CELS: "El sistema penitenciario provincial debe ser reformado de manera estructural"

Por CELS

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, anunció la declaración de emergencia en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) luego de la fuga de Cristian y Martín Lanatta y Víctor Schillaci, quienes estaban condenados por el triple crimen de General Rodríguez, relacionado con el tráfico de efedrina. Como era evidente y fue confirmado por la gobernadora, su liberación solo pudo suceder con la complicidad del SPB, sistema que hace años muestra altísimos niveles de violencia, degradación y corrupción. Todavía no se sabe cuán alto en la cadena de mando política y penitenciaria llega esta participación. Es central, para la legitimidad de las medidas anunciadas, que se avance en una investigación seria y profunda de la fuga, se esclarezcan las complicidades y se detenga a los prófugos con vida. Cuando es el poder ejecutivo provincial el que afirma que se trata de una mafia enquistada en el Estado, es fundamental que las agencias de investigación y el sistema de justicia determinen quiénes son y hasta dónde llegan sus vínculos.

Vidal se enfocó en el cuadro institucional del sistema penitenciario y afirmó querer romper las estructuras mafiosas que están enquistadas. Como han demostrado crisis anteriores, las declaraciones de emergencia no han resuelto por sí mismas estos problemas.

El sistema penitenciario provincial debe ser reformado de manera estructural, y no solo con la justificación de la seguridad sino, sobre todo, para proteger los derechos de las personas privadas de su libertad. La situación del SPB viene siendo denunciada desde hace años por un conjunto de organizaciones sociales y de derechos humanos, entre ellas el CELS. La sobrepoblación, el hacinamiento, las pésimas condiciones sanitarias, la persistencia de la tortura y la lógica extorsiva y corrupta son problemas graves y estructurales que, sin duda, requieren una intervención urgente de Estado. Los fundamentos del proyecto de declaración de emergencia identifican correctamente algunos de estos problemas. Sin embargo, muchas de las facultades que componen esta declaración pueden profundizarlos u orientar la política en un sentido contrario a la protección de derechos.

Por un lado, se anuncia la posibilidad de realizar compras y contrataciones sin los controles adecuados. Esta decisión implica, además, aumentar el gasto en equipamiento y tecnología y la posibilidad de hacer obra sin las reglas de las licitaciones públicas. Por otra parte, el proyecto está dejando abierta la puerta para posibles convenios con privados para la gestión de las cárceles. No está claro el contenido de esa facultad pero cualquier tipo de privatización de la gestión hace ingresar a la política penitenciaria en una lógica de mercado que ha tenido resultados negativos en otros países.

Desde el punto de vista de la política penitenciaria, además del negocio de la tecnología en seguridad, se anunciaron más cárceles. La gobernadora declaró en la conferencia de prensa que parte importante de las medidas tendrán que ver con la construcción de más penitenciarías para solucionar la sobrepoblación. Sin embargo, como ya ha dicho la CSJN, este no es el camino para resolver el hacinamiento y las violaciones de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. De continuar las mismas políticas de encarcelamiento, se construirán nuevas plazas que, al poco tiempo, estarán nuevamente colapsadas. Además, el aumento de la cantidad de lugares no conduce a condiciones dignas de detención si no es acompañado de políticas específicas respecto al tratamiento de los detenidos, la erradicación de la violencia como forma de gobierno de los lugares de encierro y la investigación y sanción de la violencia institucional.

Otro de los puntos problemáticos de la declaración de emergencia es que daría lugar a la convocatoria de personal retirado para re integrarse al servicio penitenciario. Este tipo de decisión, explorada en las declaraciones de emergencia del gobierno anterior, permite el ingreso de personal que ha sido cuestionado sin que se puedan chequear sus antecedentes. En cualquier caso, es fundamental que la Legislatura ponga alguna exigencia de antecedentes e idoneidad para esta facultad.

Por otra parte, la fuga de Martín y Cristián Lanatta y de Víctor Schillac está siendo encuadrada por la gobernadora de la provincia, por otros actores políticos y por muchos medios de comunicación, como un suceso más de "la guerra contra el narcotráfico". Esta perspectiva es muy problemática. Mientras se continúa aplicando el paradigma prohibicionista que tiene como objetivo erradicar por completo la producción, el tráfico y el consumo de sustancias declaradas ilícitas, se hace cada vez más evidente que uno de los principales efectos de la prohibición y el “combate” es la penetración de las redes delictivas en las estructuras estatales – políticas, de seguridad y judiciales- porque así funcionan estos mercados ilícitos. Este episodio debería ser una alerta para que el sistema político reflexione sobre la necesidad de contar con diagnósticos claros de la dimensión de los problemas relacionados con el narcotráfico que den lugar a políticas que tengan por objetivo mitigar eficazmente los daños que ocasiona.

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