Fusilar por la espalda: una política del Estado macrista

Por Santiago Asorey 

Este martes 8 de mayo, el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional se ve resignificado por un Poder Ejecutivo que a través de la doctrina Chocobar convirtió la ejecución por la espalda en una política de Estado. En los últimos tiempos, la multiplicación de los fusilamientos de los jóvenes Rafael Nahuel (Bariloche), Juan Pablo Kukoc (La Boca, CABA), Facundo Ferreira (Tucumán), Gonzalo Nahuel Sala (Lomas de Zamora) y Matías Rodríguez (Flores, CABA) expresan la concreción precisa de las palabras de la ministra Patricia Bullrich que había anticipado “nosotros estamos cambiando la doctrina y hay jueces que no lo entienden”. 

En este contexto, se hacen presentes las voces de los familiares de las víctimas y los docentes de los pibes en los barrios que exigen desesperadamente que el gobierno cese con la profundización represiva. AGENCIA PACO URONDO recibió y compiló el testimonio de “los profes” del joven de 16 años, Matías Rodríguez, asesinado por la espalda el miércoles 25 de abril en Flores. Además, se sumaron las voces de abogados, abogadas y madres de víctimas de violencia institucional para reflexionar sobre el sentido de la lucha contra el hostigamiento de las fuerzas de seguridad.

“Se tiene que poner en la agenda de discusión la eliminación de la pobreza. Cuando nosotros naturalizamos la pobreza estamos naturalizando diferencias enormes en las vidas de los pibes. Y naturalizamos que los pibes que nacen en la Villa 1.11.14, en la Villa 31 o en Fiorito, están condenados a un destino en el cual no pueden tener una vida plena. La violencia institucional no es sinónimo de exceso o de abuso. Es sinónimo de fusilamiento y de asesinato", reflexionó la docente de la Escuela 3 del 19 del Bajo Flores, Griselda Galarza.

En este mismo sentido, se expresaron otros docentes de la institución, como Juan Manuel Mauro, que es también secretario de la misma escuela y sostuvo: “Basta de fusilar a nuestros pibes, basta de estigmatizar a nuestros barrios, basta de criminalizar la protesta social”. Además, demandó “justicia por Matías Rodríguez y todos los pibes asesinados”. Por su parte, la docente y abogada Karina Valobras describió a la violencia institucional como “la violencia que ejerce el Estado cuando un funcionario te niega el ejercicio de un derecho. Esto comprende también lo que el Estado hace deliberadamente en contra de esos derechos, las cosas que no hace y debería hacer. Invertir en salud, educación, igualdad de géneros. Violencia institucional es también pretender garantizar la seguridad en las calles exclusivamente a través de la represión”.

Desde otra perspectiva la abogada Gabriela Carpineti destacó que la violencia institucional “es una forma de presencia del Estado que se contradice absolutamente con el Estado de Derecho”. En tanto el abogado Nahuel Berguier resaltó “el contexto de ajuste económico y cercenamiento de los derechos de las mayorías”. Además, de señalar que “el recrudecimiento” de la violencia policial expresa “el plan político que tiene esta derecha de Cambiemos en su relación con los sectores populares. Aumentar el hostigamiento, romper los tejidos de las organizaciones sociales en los barrios y la criminalización de la protesta”.

De igual forma se manifestó el abogado Matías Busso, quien definió a la violencia institucional como una forma de “estigmatización de un sector de la población que es sometido a la marginación”. También se expresó, Roxana Cainzos, la madre del joven Nehuen Rodríguez, asesinado por un patrullero de la Policía Metropolitana en diciembre del 2014, en el barrio de la Boca. “La policía hostiga y el Estado premia. Basta de matar los sueños de nuestros pibes”, sintetizó Cainzos.  Raquel Witis, madre de Mariano Witis, asesinado por la Policía Bonaerense en el año 2000, ofreció también su testimonio y enfatizó que “los agentes policiales no pueden torturar, golpear y disparar por la espalda. Todos tenemos derecho a expresar nuestras opiniones y disentir con las políticas que se llevan adelante. El Estado es responsable y no puede reprimir porque no está de acuerdo con una manifestación”.

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