Santiago del Estero: producción de cannabis y narcomenudeo

Por Nicolás Adet Larcher

El ministro de Producción de Santiago del Estero, Miguel Mandrille, expresó a Radio Nacional que la provincia analiza introducirse en la producción de cannabis medicinal. Según Mandrille, “la provincia tiene condiciones apropiadas y adecuadas” para llevar adelante un desarrollo de esa magnitud, como ya puede observarse en provincias como Salta y Jujuy.

Las declaraciones del ministro no tuvieron mucha repercusión en la prensa local, aunque sí fueron ampliamente difundidas en portales y grupos que nuclean a cultivadores y consumidores de todo el país. Las intenciones de Mandrille no son descabelladas y mencionó que primero debe atenderse el aspecto técnico, que involucre a investigadores, al ministerio de Salud de la provincia y universidades.

Modelos en conflicto

El cannabis como tema de salud pública no supo estar en la agenda del gobierno provincial, aunque el tema si cobró impulso y relevancia en el tablero político nacional. La iniciativa establecida por el ministro de Producción de la provincia, en todo caso, colisiona contra el modelo punitivo aplicado sobre cultivadores y consumidores desde hace años. Aunque la provincia cuenta con un marco legal para el uso terapéutico de cannabis desde diciembre de 2017, la ley no adhirió a la ley nacional (como sí lo hicieron otras provincias) y solamente autorizó la utilización de cannabis en el caso de pacientes con epilepsia refractaria.

Al año siguiente de la aprobación de la ley sobre cannabis medicinal, la provincia adhirió a la famosa Ley de Narcomenudeo. La adhesión se asentó en la base de una mirada punitivista sobre el consumo que recae sobre redes minoristas de dealers barriales. En diciembre de 2018 se elevó a juicio la primera causa por narcomenudeo contra una persona que fue detenida por llevar 62 bagullos de marihuana en su auto. Según la Dirección General de Drogas Peligrosas de la policía provincial, con apenas un año de aplicación de la Ley de Narcomenudeo, se detuvieron más de 500 dealers y se secuestraron 200 kilos de drogas. El informe establecía que se había encontrado cocaína, marihuana fraccionada, pero sobre todo a muchas personas con “poca cantidad”.

Antes de la aprobación en Santiago, un grupo de jueces penales de Rosario habían emitido un comunicado cuestionando la aplicación y la adhesión a la ley en todo el país por considerar que no atacaba el problema de fondo del narcotráfico. “El fenómeno del narcotráfico se puede abordar desde la demanda o desde la oferta, es decir, esta última variante es ni más ni menos que las grandes organizaciones criminales que suministran, producen, transportan y exportan estupefacientes que luego a través del narcomenudeo se ofrece al consumo”, explicaron los jueces. La conclusión final de los magistrados fue que el enfoque en estas pequeñas causas, han “determinado la disminución de investigaciones que atacan a expresiones más complejas y peligrosas”.

Perejiles

Según estadísticas de la organización RESET, el sistema judicial argentino gasta 154 mil pesos en cada causa abierta que después terminan en la nada. En el medio se procesa a consumidores, se utilizan recursos humanos del sistema judicial y se destina tiempo, mucho tiempo. En el 2019, de 25 mil operativos realizados por las fuerzas de seguridad en todo el país, apenas se secuestraron menos de 100 gramos.

“Un vendedor ambulante atrapado con marihuana”, “Incautan frascos de aceite de cannabis escondidos en un bolso”, “Aprehenden a un joven que tenía ocho envoltorios de marihuana”, “Lo atraparon en la calle vendiendo porros”; la marihuana reviste la sección de policiales de los medios locales con títulos espectaculares. Las detenciones se dan por oleadas y gramos. Los partes policiales son replicados por los medios, manteniendo la jerga que detalla hasta la confirmación del hallazgo de una “sustancia vegetal de color verdoso”. Marihuana.

En junio de 2013, Gendarmería Nacional detuvo a Alexis Torrijos, un canillita de 22 años que trabajaba en un puesto de diarios y revistas en pleno centro de la ciudad de Santiago del Estero. Un enorme operativo se desplegó por el centro y cuando Alexis fue finalmente detenido, apenas encontraron 15 gramos de marihuana en su mochila. Según Pedro Simón, el fiscal que pidió el procesamiento de Torrijos por “tenencia y tráfico de estupefacientes”, se demoraron seis meses en reunir dos pruebas que fueron presentadas como cruciales para su detención: que Alexis “siempre llevaba la misma mochila” y que “entraba y salía gente del kiosco sin tener revistas en la mano”.

Durante los meses en los que estuvo detenido, Alexis fue colocado en la misma celda con dos pilotos profesionales que habían aterrizado aviones con más de 400 kilos de marihuana. El sistema penitenciario y judicial igualaba a un consumidor de unos pocos gramos con un piloto narco.

En los meses de pandemia, se apilaron en los portales web las noticias de detenciones contra personas que llevaban menos de diez gramos de marihuana.

En diciembre de 2020, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) emitió un comunicado para repudiar la detención de Damián Martínez, un joven santiagueño de 25 años que había sido detenido por la policía en un control de rutina. Lo que siguió fue un allanamiento a su domicilio y el secuestro de dos plantas de cannabis. “A pesar de haber presentado el certificado médico con recomendación de uso del aceite de cannabis y de mostrar que su madre también consume aceite por tener diagnóstico de artritis reumatoidea, el fiscal insiste en su detención y aún no ha fijado fecha de audiencia”, expresó el comunicado de la APDH.

Posibilidades

Aún con los antecedentes punitivos, la provincia es escenario de discusiones y actividades propuestas por organizaciones con el apoyo de algunas instituciones, y la intención de avanzar en la implementación del cannabis en sus múltiples usos. La organización llamada “Santiago Cultiva Salud” viene realizando encuentros y talleres que se extienden durante meses, con el fin de capacitar e informar a la comunidad. También mantuvieron reuniones con legisladores y legisladoras para acercar proyectos.

“El cannabis tiene que estar al alcance de los humildes”, dijo Adolfo Farías, miembro del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), en declaraciones a la revista THC. En enero de 2021, desde la Universidad Campesina (un proyecto educativo creado por el Mocase) explicaron que no descartaban incluir a la producción de cannabis en su plan de estudios. Desde el Mocase entienden que las alternativas económicas alrededor de la planta no pueden quedar en pocas manos y que la mirada punitiva debe desaparecer, “no podemos permitir que sigan diciendo que el cannabis es peligroso”.