Santiago del Estero: crónica de una represión a docentes

Por Nicolás Adet Larcher

El viernes al mediodía, gritos, corridas, golpes y empujones alteraron la dinámica habitual de la capital de Santiago del Estero. Desde las 10 de la mañana, con una convocatoria en la plaza principal, se impulsó una masiva marcha docente con la presencia de gremios, autoconvocados, organizaciones sociales, políticas y culturales que acompañaban el reclamo salarial, junto a otros derechos laborales en carpeta.

La convocatoria se había llevado adelante para reclamar, no solo mejoras salariales, sino también el blanqueo de beneficios en negro de los trabajadores de la educación y la apertura de paritarias a nivel provincial que desde hace tiempo se sustituyeron por la llamada “mesa de diálogo”. Uno de los puntos más cuestionados fue el “achatamiento” salarial, donde un docente con 20 años de antigüedad cobraría lo mismo que uno recién iniciado.

Estos reclamos tomaron fuerza en medio de otros conflictos docentes en otras provincias. Según el reclamo de los docentes, los llamados “incentivos” que reciben en la liquidación final también son motivo de malestar ya que representan el 57% del haber total recibido, lo que a la vez contribuye a un mantenimiento de la precarización laboral, que es uno de los mayores problemas dentro del empleo público.

Ante este problema, docentes de distintas localidades el interior habían decidido acercarse hasta la capital para sumarse a la marcha anunciada el viernes. En el camino, controles policiales demoraron las combis y los colectivos que circulaban, para revisar documentos de los docentes que se dirigían a la manifestación. Algunos no pudieron llegar, aunque difundieron videos y fotografías a través de las redes sociales donde se observaba a policías hablando por teléfono con sus superiores para informar nombres y documentos de los docentes.

Una vez en el lugar, las cosas no mejoraron. En el camino, los manifestantes se encontraron con un amplio despliegue de casi 300 efectivos de seguridad que habían conformado cordones con vallados y escudos para bloquear el acceso hacia Casa de Gobierno. Desde arriba, un dron de la policía filmaba (lo permite el capítulo V, inciso I del protocolo de Macri) el avance de los docentes por la avenida principal. La marcha quedó estancada por varios minutos hasta que los forcejeos entre los manifestantes y policías hicieron ceder el primero de los tres cordones que se habían colocado para bloquear los accesos.

Las fuerzas policiales, equipadas con cascos, escudos, palos y gas pimienta, comenzaron a reprimir la manifestación e inmediatamente detuvieron a dos docentes: Ítalo Garnica y Darío Palomo, mientras el saldo de la represión también se cobraba algunos heridos. Un militante de un partido político, que se encontraba en la marcha, se había dirigido hacia el Hospital Independencia para recibir atención médica por haber sido rociado con gas pimienta. Al llegar, la médica se negó a atenderlo e inmediatamente notificaron a la policía de su presencia por haber participado de la movilización lo que provocó que tuviera que esconderse para poder salir del lugar mientras ingresaban policías al hospital.

Al llegar la siesta y mientras el sol quemaba, la movilización se trasladó hacia la comisaría primera donde se había dicho que se encontraban los docentes detenidos. Mientras los manifestantes llegaban, un nuevo cordón policial se conformó a mitad de la calle para evitar el paso hacia la puerta de la comisaría que se encuentra frente al Teatro 25 de Mayo, uno de los lugares históricos de la ciudad.

Llegando la noche, los docentes fueron liberados, mientras los medios provinciales hacían circular la versión oficial en palabras del Secretario de Seguridad donde se justificaba el accionar represivo de la policía y se culpaba por los hechos de violencia a “infiltrados de izquierda” a la vez que los culpaba de haber arremetido contra personal policial. Luego de esta información, comenzó a circular otra nota que fue vinculada a la manifestación por los medios, pero, donde se anunciaba – sin muchos detalles – una investigación judicial “ante la posible comisión de delitos”, emprendida contra personas no docentes que emitieron comentarios en las redes sociales.

Previo a estas versiones, mientras los docentes se encontraban detrás del cordón policial, ingresaban a la comisaría la ex candidata a diputada nacional por el PRO, Felicitas Scaraffia, junto a Carlos Cejas Lescano, delegado de la Secretaría de Agricultura Familiar, para pedir por la liberación de los docentes. Un hecho que derivó en la intervención de otros actores políticos de Cambiemos en el conflicto como el intendente de Pinto, Emilio Rached o el ex intendente de La Banda, Eduardo “Chabay” Ruiz, lo que no fue bien recibido por algunos sectores docentes, en particular los autoconvocados, quienes expresaron “no vamos a permitir que nadie se monte a costa de un justo reclamo, no queremos ni aceptamos que se desvirtúe nuestra lucha”.

Desde el gremio de CISADEMS, se había anunciado una reunión con el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, que luego fue cancelada por el propio ministro y postergada sin una fecha concreta. En un video difundido por el gremio, se dio a conocer el dato y a la vez se repudió “todo operativo policial en contra del derecho de cualquier ciudadano a circular por las rutas y a manifestarse. La protesta no es un delito, la protesta es un derecho. No a la criminalización de la protesta”.