”), porque el presunto delito nunca se cometió; y la segunda (baja de las “notificaciones rojas”), porque la evidencia reunida, lejos de sostener mínimamente la versión fiscal, la desmiente de un modo rotundo y lapidario, llevando también a la misma conclusión de la inexistencia de un delito”.

En esa línea el magistrado criticó el hecho de que se estuviera juzgando un acto que finalmente jamás se concretó como lo fue la conformación de la Comisión de la Verdad que establecía el Memorandum de Entendimiento aprobado por el Congreso, como establece la Constitución en materia de política exterior: “De este modo, todas las supuestas gestiones, tratativas y negociaciones que la denuncia le adjudica a distintas personas que no integran organismos públicos -reflejadas en las escuchas telefónicas aportadas-, quedan –en el mejor de los casos- circunscritas a la antesala del comienzo de ejecución que requiere –como se adelantó- el Derecho Penal para su intervención en el marco de las hipótesis delictivas sostenidas”.

El lapidario análisis de Rafecas no admitió segundas argumentaciones a pesar de la insistencia de ciertos sectores de la justicia federal en reabrir la causa. Finalmente, con el cambio de gobierno, una presentación de la DAIA logró que se la aceptara como querellante por la Cámara de Casación Federal que en una resolución polémica, desautorizó a Rafecas y ordenó la instrucción en la causa.

Por otro lado, la jueza federal de San Isidro, ex mujer del fiscal y de aceitados vínculos con Antonio Stiuso, Sandra Arroyo Salgado, logró que Palmaghini, la jueza de primera instancia que investigaba la muerte de Alberto Nisman, envíe el expediente a la justicia federal o “la casa de Stiuso”, como la definió el ex fiscal Luis Moreno Ocampo.

Justamente el detonante del envío del expediente al fuero federal fue el cambio de declaración del ex jefe de los espías. A pesar de que en un principio, a semanas de la muerte de Nisman, Stiuso había declarado ante la fiscal Viviana Fein, que en ese momento llevaba la instrucción, que no podía afirmar la hipótesis del homicidio, luego del cambio de gobierno, modificó su declaración. En ese testimonio, que en el día de hoy trascendió a los medios, el ex N°8 se presenta como victima de una persecución del anterior gobierno e insinúa la hipótesis del crimen político. La jueza Palmaghini, lejos de procesar a Stiuso por falso testimonio, ya sea en esta ocasión o en la anterior, validó lo declarado por el espía decretando el secreto de sumario y enviando el expediente a la justicia federal.

En esa instancia se encuentran ambos expedientes que fueron potenciados por el cambio de gobierno, del que varios amigos personales de Nisman forman parte. Cabe destacar en esa lista a la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, la titular de la cuestionada Oficina Anticorrupción Laura Alonso, el diputado Waldo Wolff y el polémico Ministro de Medio Ambiente Sergio Bergman. El impulso político que se le dio a la causa, que el mismo presidente Mauricio Macri definió como “bisagra” para la Argentina en su momento, permitió que hoy en día la denuncia por encubrimiento encuentre curso a pesar de haber sido rechazada por tres instancias judiciales y por reconocidos juristas y doctrinarios del derecho. De la misma manera, la investigación de su muerte, que por las pruebas recolectadas apunta directamente al suicidio, sea ahora direccionada al “magnicidio”, como definió la querella de Arroyo Salgado, que también presenta un interés económico en que la muerte del fiscal no sea considerada un suicidio ya que entonces podría abrirse la puerta del resarcimiento económico por parte del Estado.

En última instancia, los sectores más oscuros del poder, el sottogoverno de espías y jueces pantallas, en asociación con los medios que utilizaron la muerte de Nisman como “maquina del fango” para la campaña presidencial del 2015, siguen presionando y marcando la agenda política. Justamente son estos hechos los que terminan reforzando la sospecha sobre quienes fueron los verdaderos beneficiados con la precipitada muerte del fiscal federal, que engendró uno de los golpes institucionales más fuertes que la democracia argentina haya conocido.