Jujuy: denuncian nueva avanzada de persecución de Gerardo Morales a movimientos sociales

Por Juan Borges

El martes 12 de abril pasado fue liberado Sebastián Copello, dirigente del Polo Obrero de Jujuy, que permanencia detenido junto a Juan Chorolque del MTR (Movimiento Teresa Rodríguez) en el marco de una escalada represiva contra organizaciones sociales. Distintos organismos de derechos humanos denuncian la situación instigada por el gobernador Gerardo Morales. En este marco, AGENCIA PACO URONDO conversó con el comunicador popular y militante Roberto Aragón, quien describió la crítica situación que sufren las organizaciones populares en la provincia del norte argentino.

AGENCIA PACO URONDO: ¿Cuál es la situación represiva en Jujuy para las organizaciones sociales?

Roberto Aragón: La mañana del martes 12 se vivió una jornada de movilización hacia la Casa de Gobierno con la participación de muchas organizaciones sociales, de derechos humanos, de pueblos originarios, entre otras. Todo el arco del campo popular se hizo presente. Se copó la plaza con cerca de diez mil personas con la finalidad de lograr la liberación de dos militantes sociales. Uno, Sebastián Copello del Polo Obrero, quien fue liberado en las últimas horas del mismo martes, y un militante del MTR llamado Juan Chorolque. Estaban detenidos desde hace unos días por manifestarse y ejercer el derecho a la protesta. A partir de allí fueron notificados por una doble imputación, una contravencional y otra penal. La defensa busca lograr la excarcelación de ambos militantes y avanzar sobre la doble imputación de la cual son víctimas -en horas de la tarde del día 13 Chorolque fue finalmente liberado-.

APU: ¿Qué análisis realizan de lo que ocurre en la provincia?

R.A.: La situación se está recrudeciendo bastante contra los sectores populares que pretenden expresar su descontento con la crítica situación económica y social que estamos viviendo. Para ello se aplican amenazas, amedrentamientos y represión. La justicia, por medio del Ministerio de la Acusación, no actúa de manera independiente sino que son funcionales al gobierno. El espionaje y la infiltración también son moneda corriente. Era evidente la presencia de policías de civil en la marcha del día martes tomando fotos y con actitudes intimidatorias. Es muy difícil la situación que estamos viviendo en la provincia. En estos días se acercaron organizaciones de Derechos Humanos como SERPAJ, CORREPI y APDH, que vinieron desde Buenos Aires para tomar nota del crítico. Se está gestando afortunadamente un proceso de resistencia y unidad para movilizarnos y estar en estado de alerta permanente debido a esta creciente persecución y criminalización de la protesta. Algunas organizaciones hicieron un habeas corpus colectivo para presentar y manifestar la situación de restricciones a los derechos.

Fragmentos del habeas corpus presentado organismos de derechos humanos

“Lo que percibimos en términos generales es que la policía, el gobierno provincial, el Departamento Contravencional y el Ministerio Público de la Acusación, permanentemente utilizan estrategias que incumplen en términos amplios obligaciones básicas en materia de derechos humanos y protesta social, como la obligación de respetar, proteger, facilitar y promover, absteniéndose de impedir y obstaculizar las protestas sociales. Ese día, se expuso el malestar producto de una gestión de política de pobreza para muchos; donde los trabajadores jujeños tenemos sueldos de indigencia y pobreza, una provincia con 300 % de déficit fiscal; con un 88,3 % de pérdida salarial y una deuda provincial de 197 mil millones de pesos.”

“En este sentido debemos señalar que en numerosa jurisprudencia emanada del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ha señalado el deber estatal de no criminalizar a los líderes y participantes de manifestaciones y protestas. Cuando hablamos de criminalización de la protesta social, nos referimos al uso del poder punitivo del Estado para disuadir, castigar o impedir el ejercicio del derecho a la protesta6 y en algunos casos, de la participación social y política en forma más amplia, mediante el uso arbitrario, desproporcional o reiterado de la justicia penal o contravencional en contra de manifestantes, activistas, referentes sociales o políticos por su participación en una protesta social, o el señalamiento de haberla organizado, o por el hecho de formar parte del colectivo o entidad organizadora o convocante.”

“Finalmente resultan preocupantes las acciones de inteligencia que realiza la policía de la provincia de Jujuy sobre las organizaciones sociales, en este sentido cabe destacar que en numerosas oportunidades las organizaciones han sufrido infiltraciones por parte de personal policial en sus columnas de manifestantes por lo que han debido reforzar las tareas de seguridad interna, asimismo son permanentemente fotografiados y filmados por parte de la policía cuando realizan protestas, tanto por personal uniformado como por personal de civil, incluyendo el registro sobre datos personales y de las organizaciones.”